El derecho internacional sobre migración comprende las siguientes ramas principales:

  • derecho de los derechos humanos;
  • derecho del trabajo;
  • derecho de los refugiados;
  • derecho penal internacional;
  • derecho de la nacionalidad;
  • derecho del mar;
  • derecho humanitario;
  • derecho diplomático y consular;
  • derecho aéreo;
  • derecho mercantil.
Derecho de los derechos humanos

El derecho de los derechos humanos es el corpus jurídico que establece las obligaciones de respetar los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional. Los principios fundamentales de los derechos humanos son los siguientes:

  • Universalidad e inalienabilidad. Los derechos humanos se aplican a todas las personas y no pueden ser suprimidos ni limitados, salvo en situaciones específicas y con las debidas garantías procesales.
  • Interdependencia e indivisibilidad. Los avances en uno de los derechos humanos repercuten directamente en los demás. Los derechos humanos están interrelacionados y son iguales en importancia; ninguno de ellos se puede ejercer plenamente sin los demás.
  • Igualdad y no discriminación. Este principio se aplica a todos los derechos humanos y prohíbe toda forma de discriminación por el motivo que sea. En consecuencia, los derechos humanos se aplican a los migrantes del mismo modo que a los nacionales en los Estados que han ratificado los tratados (véase más información sobre el principio de no discriminación en el capítulo Derechos humanos de los migrantes: panorama general).

Aunque todos los actores contribuyen al ejercicio efectivo de los derechos humanos, los Estados tienen la responsabilidad primordial al respecto. En su calidad de partes en los tratados de derechos humanos, los Estados están obligados a:

  • respetar, lo que significa abstenerse de toda injerencia en el disfrute de los derechos humanos;
  • proteger a las personas y grupos contra las violaciones de los derechos humanos; y
  • hacer efectivos los derechos humanos, adoptando medidas que permitan ejercerlos.

Actualmente, una serie de derechos humanos no solo están codificados en el derecho de los tratados sino que forman parte también del derecho internacional consuetudinario. A la fecha, hay nueve instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos. Para cada uno de ellos, un comité de expertos independientes (a veces denominado órgano de tratado) vigila la aplicación por los Estados partes (véase más información al respecto en la sección Mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas del presente capítulo).

  • Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
  • Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979)
  • Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984)
  • Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
  • Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (1990)
  • Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006)
  • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)


Algunos de los tratados se complementan con protocolos facultativos que tratan asuntos específicos, y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura tiene también su propio comité de expertos.

En muy contados casos, algunos derechos específicos distinguen entre los nacionales y los no nacionales o requieren una situación migratoria legal: por ejemplo, el derecho a votar y a ser elegido (que es válido para los nacionales) o el derecho a fundar sindicatos (que se aplica a los nacionales y los migrantes regulares). Algunos derechos humanos pueden también estar limitados o, en ciertos casos, hacerse realidad en forma progresiva. En situaciones excepcionales y muy limitadas, los Estados pueden asimismo dejar temporalmente sin efecto (es decir, suspender o no respetar) algunas obligaciones de derechos humanos (como la garantía del derecho de reunión pacífica y de libre circulación), aunque en ningún caso las obligaciones fundamentales o las normas del jus cogens (como la no discriminación, la no devolución y la prohibición de la tortura). Estas limitaciones o distinciones están todas establecidas y especificadas en los tratados respectivos.

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Derecho del trabajo

El derecho internacional del trabajo determina los derechos y las obligaciones de los trabajadores, empleadores, sindicatos y Estados en el lugar de trabajo. La justicia social es vista desde hace mucho tiempo como un elemento crucial para la paz mundial. En 1919, los Estados crearon la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el fin de establecer normas laborales internacionales, promoverlas y vigilar su aplicación.

La OIT es el único organismo de las Naciones Unidas con una estructura tripartita, que reúne a representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. La OIT redacta convenios, que pasan a ser vinculantes una vez que entran en vigor para los Estados miembros que los han ratificado. También redacta recomendaciones a modo de directrices no vinculantes. De estos numerosos instrumentos relacionados con el trabajo, ocho convenios se consideran fundamentales.

List
International Labour Organization fundamental conventions
Global instruments

Note: This list is not exhaustive.

