Ante el reto de gestionar los viajes en tiempos de pandemia, los gobiernos han introducido una serie de políticas. Una de las primeras fue el cierre de fronteras, o —como mínimo— el control estricto de los movimientos transfronterizos, acompañado de medidas sistemáticas de detección de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19) (véase también Gestión de fronteras y salud en tiempos de pandemia: enseñanzas de la COVID-19, en las Interconexiones).  

Estas restricciones y cierres han tenido consecuencias indirectas inmediatas en la tramitación y expedición y en el seguimiento de los visados y permisos de residencia. También han exigido la coordinación de las operaciones de control de fronteras con las disposiciones sobre salud e higiene. Los efectos a más largo plazo no son fáciles de calibrar, pero ya se perfilan algunas tendencias. Por ejemplo, todo parece indicar que los países que tradicionalmente admiten a grandes cantidades de migrantes tendrán problemas para cumplir sus metas o topes programáticos durante algunos años. Se estima que, debido a las restricciones causadas por la pandemia, la inmigración neta a Australia no superará las 34.000 personas en 2020-21, frente a 154.000 en 2019-20 (Gobierno de Australia, Ministerio del Interior, 2020; Primer Ministro de Australia, 2020). Al Canadá entraron tan solo 184.000 nuevos residentes permanentes en 2020, poco más del 50% de los 341.000 fijados como meta a principios de ese año (Agopsowicz, 2021). Sin embargo, ambos países han indicado la intención de recuperar cuanto antes los niveles anteriores cuando esté superada la crisis de la COVID-19. El sector de la educación internacional también han sufrido un duro golpe. Cientos de miles de estudiantes han dejado en suspenso su formación, sumiendo a las instituciones de acogida en déficits financieros imprevistos, que a su vez están lastrando las economías nacionales (Thatcher y otros, 2020). 

Las respuestas de los gobiernos a estos retos han sido muy diferentes, pero es posible encuadrarlas en dos enfoques generales y complementarios. Ambos tienen ramificaciones en otros sectores y, por lo tanto, requieren los esfuerzos conjuntos de distintas instancias gubernamentales (especialmente de los departamentos del interior, migración, relaciones exteriores y salud) y, a ser posible, de los países vinculados por rutas de viajes internacionales. Esos dos enfoques son los siguientes: 

  • La suspensión o estricta restricción de la expedición de visados o de los privilegios de entrada. Estas medidas se aplican por lo general a las personas procedentes de países o zonas conocidos como focos críticos de emigración o, con menor frecuencia, a los nacionales de determinados países, aunque la justificación en este segundo caso no siempre es evidente. Esas restricciones no rigen para los ciudadanos que regresan a sus países, ya que el derecho al retorno está amparado por el derecho internacional, pero estas personas tienen que someterse en general a pruebas de detección de la  COVID-19, a cuarentenas o a ambas cosas. Respecto de los no ciudadanos, no ha habido ninguna uniformidad en los enfoques adoptados; cada país ha establecido básicamente los arreglos que le han parecido necesarios para atender a sus necesidades y situaciones particulares. Por ejemplo, en el caso de Australia, se están otorgando visados a los nacionales extranjeros con competencias de importancia crítica, el personal militar y los estudiantes en los últimos años de formación. Al otro lado del mundo, los camioneros han sido eximidos del cierre de fronteras entre el Canadá y los Estados Unidos de América y han podido continuar sus viajes transfronterizos para mantener el flujo de mercancías entre estos dos países (Gobierno del Canadá, 2021). Numerosos países con una larga tradición de uso de mano de obra estacional (Alemania, Australia, el Canadá, Italia, Polonia y el Reino Unido, por nombrar solo algunos) también se han apresurado a establecer programas de entrada de trabajadores temporales para apoyar la actividad agrícola durante la pandemia (véase más información al respecto en la sección Migración laboral en tiempos de pandemia: enseñanzas de la COVID-19, de las Interconexiones).  

  • La gestión de los efectos en las poblaciones de migrantes residentes. Por regla general, los migrantes con derechos permanentes de residencia reciben una protección equivalente o comparable a la de los ciudadanos de cada país. Pero muchos residentes temporales (y en particular los migrantes indocumentados) han quedado “atrapados” por los cierres de fronteras y la expiración de sus visados o permisos de residencia. En ausencia de un apoyo específico, los migrantes tienen diversas vulnerabilidades: en tiempos de crisis económica, son normalmente los primeros en ser despedidos y, cuando no pierden el trabajo, pueden sufrir recortes o impagos de los sueldos; también están expuestos a la discriminación y la xenofobia. La inacción al respecto no es una opción, y los gobiernos han experimentado con una amplia variedad de posibilidades. 

