Ante el reto de gestionar los viajes en tiempos de pandemia, los gobiernos han introducido una serie de políticas. Una de las primeras fue el cierre de fronteras, o —como mínimo— el control estricto de los movimientos transfronterizos, acompañado de medidas sistemáticas de detección de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19) (véase también Gestión de fronteras y salud en tiempos de pandemia: enseñanzas de la COVID-19).
Estas restricciones y cierres han tenido consecuencias indirectas inmediatas en la tramitación y expedición y en el seguimiento de los visados y permisos de residencia. También han exigido la coordinación de las operaciones de control de fronteras con las disposiciones sobre salud e higiene. Los efectos a más largo plazo no son fáciles de calibrar, pero ya se perfilan algunas tendencias. Por ejemplo, todo parece indicar que los países que tradicionalmente admiten a grandes cantidades de migrantes tendrán problemas para cumplir sus metas o topes programáticos durante algunos años. Se estima que, debido a las restricciones causadas por la pandemia, la inmigración neta a Australia no superará las 34.000 personas en 2020-21, frente a 154.000 en 2019-20 (Gobierno de Australia, Ministerio del Interior, 2020; Primer Ministro de Australia, 2020). Al Canadá entraron tan solo 184.000 nuevos residentes permanentes en 2020, poco más del 50% de los 341.000 fijados como meta a principios de ese año (Agopsowicz, 2021). Sin embargo, ambos países han indicado la intención de recuperar cuanto antes los niveles anteriores cuando esté superada la crisis de la COVID-19. El sector de la educación internacional también han sufrido un duro golpe. Cientos de miles de estudiantes han dejado en suspenso su formación, sumiendo a las instituciones de acogida en déficits financieros imprevistos, que a su vez están lastrando las economías nacionales (Thatcher y otros, 2020).
Las respuestas de los gobiernos a estos retos han sido muy diferentes, pero es posible encuadrarlas en dos enfoques generales y complementarios. Ambos tienen ramificaciones en otros sectores y, por lo tanto, requieren los esfuerzos conjuntos de distintas instancias gubernamentales (especialmente de los departamentos del interior, migración, relaciones exteriores y salud) y, a ser posible, de los países vinculados por rutas de viajes internacionales. Esos dos enfoques son los siguientes:
- La suspensión o estricta restricción de la expedición de visados o de los privilegios de entrada. Estas medidas se aplican por lo general a las personas procedentes de países o zonas conocidos como focos críticos de emigración o, con menor frecuencia, a los nacionales de determinados países, aunque la justificación en este segundo caso no siempre es evidente. Esas restricciones no rigen para los ciudadanos que regresan a sus países, ya que el derecho al retorno está amparado por el derecho internacional, pero estas personas tienen que someterse en general a pruebas de detección de la COVID-19, a cuarentenas o a ambas cosas. Respecto de los no ciudadanos, no ha habido ninguna uniformidad en los enfoques adoptados; cada país ha establecido básicamente los arreglos que le han parecido necesarios para atender a sus necesidades y situaciones particulares. Por ejemplo, en el caso de Australia, se están otorgando visados a los nacionales extranjeros con competencias de importancia crítica, el personal militar y los estudiantes en los últimos años de formación. Al otro lado del mundo, los camioneros han sido eximidos del cierre de fronteras entre el Canadá y los Estados Unidos de América y han podido continuar sus viajes transfronterizos para mantener el flujo de mercancías entre estos dos países (Gobierno del Canadá, 2021). Numerosos países con una larga tradición de uso de mano de obra estacional (Alemania, Australia, el Canadá, Italia, Polonia y el Reino Unido, por nombrar solo algunos) también se han apresurado a establecer programas de entrada de trabajadores temporales para apoyar la actividad agrícola durante la pandemia (véase más información al respecto en la sección Migración laboral en tiempos de pandemia: enseñanzas de la COVID-19, de las Interconexiones).
- La gestión de los efectos en las poblaciones de migrantes residentes. Por regla general, los migrantes con derechos permanentes de residencia reciben una protección equivalente o comparable a la de los ciudadanos de cada país. Pero muchos residentes temporales (y en particular los migrantes indocumentados) han quedado “atrapados” por los cierres de fronteras y la expiración de sus visados o permisos de residencia. En ausencia de un apoyo específico, los migrantes tienen diversas vulnerabilidades: en tiempos de crisis económica, son normalmente los primeros en ser despedidos y, cuando no pierden el trabajo, pueden sufrir recortes o impagos de los sueldos; también están expuestos a la discriminación y la xenofobia. La inacción al respecto no es una opción, y los gobiernos han experimentado con una amplia variedad de posibilidades.
Conviene recordar que la pandemia de COVID-19 ha confrontado a los responsables de las políticas migratorias con retos sin precedentes, en un trasfondo de salud pública en constante evolución. La situación ha cambiado considerablemente desde la aparición del virus en la escena mundial, y aún sigue evolucionando, de maneras a menudo imprevisibles. Muchos países han experimentado varios ciclos de inicio rápido, mitigación eficaz y posterior reaparición de la transmisión. Desde el punto de vista de la gestión de la migración, los gobiernos no tienen más remedio que seguir muy de cerca lo que está sucediendo y adaptar sus respuestas de política.