Together, the eight conventions enshrine a few core rights and principles that are so fundamental that all Member States are bound to respect and promote them, whether or not they have ratified the convention. They cover the following:

  • Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
  • Elimination of forced or compulsory labour;
  • Abolition of child labour; and
  • Elimination of discrimination with respect to employment and occupation.

These core rights and principles apply to all workers, including migrant workers. The need for “protection of the interests of workers when employed in countries other than their own” is specifically recognized in the ILO Constitution.

In addition, two ILO instruments have been specifically drafted to address labour migration and the protection of migrant workers.

Table
Table 1. Instruments addressing labour migration and the protection of migrant workers
 

Migration for Employment Convention (Revised), 1949

C097

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975

C143
WHO is covered? Only migrant workers in regular situations. Migrant workers in regular and irregular situations.
WHAT is covered?
  • Fair recruitment and equal treatment of regular migrant workers vis-à-vis national workers.
  • Labour conditions.
  • Trade union membership.
  • The right to collective bargaining.
  • Social security.
  • Employment taxes.

For all:

  • States parties must respect the basic human rights of all migrant workers.

For migrant workers with a regular status:

  • Prescribes equal treatment in matters of labour law.
  • Recognizes equal treatment on specific rights, arising from past employment, such as the right to receive unpaid wages and social security.

 

Fuente

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (C097) and Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (C143)

In its Advisory Opinion of 2003, the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) concluded that migrants, after being employed, acquire rights by virtue of being workers that should be recognized and guaranteed independently of whether their employment is regular or irregular (IACtHR, 2003).

The prohibition against discrimination is also a central pillar of international labour law. International labour standards apply to all, unless otherwise specified. For instance, the International Convention on the Rights of All Migrants Workers and Members of their Families (ICRMW) is very specific on the rights that apply to all migrant workers, versus the rights that apply only to migrant workers with regular status and to temporary migrant workers.

All migrant workers benefit from protection against slavery, forced and compulsory labour and other forms of abuse and exploitation at the workplace, and the right to decent work, regardless of migration status.

The 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights enshrines, for all, the right to work and the right to the enjoyment of just and favourable conditions of work (articles 6 and 7). However, States by virtue of their sovereignty can adopt legislation on the conditions and criteria for non-nationals to be allowed to work on their territory. Below is a non-exhaustive list of references in Treaties and by Treaty Bodies specifying equal rights at the workplace for all, including migrants.

List
List 2. Treaties specifying equal rights at the workplace for all
Global instruments

Note: This list is not exhaustive.

(See more on the Principle of non-discrimination and its impact on migration governance.)

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List
List 3. General comments addressing labour migration and the protection of migrant workers
General comments and recommendations by human rights treaty bodies

Note: This list is not exhaustive.

Derecho de los refugiados

El derecho de los refugiados es el conjunto de normas que establece la protección, por la comunidad internacional, de las personas que han cruzado fronteras internacionales y corren peligro de persecución en sus países de origen. El derecho de los refugiados aclara a quién se otorgará la protección internacional y prescribe los derechos que tendrán esas personas.

A nivel internacional, los principales instrumentos jurídicos son la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967). El Protocolo de 1967 amplía la aplicabilidad geográfica y cronológica de la Convención de 1951, eliminando el límite temporal que impedía la aplicación de la Convención a los sucesos ocurridos en Europa antes del 1 de enero de 1951.

En virtud de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados:

Article / Quotes

No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his [or her] life or freedom would be threatened on account of his [or her] race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

Fuente

Refugee Convention, Article 33 (1)

The 1951 Convention defines a refugee as a person who:

  • Is outside his or her country of nationality or habitual residence;
  • Has a well-founded fear of being persecuted because of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion; and
  • Is unable or unwilling to avail himself or herself of the protection of that country, or to return there, for fear of persecution.

As refugees are not protected by their own governments, the international community steps in. Under international law and through the legal regime of refugee protection, the international community, in cooperation with receiving countries, provides protection to refugees. This includes women, men, girls, boys and gender non-conforming adults and children.

