Los migrantes representan una parte importante de las personas que viven sin acceso a la seguridad social, y sin acceso a la protección social, a la justicia y los mecanismos de denuncia, o a los seguros de enfermedad. Esto se debe en parte a la imposibilidad de adquirir los mismos derechos que los nacionales o los residentes, especialmente si están en situación irregular o si trabajan en un sector informal (ONU-Mujeres, 2017c). Cuando los migrantes tienen esos derechos, es frecuente que no sepan cómo acceder a ellos o cómo ejercerlos. Esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres migrantes, que tienen menos probabilidades de tener acceso a información y pueden estar más aisladas que los hombres.
Cuando la situación migratoria de una mujer está vinculada a la de su esposo, puede verse limitado también su acceso independiente a la justicia. Hay muchos escenarios en que los migrantes en situaciones precarias no tienen acceso a la justicia por razones relacionadas con el género. La restricción puede ser de carácter físico, si los migrantes no tienen contacto con ninguna persona ajena al entorno en que se les explota o se abusa de ellos (una situación común para los trabajadores domésticos que viven y trabajan en casas privadas). Esta situación se da también cuando las autoridades contribuyen a perpetuar la explotación o el abuso, como en el caso de las personas LGBTI que sufren discriminación o abuso en países que no aceptan fácilmente las relaciones homosexuales. Asimismo, debido a la baja capacidad de respuesta a las cuestiones de género de las embajadas, consulados u otros centros de apoyo e información, las respuestas a las denuncias de distintos grupos de género son muy diferentes.