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Como explica el Comité Permanente entre Organismos, la acción humanitaria se basa en la premisa de que el sufrimiento humano debe prevenirse y aliviarse dondequiera que ocurra (el denominado “imperativo humanitario”). Si bien cada organización humanitaria puede regirse por un conjunto más amplio, hay cuatro principios humanitarios básicos y ampliamente aceptados que guían la acción humanitaria, a saber: humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia (ibíd., págs. 8 y 9). La acción humanitaria también se denomina “ayuda humanitaria”, “asistencia”, “socorro”, “socorro de emergencia” o “acción de socorro”. En concreto, por lo que respecta a la asistencia humanitaria de emergencia, en la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se indica que dicha asistencia sienta las bases para la recuperación, la transición y el desarrollo: “Hay una clara relación entre emergencia, rehabilitación y desarrollo. A fin de lograr una transición sin tropiezos del socorro a la rehabilitación y el desarrollo, la asistencia de emergencia debería prestarse de manera tal que apoyara la recuperación y el desarrollo a largo plazo. De esta manera, las medidas de emergencia deberían considerarse un paso hacia el desarrollo a largo plazo” (Asamblea General de las Naciones Unidas, Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas [19 de diciembre de 1991], documento A/RES/46/182 de las Naciones Unidas, párr. 9).

: Los instrumentos de “aceptación” o “aprobación” de un tratado revisten la misma importancia y producen los mismos efectos jurídicos que la ratificación. Por consiguiente, expresan el consentimiento de un Estado en obligarse por dicho tratado. Algunos Estados optan por la aceptación y la aprobación en lugar de la ratificación cuando, en el plano nacional, el derecho constitucional no exige la ratificación del tratado por el jefe de Estado (arts. 2, párr. 1 b), y 14, párr. 2, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados [1969]) (Colección de Tratados de las Naciones Unidas, Glossary of Terms Relating no Treaty Actions [2016]).

Los acompañantes médicos tienen la responsabilidad de prestar la mejor atención posible a las personas que viajan, desde el punto de partida hasta el lugar de llegada en circunstancias determinadas. Los acompañantes médicos se encargan de la derivación de las personas con problemas importantes de salud al personal sanitario o a las familias en el país de acogida.

En su acepción más restrictiva, el término “acuerdo” remite a un convenio que ha de revestir un carácter vinculante, pero es generalmente menos oficial o de menor rango que un tratado o convención. El término designa un tratado que suele adoptar la forma de un instrumento único, que se diferencia generalmente de una “convención” en el sentido de que versa sobre una materia más específica o menos permanente (J. Grant y J. Barker [eds.], Parry and Grant Encyclopedic Dictionary of International Law [3a edición, Oxford University Press, 2009]).

En algunos casos, los acuerdos comerciales y las plataformas de cooperación regional también establecerán disposiciones relativas a la movilidad de la mano de obra.

La adhesión reviste la misma importancia y produce los mismos efectos jurídicos que la ratificación, pero este término se emplea habitualmente cuando un Estado pasa a ser parte en un tratado ya en vigor.

En el artículo 15 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (aprobada el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980) se establece que “[el] consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la adhesión: a) cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; o c) cuando todas las partes hayan consentido ulteriormente que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión”.

Se considera que un extranjero ha sido “admitido” si ha atravesado un paso fronterizo (por vía aérea, terrestre o marítima) y ha obtenido el permiso de las autoridades de inmigración para entrar en el país. Por el contrario, no se considerará que ha sido admitido si entra en el país de forma irregular.

La admisión humanitaria es un proceso acelerado que se puede aplicar a una determinada población cuando esta se encuentre en situación de extrema inseguridad o vulnerabilidad y tenga necesidades apremiantes de protección. En el momento de la admisión, se suele conceder a los beneficiarios una condición jurídica específica, normalmente de carácter temporal; además, se evalúa periódicamente si la persona concernida sigue necesitando protección.

En la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e Internacional (resolución 41/85 de la Asamblea General de las Naciones Unidas [3 de diciembre de 1986]) se establecen varios principios y directrices consensuados para garantizar la protección de los menores en el marco de las adopciones nacionales e internacionales.