However, according to the Refugee Convention, some persons, even though they would qualify as refugees, would still be excluded from refugee protection. This is the case if the refugee:

  • has committed a crime against peace, a war crime, a crime against humanity or a serious non-political crime outside their country of refuge; or
  • is guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

The cornerstone of protection under refugee law is the principle of non-refoulement. This principle prohibits the return of a person to a territory where his or her life or freedom is at real risk of irreparable harm due to persecution. This principle is enshrined in article 33 of the 1951 Convention and is also considered a rule of customary international law, binding all States regardless of whether they are party to the 1951 Convention or not. Unlike some other articles of the 1951 Convention, the non-refoulement provision allows for no reservations. As well, it applies whether or not the refugee is a lawful resident in the territory of a contracting State. However, according to the 1951 Convention, asylum seekers and recognized refugees who constitute a danger to the security of the receiving country or to its community are excluded from the refugee protection. Nonetheless, these persons are protected from refoulement under customary international law applicable to all States, and cannot be returned to places where they are at risk.

In addition to the 1951 Convention, refugees are also protected by international human rights law. States are responsible for determining the status of refugees, and for protecting the rights of refugees. Furthermore, the 1951 Refugee Convention refers to the supervisory role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and requires States to cooperate with UNHCR in ensuring that the rights of refugees are respected and protected.

At the global level, UNHCR has the authority to interpret the definition of “refugee”, as well as the protection regime established under the 1951 Refugee Convention. It has done so through its Guidelines on International Protection.

Regional and national definitions of the term refugee can be broader than the one found in the 1951 Convention. There are some regional legal instruments that define and provide for a regional refugee protection regime. Thus, the same person can be recognized as a refugee or not, depending on the regional instrument or national legislation that is being applied.

List
List 4. Instruments providing for expanded refugee protection
Regional instruments

Note: This list is not exhaustive.

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While refugees are protected under refugee law, international law has evolved since 1951, establishing the need for a continuum of protection going beyond the 1951 Convention definition of a refugee. The principle of non-refoulement has subsequently been extended by human rights law. It now applies to all people – including migrants and regardless of status – for whom there are substantial grounds to believe that they would be at risk of irreparable harm to life or liberty if sent back to their country of origin (see details on what constitutes such a risk under Customary international law). Several States also offer  complementary or subsidiary protection to people who fall outside the definition of the 1951 Convention, such as for humanitarian reasons and/or under international human rights law. (Further details on the Protection against refoulement and other obligations of States on civil and political rights in Human rights of migrants: An overview.)

Derecho penal internacional

El derecho penal internacional trata de los delitos cuyo origen y prevención y cuyas consecuencias (directas e indirectas) se relacionan con más de un país (Naciones Unidas, 1995, disponible en inglés).

En algunos casos, aun cuando el delito se cometa en un solo Estado, será de carácter transnacional si una parte importante de su preparación, planificación, dirección o control tiene lugar en otro Estado, o si produce efectos sustanciales en otro Estado. Son ejemplos típicos de delitos transnacionales los actos terroristas, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la fabricación ilícita y el tráfico de armas, el secuestro de aviones, la piratería en el mar, los delitos informáticos y los delitos contra el medio ambiente.

En lo que respecta al derecho internacional sobre migración, los principales tratados de interés son la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y, en particular, sus dos protocolos complementarios: el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo contra la Trata de Personas); y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes).

Estos dos protocolos establecen la obligación de los Estados de tipificar como delitos la trata de personas y el tráfico de migrantes. Dan definiciones de estos delitos e imponen a los Estados la obligación de penalizarlos, adoptar medidas de control de fronteras y colaborar para prevenir e investigar los actos tipificados y enjuiciar a sus autores. También contienen un marco basado en los derechos para la protección de las personas que han sido objeto de trata o de tráfico. Esos derechos comprenden la no discriminación, la no devolución, la no penalización de la víctima o persona, y la seguridad, asistencia, protección y recuperación

Table
Table 2. The trafficking and smuggling protocols
  TRAFFICKING PROTOCOL SMUGGLING PROTOCOL
ACT An act of “recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons” The act of facilitating illegal movement across borders
PURPOSE For the purpose of exploitation, including exploitation of the prostitution of others, sexual exploitation, forced labour, slavery or similar practices and the removal of organs For the purpose of obtaining directly or indirectly a financial or other material benefit
MEANS By means of threat or use of force coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or vulnerability or giving payments or benefits to a person in control of the victim Consent is not an element of the definition of the crime of smuggling of migrants. In practice, smuggled migrants generally consent to be smuggled

It is important to bear in mind that:

  • The definition of trafficking given in the Trafficking Protocol gives some examples of exploitation, but it is not all inclusive.
  • For trafficking of children, the definition requires only the act and the purpose of exploitation; in this instance, the means is irrelevant.
  • The Trafficking Protocol also recognizes the need for victims’ protection and assistance. At regional and national level, legal instruments go further, providing for specific States’ obligations in the field of victims’ protection and assistance.
  • The definition of smuggling of migrants does not cover those who help migrants to cross borders irregularly for reasons other than profit. They can be, for example, family members and also others acting on humanitarian grounds.
  • The Smuggling Protocol makes it clear that migrants should not be liable to criminal prosecution for the fact of having been the object of smuggling.

