Debido a las complejidades de la investigación y el enjuiciamiento de los casos de tráfico de migrantes, se necesita la participación de una variedad de actores. El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes no prescribe el modo en que los organismos nacionales deben coordinar sus funciones y responsabilidades. Sin embargo, muchos Estados han establecido órganos o comités de coordinación entre organismos para el trabajo conjunto de todos los sectores del gobierno en las cuestiones relacionadas con el tráfico. El enfoque pangubernamental ayuda no solo a elaborar e implementar respuestas estratégicas y de política, sino también a realizar operaciones eficaces. El tráfico de migrantes es una empresa polifacética, que debe afrontarse con un enfoque multidisciplinario que incluya no solo el nivel interministerial sino también la cooperación con actores no estatales. Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones internacionales y el sector privado pueden apoyar las respuestas nacionales en diversas iniciativas de creación de capacidad, coordinación e intercambio de buenas prácticas (OIM, 2018i: 116). Por ejemplo, el hecho de invitar a organizaciones de la sociedad civil a participar en las operaciones de lucha contra el tráfico de migrantes es fundamental para ofrecer protección y asistencia a los migrantes, y puede contribuir a empoderar a estos últimos para que apoyen a los oficiales gubernamentales en la investigación y el enjuiciamiento de los traficantes.
Los problemas que entorpecen la cooperación eficaz de los actores son considerables, especialmente cuando los intereses y las agendas no coinciden, o incluso se contraponen.
Cooperación entre organismos
Las investigaciones a gran escala pueden requerir la participación de diferentes organismos responsables de perseguir distintos crímenes que acompañan el tráfico de migrantes o se derivan de él. Las leyes y procedimientos deberían facilitar la cooperación de estas instituciones.