Disponer de un proceso de integración que funcione correctamente resulta primordial para el desarrollo de relaciones armoniosas en aquellas sociedades en que los migrantes cuentan con una representación significativa. La OIM describe este proceso como una “adaptación mutua de las sociedades de acogida y los propios migrantes, tanto individualmente como en grupo” (OIM, 2012). Entraña, por un lado, “un sentido de obligación y respeto hacia un núcleo de valores esenciales que vincula a los migrantes y sus sociedades de acogida con un propósito común” (ibid.). Además, comprende, al mismo tiempo, “los derechos y las obligaciones de los migrantes y de las sociedades de acogida, en particular el acceso al mercado de trabajo, a los servicios de salud y sociales, y a la educación de los niños y los adultos” (ibid.). En definitiva, se trata de un planteamiento integral que se fundamenta en la idea de la universalidad de los derechos humanos.
Ese contrato social está sujeto a la frecuente interacción de intereses que inevitablemente surge durante el transcurso de las interacciones humanas. No obstante, en tiempos de crisis, la noción de confianza mutua en la que se basa el éxito de la integración puede tambalearse, al tiempo que se generan tensiones y surgen emociones no deseadas. Esta podría ser la situación que se produciría, por ejemplo, durante una pandemia como la ocasionada por la COVID-19, en la que la comunidad mundial se esforzaría por asimilar los hechos que estarían aconteciendo y se vería atenazada por una sensación de preocupación generalizada sobre el futuro inmediato. En una situación de incertidumbre como esta resultaría increíblemente sencillo que las minorías —incluidos los migrantes— se vieran marginados, fuesen objeto de actitudes discriminatorias y experimentasen, en general, un elevado nivel de vulnerabilidad.
Existen algunas razones estructurales bien conocidas que podrían explicar gran parte de esta vulnerabilidad. Incluso en las circunstancias más favorables, es posible que los migrantes tengan que afrontar situaciones de pobreza, malas condiciones de alojamiento, condiciones de empleo poco seguras, entornos de trabajo complicados y tasas de mortalidad más elevadas que las de sus homólogos nativos, y en tiempos de pandemia, estas desventajas se magnifican. Además, los migrantes tienden a predominar en sectores del mercado de trabajo que son más susceptibles de verse afectados por los confinamientos y los cierres, como los de la hostelería y la asistencia domiciliaria. De igual modo, sus hijos también pueden encontrarse en una situación de desventaja a raíz de la falta de dominio del idioma necesario para el aprendizaje a distancia o a la ausencia de equipos adecuados para estudiar desde casa (OCDE, 2020a).
Otra preocupación que puede surgir en tiempos de pandemia guarda relación con el señalamiento injustificado de los migrantes como causantes de la crisis. Todavía se desconoce el origen exacto de la pandemia de la COVID-19, pero el hecho mismo de que el virus atraviese las fronteras internacionales con relativa facilidad ha llevado a la estigmatización de los migrantes como transmisores de la enfermedad. La estigmatización no solo es objetivamente desagradable, sino que además es poco razonable e injusta, y sienta las bases para la discriminación y los abusos y, en general, la aparición de tensiones interétnicas. Asimismo, desde el punto de vista de la salud comunitaria, también puede generar efectos muy negativos en el comportamiento de los migrantes, puesto que puede provocar que las personas oculten sus síntomas y se sientan disuadidas de adoptar comportamientos saludables. Este hecho es aún más lamentable a la luz de la importante contribución de los migrantes a la respuesta comunitaria frente a la pandemia, especialmente como proveedores de servicios en el sector de la salud (OCDE, 2020b).
Los migrantes también pueden experimentar dificultades a la hora de acceder a los servicios esenciales, especialmente los servicios de atención de la salud y educación. Ello puede deberse simplemente a la falta de información sobre las ayudas disponibles o a la ausencia de familiaridad con los criterios que rigen los derechos o con el modo de operar de los organismos gubernamentales.
Por último, cabe destacar que, cuando se producen situaciones de emergencia, es posible que los migrantes no posean los conocimientos del idioma necesarios o no estén lo suficientemente vinculados con los principales circuitos de comunicación como para mantenerse actualizados con respecto a la rápida evolución de los acontecimientos. Además, desde la perspectiva del idioma, es posible que no sean capaces de entender lo que pueden o no pueden hacer, en un momento dado.
Las respuestas de política a estos desafíos no pueden formularse de manera aislada, puesto que los problemas de integración son pluridimensionales. Es preciso hacer referencia a los ámbitos de política conexos, que abarcan cuestiones como la igualdad de oportunidades, la cohesión social, el empleo, la salud pública o la educación. Tan solo se podrá elaborar un plan coherente para la gestión de la integración de los migrantes que consiga hacer frente a los problemas derivados de una pandemia, ya sea a nivel individual, familiar o comunitario, si se vinculan estas esferas.
Los gobiernos son conscientes de esta circunstancia y han ofrecido múltiples respuestas al respecto. Los puntos que se exponen a continuación describen las principales intervenciones, que a veces llegan a solaparse entre ellas:
- Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación que garantice la difusión de información precisa y actualizada sobre todos los aspectos vinculados con la pandemia y las medidas adoptadas para preservar la seguridad y el bienestar de la comunidad, así como los recordatorios relativos a la contribución positiva de los migrantes a la vida social y económica, especialmente en los sectores de la hostelería, el transporte, la salud y los servicios de atención domiciliaria.
- Aplicar medidas adecuadas que prevengan o contrarresten las expresiones xenófobas y discriminatorias.
- Velar por que los migrantes sigan teniendo acceso a los servicios públicos generales, especialmente a los centros de salud.
- Dar a conocer a los migrantes todas las iniciativas especiales relacionadas con la COVID‑19 que mejoren el apoyo financiero o laboral específico a las familias o personas afectadas y conseguir que puedan acceder a ellas.
- Garantizar la continuidad de la educación de los niños y jóvenes migrantes, prestando especial atención a aquellos recursos y adaptaciones que les permitan beneficiarse plenamente de los acuerdos de aprendizaje a distancia.
- Ofrecer a los migrantes la oportunidad de interactuar con la comunidad de acogida y, en particular, permitirles participar en los procesos de consulta y planificación.
A continuación se exponen algunos ejemplos de iniciativas concretas que se han tratado de llevar a cabo.