See more in the interlinkage Trafficking in persons and smuggling of migrants.

Derecho de la nacionalidad

En general, la nacionalidad es regulada por la legislación interna. En el ejercicio de su soberanía, los Estados tienen la libertad de regular el acceso a la nacionalidad. Pero el derecho internacional también tiene una voz crucial a ese respecto, al reconocer el derecho a una nacionalidad, proteger contra la privación arbitraria de la nacionalidad, y prevenir y combatir la apatridia (véanse más detalles sobre el derecho a una nacionalidad en el capítulo Derechos humanos de los migrantes: panorama general). La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 son los instrumentos internacionales fundamentales en este ámbito. Estos dos tratados establecen el marco jurídico para reducir y prevenir la apatridia.

Varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos guardan relación con el derecho de la nacionalidad:

  • “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (artículo 1).
  • “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica” (artículo 6).
  • “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley” (artículo 7).
  • “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad” (artículo 15).
  • “A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad” (artículo 15).

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954

De conformidad con la Convención de 1954, una persona es apátrida si no es considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. Un resultado de la apatridia es que las personas afectadas se ven privadas del acceso a diversos derechos. Por esta razón, la Convención de 1954 establece normas mínimas de tratamiento para los apátridas. Entre otras cosas, estas normas incluyen el derecho a documentos de identidad y de viaje, asistencia administrativa, un acceso facilitado a la naturalización, la no discriminación y el derecho a educación, empleo, una vivienda y la seguridad social.

Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961

El objetivo de la Convención de 1961 es prevenir y reducir la apatridia. Los Estados partes acordaron la adopción de salvaguardias para prevenir la apatridia por pérdida de la nacionalidad o renuncia a ella, así como en caso de sucesión de Estados. La Convención de 1961 busca prevenir la apatridia al nacer exigiendo a los Estados que otorguen la ciudadanía a los niños nacidos en su territorio (jus soli), o de nacionales suyos en el extranjero (jus sanguinis), que de lo contrario serían apátridas. Para prevenir la apatridia en esos casos, los Estados pueden conceder la nacionalidad ya sea automáticamente al nacer o más tarde, en respuesta a una solicitud. La apatridia se previene y reduce también derogando las leyes sobre nacionalidad que sean discriminatorias y reconociendo la igualdad de derecho de ambos progenitores de transmitir la nacionalidad a sus hijos.

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Derecho del mar

El derecho del mar es el corpus jurídico por medio del cual los Estados regulan sus relaciones, derechos y obligaciones en el mar. Esas normas están recogidas tanto en el derecho de los tratados como en el derecho internacional consuetudinario.

List
List 5. Relevant law of the sea conventions
Global instruments

Note: This list is not exhaustive.

International Maritime Organization

The International Maritime Organization (IMO) is a specialized agency of the United Nations, composed of United Nations Member States. Its mandate is to improve the safety and security of international shipping. It also deals with legal matters such as liability, compensation issues and the facilitation of international maritime traffic, which includes the situations of people (such as migrants) in distress or lost at sea. The IMO also has a mandate to support Member States in developing, updating and monitoring the conventions related to the law of the sea.

State jurisdiction

In international migration law (IML), the issue of State sovereignty at sea is very important, especially in relation to rescue operations for migrants in distress at sea. States have sovereign rights over internal waters – for archipelagic States, this also includes the archipelagic waters – and the territorial sea. (See details on the Importance of border management in the Introduction to Regulating migration: Border management.)

Rescue obligations

When people, including migrants, are in distress or lost at sea, under the law of the sea, States have the obligation, under their jurisdiction, to rescue them. This includes the obligation to establish, operate and maintain adequate and effective search and rescue operations.

