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Velar por que los gobiernos anfitriones apliquen marcos jurídicos y de políticas que incluyan a las poblaciones afectadas.
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Incorporar los efectos de las crisis y las respuestas necesarias en los planes de desarrollo nacionales y subnacionales.
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Facilitar una colaboración más estrecha y una mayor coherencia, y crear estructuras de coordinación a nivel nacional y subnacional. Desarrollar la capacidad de proporcionar datos en apoyo de este tipo de análisis conjunto.
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Aumentar las alianzas y la coordinación entre una serie de actores, como los gubernamentales y los de la sociedad civil, para facilitar el intercambio de datos, el análisis conjunto y las evaluaciones de las necesidades. Integrar a estos actores en una planificación y financiación plurianual que armonice las operaciones humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz, prestando atención a abordar los factores que propician las crisis y los desplazamientos prolongados y a encontrar soluciones sostenibles, así como a mejorar las capacidades locales.
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Dotar a los actores pertinentes de las herramientas y los conocimientos necesarios para adoptar medidas prácticas (con orientaciones específicas para sectores como los de la salud y la educación) encaminadas a asegurar la coherencia y la aplicación de un enfoque estratégico.
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Cuando proceda, desplegar esfuerzos para aumentar la cohesión social y la confianza, reforzando así la resiliencia local.
Las situaciones de crisis se están prolongando más que antes en todo el mundo, y las medidas de desarrollo siguen siendo escasas en muchos contextos en que serían necesarias. Como resultado de ello, la escala y la duración de la asistencia humanitaria aumentan sin cesar. Cuando faltan oportunidades de empleo, hay grupos socioeconómicos o étnicos marginados o discriminados y los servicios son insuficientes, se necesita una acción orientada al desarrollo. Este tipo de deficiencias del desarrollo genera conflictos e inseguridad, y puede dejar a las personas expuestas a desastres. Las consecuencia de esos desastres, como el desplazamiento, causan, a su vez, importantes pérdidas de desarrollo humano y aumentan las tensiones entre las comunidades locales y dentro de cada una de ellas.
La acción humanitaria orientada al desarrollo ofrece soluciones más sostenibles al desplazamiento. Ayuda a prevenir las crisis y aumenta la resiliencia, evitando o reduciendo al mínimo las crisis futuras y el desplazamiento consiguiente. Al mismo tiempo, la acción humanitaria salva vidas, alivia el sufrimiento y atiende las necesidades urgentes. Las crisis complejas de hoy, especialmente las prolongadas, requieren esfuerzos tanto humanitarios como de desarrollo, desplegados de manera coordinada y complementaria.
Sin embargo, debido a los diferentes objetivos y enfoques y a la distinta naturaleza de la labor humanitaria y de desarrollo, incluidas las diferentes culturas institucionales y formas de trabajar, esta es una tarea difícil para los actores de todos los niveles. Por un lado, los esfuerzos humanitarios son de corto plazo, tienen una mayor tolerancia al riesgo, apuntan a salvar vidas y se ciñen a estrictos principios humanitarios. Por el otro, las intervenciones de desarrollo suelen ser medidas de más largo aliento, encaminadas a combatir la pobreza de manera sostenible, regidas por el derecho soberano y en muchos casos dirigidas por los gobiernos. Estas intervenciones requieren, pues, un cierto nivel de previsibilidad y tienden a tener una mayor aversión al riesgo.
La comunidad internacional es consciente desde hace mucho tiempo de los múltiples y complejos vínculos entre estas dos esferas. Se han puesto en marcha varios procesos complementarios para fortalecer el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y, cuando es el caso, la paz (el “triple nexo”); entre ellos figuran la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Gran Pacto (sitio web en inglés) y la Nueva forma de trabajar (sitio web en inglés). Otras reformas de las Naciones Unidas se han centrado, entre otras cosas, en reposicionar su sistema de desarrollo para el cumplimiento de la Agenda 2030, restructurar su pilar relativo a la paz y la seguridad, y cambiar su paradigma de la gestión (véase el capítulo Soluciones y recuperación).