Conviene recordar que la pandemia de COVID-19 ha confrontado a los responsables de las políticas migratorias con retos sin precedentes, en un trasfondo de salud pública en constante evolución. La situación ha cambiado considerablemente desde la aparición del virus en la escena mundial, y aún sigue evolucionando, de maneras a menudo imprevisibles. Muchos países han experimentado varios ciclos de inicio rápido, mitigación eficaz y posterior reaparición de la transmisión. Desde el punto de vista de la gestión de la migración, los gobiernos no tienen más remedio que seguir muy de cerca lo que está sucediendo y adaptar sus respuestas de política.

Enfoques de política
Ejemplos de métodos de gestión de visados y permisos de residencia aplicados durante la pandemia de COVID-19

En el momento de redactar estas líneas, se tenía poca información sobre la eficacia de los enfoques que se enumeran a continuación, pero esta lista ilustra las medidas desplegadas con respecto a la suspensión o restricción de la expedición de visados y permisos de residencia.  

Suspensión o restricción de la expedición de visados o de los privilegios de entrada  

  • Determinar las categorías de viajeros que serán autorizados a entrar en el territorio por razones excepcionales de índole jurídica, económica, laboral o humanitaria.  

  • Establecer medidas de seguridad biológica para los nuevos titulares de visados, a fin de evitar los riesgos en la partida, el viaje y la llegada.

  • Dadas las circunstancias, utilizar la tramitación y expedición de visados “sin contacto” y “sin papel”, por medios electrónicos. Esta ya era una práctica establecida en muchas partes cuando comenzó la pandemia, por motivos de costos, eficiencia general y conveniencia; la necesidad de distanciamiento social intensificó la tendencia. 

  • Aumentar el apoyo consular a las personas en situaciones de vulnerabilidad o con necesidad urgente o imperiosa de viajar. 

Gestión de los efectos en las poblaciones de migrantes residentes  

  • Conceder prórrogas automáticas de los permisos de residencia y trabajo. 

  • Dejar en suspenso la tramitación de las solicitudes de prórroga de permisos de residencia o de trabajo (para evitar que los migrantes queden en situación irregular mientras rijan las restricciones relacionadas con la COVID-19). 

  • Aplazar o anular las expulsiones de migrantes no autorizados o indocumentados. 

  • Regularizar a determinados grupos de residentes no permanentes —especialmente a los solicitantes de asilo — por motivos humanitarios o para atender las necesidades del mercado laboral. 

Para el futuro, en vista de los progresos registrados en la gestión de la COVID-19, algunos gobiernos están explorando y, en menor medida, experimentando con cautela el uso de “corredores de movilidad” seguros (véase el estudio de caso descrito a continuación) y de “pasaportes sanitarios digitales”, como el pase común (CommonPass) o el Pase de viaje de la IATA (sitio web en inglés), que permitan a los viajeros demostrar que están exentos de la COVID-19 al cruzar fronteras internacionales. 

Estudios de Caso
Corredores y burbujas: ¿futuros espacios de movilidad?

Al comienzo de la pandemia se realizaron diversas operaciones de transporte —incluidos puentes aéreos y vuelos fletados— para facilitar el regreso de los migrantes que habían quedado varados fuera de sus países de origen. Ahora, el interés se centra en establecer corredores de movilidad más sostenibles y a mayor escala. 

En el momento de redactar estas líneas (a mediados de 2021), una de las preocupaciones apremiantes de los gobiernos es restablecer las condiciones para los viajes seguros, sin riesgo de transmisión de la COVID-19, y allanar así el camino para volver a los niveles de interacción social y económica de la comunidad internacional que existían antes de la pandemia. Aunque es razonable esperar que con el tiempo se establezcan normas mundiales, dadas las complejidades administrativas y políticas que ello entraña, es más realista suponer que, al menos inicialmente, esos arreglos se negociarán a nivel bilateral o regional.  

Tras prolongadas conversaciones, los Gobiernos de Australia y Nueva Zelandia establecieron una “burbuja” de viajes aéreos entre sus territorios, en ambas direcciones. Estos dos países tienen desde hace tiempo un arreglo que permite la libre circulación transfronteriza de sus ciudadanos y residentes (el Acuerdo de reconocimiento mutuo transtasmanio, disponible en inglés), pero la pandemia había interrumpido temporalmente su aplicación. El término “burbuja” denota la confianza actual de los países en su capacidad de crear un espacio de viajes seguros en un mundo afectado por la pandemia.  

En términos generales, los ciudadanos y residentes permanentes de los dos países pueden valerse de esta burbuja si:  

  • han permanecido en uno de los dos países durante al menos 14 días antes del viaje;  

  • satisfacen los criterios normales para la inmigración en aspectos como la documentación, los trámites aduaneros y la bioseguridad; 

  • facilitan información que permita la trazabilidad después de la llegada, en caso de necesidad; 

  • cumplen con toda medida adicional que pueda estar en vigor, como el uso de mascarillas durante el viaje.  

 

Es demasiado pronto para saber si este modelo se hará extensivo a otros países, pero es posible que algunas de sus características esenciales terminen siendo la base para la facilitación de los viajes a mayor escala en un mundo afectado por la COVID-19. 

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