Migrants (as rights holders) benefit from a protection framework which also establishes obligations on States (as duty bearers). This framework is established by various branches of international migration law (IML), including law of the sea, human rights law, refugee law and transnational criminal law and customary international law. Under this framework, migrants are guaranteed rights like the right to life, the right to seek asylum, the right to freedom from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the right to not be discriminated against or the right to protection from refoulement. This framework applies both in territorial and internal waters, as well as in high seas (beyond the territorial or internal waters of a State), and to persons under effective control of the State (for example, persons on a vessel operated by law enforcement personal of that State).

With regard to rescue obligations, the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) places an obligation on States parties to:

Article / Quotes

… require the master of a ship flying its flag, in so far as he [or she] can do so without serious danger to the ship, the crew or the passengers: (a) to render assistance to any person found at sea in danger of being lost; (b) to proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress, if informed of their need of assistance, in so far as such action may reasonably be expected of him [or her]…. Every coastal State shall promote the establishment, operation and maintenance of an adequate and effective search and rescue service regarding safety on and over the sea and, where circumstances so require, by way of mutual regional arrangements cooperate with neighbouring States for this purpose.

Fuente

UNCLOS, article 98; emphasis added.

The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) obliges a shipmaster to provide prompt assistance, when receiving information from any source on persons in distress at sea. Such an obligation is today considered customary international law and applies to all States and shipmasters.

Both UNCLOS and the SOLAS Convention require coastal States to promote the establishment, operation and maintenance of adequate and effective search and rescue services. As well, both the SOLAS Convention and the International Convention on Maritime Search and Rescue (the SAR Convention) require that embarked persons in distress or lost are treated with dignity and humanity; that their needs are provided for; and that they are disembarked to a place of safety within a reasonable time (that is, disembarkation to a safe port). This means that shipmasters must seek to ensure that survivors are not disembarked to a place where they would be put in danger, such as a place where there is a risk that their human rights might be violated.

Moreover, according to the SAR Convention, States should coordinate and step in as soon as possible, to release shipmasters to continue on their journey with minimum further deviation or delay. The State responsible for the search and rescue region in which the vessel is rescued is also responsible for coordinating the response.

Since their adoption, these conventions have been amended through resolutions adopted by Member States in the International Maritime Organization (IMO) Assembly and the Maritime Safety Committee (MSC). MSC resolutions have further filled gaps and clarified State obligations towards rescued persons.

Table
Table 3. Examples of resolutions specifying and complementing conventions
RESOLUTION CLARIFICATIONS AND POITNS COMPLEMENTING CONVENTIONS

MSC GUIDELINES ON THE TREATMENT OF PERSONS RESCUED AT SEA

 

Specifies “the place of safety” as a location where rescue operations are considered to terminate, and where:

  • The survivors’ safety or life is no longer threatened;
  • Basic human needs (such as food, shelter and medical needs) can be met; and
  • Transportation arrangements can be made for the survivors’ next or final destination.

Establishes the responsibility of the government responsible for the search and rescue (SAR) region in which the survivors were recovered to provide a place of safety, or to ensure that a place of safety is provided,

Highlights the need to avoid disembarkation, in the case of asylum seekers and refugees, in territories where their lives and freedoms would be threatened.

RESOLUTION A.920 (22) REVIEW OF SAFETY MEASURES AND PROCEDURES FOR THE TREATMENT OF PERSONS RESCUED AT SEA

(adopted by the IMO assembly)

Establishes that

  • Assistance is to be provided to survivors of distress incidents regardless of nationality or status or the circumstances in which they are found;
  • Ships which have retrieved persons in distress at sea must be able to deliver the survivors to a place of safety

Treatment of survivors of distress at sea while on board – regardless of nationality or status, including undocumented migrants, asylum seekers, refugees and stowaways – must follow the relevant guidance, as set out in International Maritime Organization (IMO) instruments. Such treatment must also be in line with relevant international agreements and long-standing humanitarian maritime traditions.

 

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Derecho diplomático y consular

El derecho diplomático se ocupa de las relaciones de Estado a Estado y de la protección diplomática. Por su parte, el derecho consular comprende las normas que regulan la relación entre los cónsules y las personas de los Estados de origen y receptores. La protección diplomática es una intervención interestatal, realizada por funcionarios diplomáticos o representantes gubernamentales adscritos al ministerio de relaciones exteriores, en nombre del Estado. La asistencia consular, en cambio, es prestada por los cónsules, que cumplen funciones de representación política. La asistencia consular incluye tanto las obligaciones de los Estados como los derechos de sus nacionales. Estos derechos y obligaciones son parte del derecho internacional sobre migración. Por ejemplo, las autoridades consulares pueden inscribir el nacimiento de los hijos de migrantes, expedir documentos de viaje o proporcionar una prueba de la nacionalidad. Los migrantes tienen derecho a recurrir a la asistencia consular, entre otras cosas en caso de detención o antes de una expulsión.

