La trata de personas y el tráfico de migrantes son delitos diferentes que requieren un tratamiento distinto en la legislación, en lo que respecta tanto a los derechos de las personas objeto de cada uno de esos delitos como a las sanciones impuestas a los autores. Véase más información sobre el tema del enjuiciamiento en el capítulo 2.10 Tráfico de migrantes y en la Parte I del presente capítulo Trata de personas y formas conexas de explotación y abuso.

En el cuadro siguiente se resumen las principales diferencias entre la trata y el tráfico:

Table
Cuadro 1. Diferencias entre la trata y el tráfico
Trata de Personas TRÁFICO DE MIGRANTES
No entraña necesariamente el cruce de una frontera

Entraña el cruce de una frontera y la entrada en otro país por medios irregulares

Comprende la explotación continua de las víctimas de una manera que reporta una ganancia ilícita a los tratantes

La relación entre el migrante objeto de tráfico y el traficante es una transacción comercial: el traficante facilita la entrada irregular en otro país a cambio de un beneficio económico u otro beneficio material

La víctima nunca dio el consentimiento o, si lo dio inicialmente, ese consentimiento perdió toda validez debido a los medios de coacción aplicados por los tratantes

Por lo general, los migrantes dan su consentimiento a las acciones que implica el tráfico. El tráfico no incluye necesariamente el uso de medios de coacción
La mercancía es una persona La mercancía es un servicio: facilitar la entrada irregular en otro Estado
Los tratantes cometen un delito contra las personas Los traficantes cometen un delito contra el Estado
Fuente

Basado en la Nota Informativa núm.1 del Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas, 2016.

Los dos delitos son diferentes pero están intrínsecamente relacionados. En consecuencia, determinar si una situación dada es un caso de trata o de tráfico de personas es muy difícil, por diversas razones:

  • Con gran frecuencia, estos dos delitos son cometidos por las mismas organizaciones delictivas, que utilizan las mismas rutas y los mismos métodos de transporte en ambos casos.
  • Algunas personas pagan para obtener los servicios de un traficante, pero a lo largo del proceso se convierten en víctimas de la trata, debido al uso de medios de coacción que invalidan el consentimiento dado inicialmente.
  • Al igual que las víctimas de la trata, los migrantes objeto de tráfico son a menudo víctimas de otros delitos, como malos tratos, actos de violencia u otras violaciones de sus derechos humanos.
  • Por último, una vez que los migrantes objeto de tráfico llegan a su destino, se encuentran en un país de manera ilegal. Lo más probable es que necesiten también trabajar de manera ilegal, tal vez sin saber el idioma ni conocer las leyes del país, o evitando todo recurso a la aplicación de las leyes vigentes por miedo a la expulsión. Así pues, su situación en el país al que llegaron por medio del tráfico los hace vulnerables a la trata de personas.
Ejemplo
¿Tráfico o trata?

Un migrante que viajó desde el África Subsahariana con ayuda de traficantes es captado por un centro de África del Norte, que lo engaña con falsas promesas de un trabajo decente en un país seguro y lo coloca en cambio en una situación de trabajo forzoso en un país afectado por un conflicto. En situaciones como esta, la sutil diferencia entre el tráfico y la trata se difumina aún más. 

Fuente

UNODC, 2018b

Las políticas y procedimientos relativos a la migración deberían distinguir entre los delitos de trata de personas y de tráfico de migrantes utilizando las definiciones correctas y aplicando respuestas diferentes, sin olvidar la posibilidad de una superposición en la práctica.

Enfoques de política
Diferenciación de la trata y el tráfico, y de las respuestas respectivas
  • Promulgar legislación sobre la trata y sobre el tráfico que diferencie estos dos delitos, de conformidad con el Protocolo contra la Trata de Personas y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes que complementan la Convención contra la Delincuencia Organizada.
  • Velar por que las políticas de lucha contra la trata de personas y contra el tráfico de migrantes mantengan la distinción entre estos dos delitos, descritos en diferentes instrumentos internacionales.
  • Velar por que las políticas de lucha contra el tráfico de personas tengan en cuenta el riesgo de que los migrantes objeto de tráfico se conviertan en víctimas de la trata, y garanticen a esos migrantes que caen en las redes de la trata el mismo acceso a servicios que el que tienen las víctimas de la trata que no recurrieron al tráfico de personas.
  • Crear conciencia sobre la trata de personas y sobre el tráfico de migrantes entre los funcionarios de migración, las fuerzas del orden, el poder judicial, el personal sanitario, los inspectores del trabajo y otros profesionales, destacando los métodos y procedimientos utilizados por las redes delictivas que cometen estos delitos.
  • Promover una visión común y la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino, con respecto tanto a la trata de personas como al tráfico de migrantes. La mejor manera de hacerlo es firmando memorandos de entendimiento bilaterales que distingan los dos tipos de delito.
  • Mejorar la recopilación de datos sobre la trata de personas y sobre el tráfico de migrantes, para orientar la elaboración de políticas eficientes y de medidas concretas.
  • Establecer sistemas de seguimiento financiero, fortalecer las investigaciones financieras y combatir la corrupción de los funcionarios públicos, con miras a desmantelar las redes delictivas que practican tanto la trata de personas como el tráfico de migrantes.
  • Mejorar la coordinación a nivel nacional entre los diferentes actores que participan en la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes.
  • Trabajar con el sector privado para abordar la parte de la demanda de servicios de trata de personas y de tráfico de migrantes. Esto significa también abordar los riesgos de explotación en las cadenas de suministro, crear conciencia sobre esos riesgos y exigir la debida rendición de cuentas por las personas o empresas que participan en alguno de estos delitos o en ambos.