Muchos migrantes son jóvenes y están sanos y en buena forma cuando emprenden sus viajes, lo que se conoce también como el efecto del migrante sano. Sin embargo, las condiciones difíciles durante el ciclo migratorio pueden deteriorar su salud. Los trabajadores migrantes, especialmente los que están en situación irregular o trabajan en sectores informales o sin salvaguardias contractuales, pueden tener que hacer viajes peligrosos, sufrir explotación o trabajar y vivir en malas condiciones, con una protección laboral y una seguridad ocupacional insuficientes o nulas. La falta de seguridad es común en los sectores de empleo peligrosos y de alto riesgo, especialmente en el trabajo manual. Muchos migrantes poco calificados encuentran empleo en trabajos pesados, peligrosos y degradantes, en países con escasos mecanismos de regulación y protección laboral. Por ejemplo, la minería, la construcción y la agricultura tienen las tasas más altas de traumatismos y muertes, y los migrantes jóvenes que trabajan en esos sectores corren un mayor riesgo de accidentes o lesiones laborales (Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2021). Otros sectores de empleo—especialmente el trabajo doméstico— exponen a las migrantes jóvenes y adolescentes al riesgo de explotación, violencia y abuso, debido a su confinamiento y al aislamiento de los mecanismos de asistencia y protección (Rijks, 2014). Esto aumenta considerablemente el riesgo de lesiones y mortalidad en el trabajo.
Los trabajadores migrantes pueden tener también un acceso desproporcionadamente menor a los servicios de salud, debido, por ejemplo, a:
- las barreras jurídicas, administrativas, lingüísticas y culturales resultantes de la falta de apoyo por parte de los empleadores;
- la discriminación en las comunidades receptoras;
- el miedo a la expulsión;
- el desconocimiento de sus derechos en relación con los contratos de empleo y los visados o regímenes de inmigración conexos.
La exclusión social y la distancia de la familia y de los sistemas de apoyo pueden agravar el detrimento de la salud y el bienestar de los migrantes (a este respecto, véanse también los capítulos Integración y cohesión social y Familia y migración). Junto con una combinación de obstáculos jurídicos, socioculturales, comportamentales, lingüísticos y económicos, y con las condiciones de vida y de trabajo difíciles (como la falta de un seguro médico financiado por el empleador o de prestaciones en caso de enfermedad), el escaso conocimiento de los derechos o el limitado acceso a los servicios sanitarios y sociales pueden menoscabar los resultados sanitarios de los trabajadores migrantes. En estas situaciones, es posible que los trabajadores migrantes se abstengan de solicitar asistencia médica u otros servicios sociales, lo que significa que los problemas de salud graves que puedan tener quedarán sin tratar, pudiendo repercutir también en la salud pública, especialmente durante una emergencia sanitaria o de otro tipo. Los trabajadores migrantes sanos tienen más probabilidades de integrarse fácilmente, de ser más productivos y de alcanzar resultados positivos para sí mismos y para sus países de origen y de destino.
Muchos trabajadores migrantes se someten a alguna forma de evaluación de la salud o reconocimiento médico antes de la partida o a la llegada, como requisito para la contratación. Con frecuencia, debido a las deficiencias en la recopilación de datos, las pruebas practicadas no conducen a la debida remisión de los casos que requieren tratamiento y seguimiento, lo que dificulta la evaluación de las consecuencias para la salud pública (Wickramage y Mosca, 2014). Sin las prácticas adecuadas de diagnóstico y de gestión de casos, las pruebas obligatorias, como las de detección del VIH y del embarazo, son de escaso valor para la salud pública y pueden conducir a medidas de exclusión innecesarias. A fin de que las evaluaciones de la salud relacionadas con la migración y el empleo hagan una contribución significativa al bien más general de la salud pública y a la salud de los trabajadores migrantes, es importante reforzar los sistemas nacionales de salud.
Los gobiernos y los empleadores tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. La cooperación multisectorial, por ejemplo entre los ministerios de salud y del trabajo, es un punto de partida para mejorar la coherencia de las políticas en lo que respecta a la salud de los trabajadores migrantes. La inclusión de estos trabajadores en los programas de asistencia sanitaria nacionales y de los empleadores puede contribuir a generar resultados sanitarios positivos no solo para los propios migrantes sino también para las comunidades receptoras, y aumentar asimismo la cohesión social global. Los mecanismos que amplían la protección social de la salud y aumentan la cobertura de seguridad social de los migrantes y sus familias pueden mejorar el acceso a los servicios de salud y evitar a la vez los pagos directos excesivos de los trabajadores migrantes que necesitan asistencia sanitaria y un gasto innecesario en la costosa atención de urgencia. Por ejemplo, los programas de seguro médico transferibles creados a través de arreglos laborales bilaterales entre los países de origen y de destino permiten a los trabajadores migrantes, en el presente, transferir las prestaciones sociales a su familia en el país de origen, y en el futuro, contar con prestaciones como la atención de salud en la vejez.