Establecidas primero como derecho internacional consuetudinario, muchas normas fueron codificadas después de la Segunda Guerra Mundial en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Case Study
The obligation to allow consular support

On 9 January 2003, Mexico brought a case before the International Court of Justice (ICJ) against the United States of America in a dispute concerning alleged violations of articles 5 and 36 of the Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) with respect to 54 Mexican nationals who had been sentenced to death in certain states of the United States. The ICJ held that there is an obligation to provide consular information as soon as it is realized that the arrested person is a foreign national, or that there are grounds for thinking that the person is probably a foreign national. The Court found that the United States had also violated the obligation to enable Mexican consular officers to communicate with, have access to and visit their nationals, in 49 cases, and to arrange for their legal representation, in 34 cases.

According to ICJ, violations of this right must be subject to judicial review in the receiving State’s courts.

Fuente

ICJ, Avena and other Mexican nationals (Mexico v. United States of America), 2004.

Table
Table 4. Examples of articles of the Vienna Convention on Consular Relations relevant to migrants

ARTICLE 5

Provides for the main functions of consular officers in protecting and assisting their nationals abroad

ARTICLE 36

Recognizes the right to consular notification and access in case a migrant gets arrested, detained or imprisoned in a foreign State
  • Issuing passports and travel documents
  • Safeguarding migrants’ interests in cases of succession due to death
  • Acting as a notary and civil registrar
  • Safeguarding the interests of migrant children or those who lack the full capacity to act for themselves
  • Ensuring court representation for those who are unable to defend their rights

Requires the State arresting or detaining the migrant to:

  • Inform the consular post of the sending State of the detention
  • Provide the detainee access to their consulate, should they request it

Forward any communication by the detainee to their consulate

 

The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW) also prescribes the right of migrant workers and members of their families to receive consular protection and assistance in case their rights as recognized by the convention are impaired. It specifically refers to consular protection and assistance in cases of expulsion. Moreover, according to the ICRMW, States parties should ensure that consular services, as well as other services needed to meet the social, cultural and other needs of migrant workers and members of their families, are provided. The ICRMW also recognizes the State’s obligation to inform the relevant consular authorities if a migrant has been detained; the migrant’s right to communicate with his or her consulate; and the State’s obligation to inform the detained migrant of such rights.

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Derecho humanitario

International humanitarian law (IHL) is a set of rules that protects persons, including non-nationals, who are affected by armed conflict but are not, or are no longer, participating in the conflict (notably civilians). It seeks to limit the effects of the conflict, including restricting the means and methods of warfare. It applies only to armed conflicts, but applies to all parties involved in them, regardless of their responsibilities in starting the conflict and using force. Most of IHL is contained in the four Geneva Conventions and their Additional Protocols.

List
List 6. The four Geneva conventions
Four Geneva conventions

Note: This list is not exhaustive.

List
List 7. Additional protocols to the Geneva conventions
Additional protocols to the Geneva conventions 
  • Protocol I, 1977a

    Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
  • Protocol II, 1977b

    Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
  • Protocol III, 2005

    Relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem

Note: This list is not exhaustive.

Nearly all States are currently party to the Geneva conventions, and many provisions of IHL are accepted as customary international law. All four Geneva conventions, as well as Additional Protocol I, apply to international armed conflicts. As well, though, article 3 of each of the four Conventions and Protocol II prescribe the rules that must be respected by all parties to a non-international armed conflict.

The Fourth Geneva Convention is particularly important to international migration law (IML), as it:

  • Addresses the rights and obligations in relation to non-nationals on the territory of a party to the conflict.
  • Recognizes, for non-nationals:
    • The right to leave the territory in safety and dignity, except when it is contrary to the national interests of the State;
    • The right to freedom of religion;
    • The right to non-refoulement;
    • The right to humane treatment while detained; and
    • The equality with nationals in terms of medical treatment.
  • Establishes that children under 15 years, pregnant women and mothers of children under seven years benefit from the same extent of preferential treatment as the nationals of the State concerned.
  • Declares that parties to the conflict can only place people who are not their nationals in assigned residences if other measures of control are considered inadequate and “only if the security of the Detaining Power makes it absolutely necessary”.
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Derecho aéreo

El derecho aéreo regula el uso del espacio aéreo y la aviación. El principio más importante del derecho aéreo internacional es que cada Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio, incluido su mar territorial.

