Según las estimaciones, se cree que en 2017 había 164 millones de trabajadores migrantes (OIT, 2018; resumen ejecutivo en español). Estos trabajadores conforman la fuerza laboral en todas partes del mundo. Por ejemplo, en los Estados miembros de la Unión Europea constituyen el 53% en el sector del servicio doméstico, el 27% en el de la hostelería y el 14% en el de la salud humana y el trabajo social. En los Estados Unidos de América, las cifras correspondientes son el 50%, el 24% y el 17%, respectivamente (OCDE, 2020). Las pandemias mundiales pueden desbaratar rápidamente este patrón.
En casi todos los países con programas de migración establecidos, el brote de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19) condujo prontamente a la interrupción, o al menos a una fuerte restricción, de la admisión de trabajadores migrantes. Ello tiene consecuencias para la economía en su conjunto, el mercado laboral y, sobre todo, los propios migrantes y las comunidades. También hay indicaciones de que los trabajadores migrantes están más expuestos a la COVID-19 que sus homólogos nativos, debido a los tipos de ocupación que suelen tener (Bossavie y otros, 2020).
Quizás sea demasiado pronto para extraer conclusiones definitivas de este trance que, de hecho, ha sido un experimento imprevisto a escala mundial, con su desaceleración abrupta de los flujos migratorios laborales en todo el mundo. Sin embargo, aunque de manera poco uniforme, ya empiezan a perfilarse algunas tendencias.
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Los sectores que recurren a una reposición anual o estacional de trabajadores migrantes (como la agricultura, especialmente durante las cosechas, y la atención de salud) han sufrido un claro revés. Los trabajadores migrantes temporales, procedentes de países vecinos o de otras partes del mundo, cumplen funciones esenciales en el cultivo y las cadenas de suministro de alimentos, realizando a menudo las tareas que los trabajadores nativos son reacios a aceptar. Una consecuencia que se observó muy pronto después del cierre de fronteras relacionado con la COVID-19 fue la pérdida de los trabajadores migrantes necesarios para las labores agrícolas de alta densidad de mano de obra, especialmente en las etapas críticas de la siembra y la cosecha. Los gobiernos establecieron luego procesos “seguros” para la entrada de los trabajadores migrantes esenciales, pero el hacinamiento en los lugares de alojamiento impulsó igualmente la propagación del virus.
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Muchos trabajadores migrantes que quedaron sin trabajo debido a la pandemia han podido regresar a sus países, aunque renuentemente y a un costo considerable. Sin embargo, grandes contingentes de esos trabajadores se encuentran, de hecho, “atrapados” o varados en los países de acogida por diversas razones, como la falta de medios de transporte internacional o la falta de recursos. En estas circunstancias, están expuestos a múltiples situaciones de vulnerabilidad, causadas por la falta de empleo, la falta de recursos financieros, la dificultad para acceder a los servicios de salud o al seguro médico y los entornos de vida insalubres y atestados.
Desde una perspectiva más amplia, el volumen de las remesas de los migrantes a los países en desarrollo disminuyó, aunque no en la medida prevista inicialmente. El Banco Mundial (2021) estima que en 2020 las corrientes mundiales de remesas a los países de ingresos bajos y medianos alcanzaron los 540.000 millones de dólares EE.UU, solo un 1,6% menos que el total de 548.000 millones de dólares EE.UU. enviado en 2019. Esta variación bastante pequeña es coherente con observaciones del pasado que indican que los migrantes tienden a enviar más dinero en épocas de crisis, aun cuando, probablemente, ganen menos (Frankel, 2009). Incluso así, los déficits a nivel nacional se harán sentir en los países receptores de remesas, en forma de problemas en la balanza de pagos y presiones en las monedas. Las familias de los migrantes también tendrán más dificultades para sufragar los costos de la vivienda, la atención de salud, la educación e incluso la alimentación.
Desde el punto de vista de la gestión de la migración, la elaboración de respuestas de política a estos acontecimientos imprevistos requiere un enfoque polifacético que vincule la migración laboral con la salud, el desarrollo e incluso el bienestar social.
A continuación se enumeran algunas iniciativas de política introducidas por los países afectados que ilustran la importancia de trabajar en las intersecciones de los distintos ámbitos de política. Se observan cuatro orientaciones generales:
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primero, los ajustes en la legislación o los reglamentos que rigen la residencia y el empleo de los migrantes, para garantizar la continuidad de la oferta de mano de obra;
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segundo, las medidas destinadas a atender las necesidades sanitarias y de asistencia social de los trabajadores migrantes, prestando particular atención a los que estén en situaciones de vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia;
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tercero, las medidas para revertir la disminución de las remesas de los migrantes y promover su flujo continuo; y
Conviene recordar que la pandemia de COVID-19 ha confrontado a los responsables de las políticas migratorias con retos sin precedentes, en un trasfondo de salud pública en constante evolución. La situación ha cambiado considerablemente desde la aparición del virus en la escena mundial, y aún sigue evolucionando, de maneras a menudo imprevisibles. Muchos países han experimentado varios ciclos de inicio rápido, mitigación eficaz y posterior reaparición de la transmisión. Es probable que algunas de las líneas de intervención adoptadas en estas experiencias persistan. Pero a ellas tendrán que sumarse inevitablemente otras políticas innovadoras, en función de cómo evolucione la situación
affected countries, illustrating the importance of working on the intersections between policy sectors. Four broad orientations can be perceived:
- first, adjustments to legislation or regulations governing migrant residence and employment, to guarantee continuity of labour supply;
- second, steps to ensure that the health and welfare needs of migrant workers are met, with particular attention to those who are in a vulnerable situation as a consequence of the pandemic;
- third, measures to address the downturn in migrant remittances and to promote their continuing flow; and
- finally, arrangements to facilitate the social and economic reintegration of returning migrants when they are back in their country of origin.
It should be remembered that the COVID-19 pandemic has confronted migration policymakers with challenges never encountered before, against a constantly evolving public health background. The situation has evolved considerably since the appearance of the virus on the global scene. It continues to change, often in unpredictable ways. In many countries there have been several cycles of rapid onset, successful mitigation and resurgence of transmission. From these experiences, some lines of intervention are likely to persist. However, additional, policy innovations will inevitably have to be introduced in light of new developments.
