Los gobiernos y las autoridades locales tienen estructuras de coordinación de la respuesta a las crisis establecidas en sus leyes y procedimientos. Estos instrumentos definen las funciones y responsabilidades de los ministerios competentes y las correspondientes autoridades nacionales y locales. En muchos países, esas responsabilidades y estructuras se concentran predominantemente en la respuesta a desastres u otros sucesos similares.
Los encargados de la respuesta de primera línea se encuentran principalmente a nivel local. Sin embargo, si la respuesta requerida supera lo que se puede hacer con la capacidad local, intervienen los actores a nivel nacional. En este plano, la coordinación de la respuesta puede recaer en la oficina del primer ministro, bajo la dirección de un ministerio competente, o estar descentralizada y distribuida entre diferentes ministerios u otras entidades. Cuando se produce un desastre, se activa una entidad nacional, por ejemplo, un centro de operaciones de emergencia o algún tipo de órgano nacional de gestión de desastres facultado para coordinar la respuesta (véase más información al respecto en la sección Preparación para casos de desastre).
En el caso de los migrantes atrapados en situaciones de crisis, los gobiernos extranjeros pueden contribuir mediante la prestación de asistencia u otra forma de ayuda, por ejemplo servicios consulares o visados humanitarios (véase más información sobre la gestión de fronteras en crisis humanitarias).
Independientemente de cómo organice el gobierno su respuesta a las crisis, las autoridades a cargo deberían coordinar la acción de todos los ministerios y organismos, entendiendo las repercusiones del desplazamiento en lo inmediato y a más largo plazo. Para una buena coordinación es necesario normalmente realizar evaluaciones adecuadas de la situación y determinar las necesidades; promover las prioridades comunes; movilizar y gestionar el flujo de los recursos financieros y otros recursos necesarios hacia los lugares donde más se precisen; establecer una comunicación clara, exacta y regular; seguir de cerca los progresos; promover la participación de la población afectada en la respuesta; y coordinarse con los actores externos que participen en ella.