Sobre la base de este principio de la soberanía en el espacio aéreo, cada Estado tiene derecho a regular la entrada de aeronaves extranjeras y sus pasajeros a su territorio. Además, las personas que entren al territorio de un Estado de este modo estarán sujetas a las leyes de ese Estado. El principio de la soberanía en el espacio aéreo implica que el transportista tiene la responsabilidad de velar por que los pasajeros que lleguen a un Estado de destino cumplan las leyes de migración de ese Estado. Esta responsabilidad implícita se basa en el artículo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944, que ha sido ratificado por 193 Estados.

Los Estados establecieron la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que administrara el Convenio sobre Aviación Civil Internacional. La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas, que trabaja junto con los Estados miembros y los grupos del sector a fin de alcanzar consensos sobre las normas y métodos recomendados (SARPS) y las políticas de aviación civil internacional para fomentar un sector de la aviación civil seguro, eficiente, económicamente sostenible y responsable desde el punto de vista ambiental. Las normas y métodos recomendados están recogidos en los anexos del Convenio de 1944.

Las características centrales del derecho aéreo en lo que respecta a la migración son las siguientes:

  • El anexo 9 del Convenio de 1944 contiene orientaciones y modelos relacionados específicamente con la facilitación de los trámites de inmigración. También exige a los Estados que admitan en su territorio a los nacionales suyos que hayan sido expulsados de otro Estado, y que expidan documentos de viaje para facilitar esos retornos.
  • Según este anexo, la línea aérea que transporte al pasajero será responsable de este hasta que sea aceptado para su examen por la autoridad de inmigración.
  • Si un Estado deniega la entrada a un pasajero, el transportista tendrá la responsabilidad de llevarlo de vuelta a un Estado en que pueda ser aceptado.
  • El anexo exige asimismo a las líneas aéreas que examinen con la debida diligencia si los pasajeros cumplen los requisitos de entrada de los Estados; la línea aérea que no lo haga podrá ser multada por el Estado interesado.
  • El Protocolo contra la Trata y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes disponen que los Estados partes deberán adoptar medidas legislativas o de otra índole adecuadas para asegurarse de que las aeronaves (y otros medios de transporte) utilizados por transportistas comerciales no sean empleados para la comisión de delitos. Por ejemplo, los transportistas comerciales (con inclusión de todas las empresas de transporte y de los propietarios u operadores de cualquier otro medio de transporte) deben determinar si los pasajeros poseen los documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.
  • La legislación de la Unión Europea procura armonizar las sanciones financieras impuestas por los Estados miembros a los transportistas que introduzcan en sus territorios a nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea que no estén en posesión de los documentos de admisión requeridos.
  • Sin embargo, las sanciones a los transportistas han sido criticadas desde el punto de vista de la protección de los refugiados. Por ejemplo, una persona que busque asilo podría no poseer los documentos de viaje requeridos. En una situación de ese tipo, los funcionarios de la línea aérea no tendrán el mandato ni las competencias para evaluar la petición de protección internacional del solicitante de asilo. Es probable, por lo tanto, que la línea aérea simplemente no autorice el embarque de esa persona. Esta sería una obstrucción del derecho de la persona a solicitar asilo y a las debidas garantías procesales, y de su derecho a la protección contra la devolución, si es el caso.
Derecho mercantil

El derecho mercantil internacional regula las relaciones entre los Estados para el movimiento transfronterizo de bienes y servicios y de la propiedad intelectual. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados ratificaron el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), con el fin de crear un clima comercial y económico estable. El GATT condujo al establecimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. Mientras que el GATT se ocupaba principalmente del comercio de bienes, la OMC y sus acuerdos abarcan también el comercio de servicios, las compras del sector público y los derechos de propiedad intelectual.

Modo 4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

La movilidad laboral se trata de manera muy limitada en el Modo 4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS – Anexo sobre el Movimiento de Personas Físicas). El AGCS es un marco acordado a nivel multilateral, que apunta a liberalizar el comercio de servicios y que se aplica a los 164 Estados miembros de la OMC. Establece cuatro modos posibles para el comercio de servicios. El cuarto de ellos se refiere al movimiento de personas. Aunque solo lo hace en un contexto muy específico, el Modo 4 fue uno de los primeros acuerdos internacionales en regular el movimiento de personas, y sigue siendo importante.

El Modo 4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios abarca solo a las personas físicas (es decir, no incluye a los fideicomisos, organizaciones de beneficencia o empresas). Trata sobre el movimiento de personas que son proveedores de servicios (por ejemplo, profesionales independientes o proveedores de servicios contractuales) o que trabajan para un proveedor de servicios y se encuentran en otro Estado miembro de la OMC con el fin prestar un servicio (por ejemplo, los trabajadores trasladados para ocupar un espacio de oficinas en un país diferente, o los casos de traslados intraempresariales). No se ocupa de las personas que están intentando entrar en el mercado del empleo del Estado miembro de destino, ni afecta a las medidas relacionadas con la ciudadanía, la residencia o el empleo de carácter permanente. Los compromisos de los Estados en virtud del Modo 4 son muy limitados y conciernen solo a ciertas categorías de personas, principalmente personas vinculadas a una presencia comercial (como en el caso de los traslados intraempresariales) y trabajadores migrantes altamente calificados (directores, ejecutivos y especialistas). Otras restricciones que se inscriben frecuentemente en los acuerdos concertados por los Estados para gestionar a estos trabajadores especializados son una duración definida de la estancia; el establecimiento de cuotas referentes al número, los sectores, las categorías o la proporción de extranjeros empleados; el cumplimiento de condiciones previas al empleo; y los requisitos de residencia y formación (Klein Solomon, 2007: 112).

Acuerdos regionales y bilaterales

A nivel regional y bilateral, existen dos clases de arreglos relacionados con la libertad de circulación: los acuerdos comerciales y las comunidades económicas regionales.

Los acuerdos comerciales a nivel bilateral y regional suelen ceñirse al modelo del Modo 4 de la OMC; es decir, los compromisos sobre el movimiento de los trabajadores se enmarcan en el contexto más amplio del comercio de servicios. Como ejemplos en África cabe citar la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) (sitio web en inglés) y el Mercado Común para África Oriental y Meridional (sitio web en francés e inglés). Los acuerdos comerciales bilaterales más recientes tienden a incluir compromisos del Modo 4 más profundos —con más detalles sobre la gestión de la movilidad de los trabajadores— y más disposiciones relativas al reconocimiento de las cualificaciones.

El periodo siguiente a la Segunda Guerra Mundial fue testigo de grandes esfuerzos de integración económica regional, que condujeron al establecimiento de comunidades económicas regionales, con condiciones para la libre circulación de personas. Esa libre circulación establecida en las distintas comunidades económicas regionales abarca iniciativas generales de facilitación del libre movimiento de personas y también compromisos más estrechos y específicos, del tipo del Modo 4. Por consiguiente, la libertad de movimiento existente dentro de las comunidades económicas regionales varía considerablemente, desde los regímenes muy abiertos, como el de la Unión Europea, hasta los que aplican un enfoque gradual, como los de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) (sitio web en inglés), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) (sitio web en francés, inglés y portugués) y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO).

El reconocimiento común de las cualificaciones y competencias es uno de los requisitos fundamentales para la puesta en práctica de esos protocolos de libre circulación y acuerdos comerciales. Las novedades tecnológicas, como la subcontratación externa, los servicios en línea y el comercio electrónico, han añadido una nueva dimensión al movimiento de las personas en el contexto comercial.

Mensajes clave
  • El derecho internacional sobre migración define las obligaciones y los derechos de los Estados en el ámbito de la migración, así como los derechos de los migrantes.
  • La expresión “derecho internacional sobre migración” es un término genérico que incluye distintas normas derivadas de muchas ramas diferentes del derecho internacional, que se complementan y refuerzan mutuamente. Comprende instrumentos internacionales y regionales.
  • Las ramas del derecho internacional sobre migración son el derecho de los derechos humanos, el derecho del trabajo, el derecho de los refugiados, el derecho penal internacional, el derecho de la nacionalidad, el derecho del mar, el derecho humanitario, el derecho diplomático y consular, el derecho aéreo y el derecho mercantil.
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