La nacionalidad puede adquirirse, o bien al nacer, o bien después del nacimiento. Las formas más comunes de adquisición de la nacionalidad al nacer son la adquisición por ascendencia (ius sanguinis) o por nacimiento en el territorio del Estado en cuestión (jus soli). La nacionalidad también puede adquirirse después del nacimiento, por ejemplo mediante la adopción, la legitimación de un niño nacido fuera del matrimonio, el matrimonio y la naturalización, o a raíz de la cesión de territorio de un Estado a otro

En el artículo 87 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (aprobada el 10 de diciembre de 1982 y en vigor desde el 16 de noviembre de 1994) se establece lo siguiente: “La alta mar está abierta a todos los Estados, sean ribereños o sin litoral. La libertad de la alta mar se ejercerá en las condiciones fijadas por esta Convención y por las otras normas de derecho internacional”. En el artículo 98 de dicha Convención se prevé la obligación de prestar auxilio en alta mar, al disponer que: “1. Todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros: a) Preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar; b) [s]e dirija a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro [...]; c) [e]n caso de abordaje, preste auxilio al otro buque, a su tripulación y a sus pasajeros [...]".

La “alternativa de huida interna” también se denomina “alternativa de protección interna” o “alternativa de reubicación.”

El derecho internacional de los derechos humanos establece que la detención se debe utilizar únicamente como medida de último recurso, es decir, cuando no haya otra alternativa viable. Ello es aplicable asimismo al contexto de la migración. A título de ejemplo, cabe señalar medidas tales como las iniciativas normativas o legislativas que inciden en la labor de prevención de la detención innecesaria; los procedimientos efectivos de investigación e identificación; los modelos comunitarios o adaptados según el caso; las opciones de fianza, caución y garante; los centros en régimen abierto o semiabierto; la obligación de apersonarse; y las opciones para la resolución de casos.

: Cada año, millones de personas se ven desplazadas por los efectos adversos de los peligros naturales, como inundaciones, tormentas tropicales, terremotos, corrimientos de tierra, sequías, infiltración de aguas salinas, derretimiento de glaciares, desbordamiento repentino de lagos glaciares y derretimiento del permafrost. De esas personas, la gran mayoría se ven desplazadas a causa de peligros relacionados con las condiciones meteorológicas y el clima. El mayor aumento de los desplazamientos debido a los efectos de los peligros naturales guarda relación con los peligros relacionados con los fenómenos meteorológicos repentinos y con el clima, en particular las inundaciones. Además, son cada vez más las personas que se ven obligadas a abandonar el lugar donde se encuentran debido a los efectos de evolución lenta de la subida del nivel del mar, la desertificación o la degradación ambiental. Se prevé que el cambio climático, combinado con la creciente exposición y vulnerabilidad de las personas, magnifique estas tendencias, a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se hagan más frecuentes e intensos en los próximos decenios (véase Observatorio de Desplazamiento Interno, Global Estimates 2015: People Displaced by Disasters [2015]; Agenda de la Iniciativa Nansen para la Protección de las Personas Desplazadas a través de Fronteras en el Contexto de Desastres y Cambio Climático [vol. 1, diciembre de 2015]).

Una persona se considera apátrida si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 1, párrafo 1, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas (aprobada el 28 de septiembre de 1954 y en vigor desde el 6 de junio de 1960). Por lo que respecta al primer elemento de esta definición, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “una investigación para determinar si una persona es apátrida se limita a los Estados con los cuales esa persona goza de un vínculo relevante, en particular por nacimiento en el territorio, descendencia, matrimonio, adopción o residencia habitual” (ACNUR, Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas en Virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 [2014], párr. 18).

El segundo elemento de la definición (“conforme a su legislación”) requiere un análisis del modo en que un Estado aplica su normativa en materia de nacionalidad en el caso de una persona en particular, así como de cualquier decisión adoptada en el marco de un recurso de revisión o apelación que pudiera haber tenido repercusiones para la condición jurídica de dicha persona. A este respecto, el ACNUR aclara que se trata de “un asunto mixto de hecho y de derecho […] Un Estado puede en la práctica no seguir la letra de la ley, incluso yendo tan lejos como para ignorar su esencia. La referencia a la ʻlegislaciónʼ en la definición de apatridia en el artículo 1[, párrafo1,] por lo tanto, abarca situaciones donde la ley escrita es sustancialmente modificada cuando se trata de su implementación en la práctica” (ibíd., párrs. 23 y 24).

El artículo 1, párrafo 1, de la Convención es aplicable en contextos tanto migratorios como de otra índole. Por ejemplo, un apátrida puede haber permanecido en un país durante toda su vida sin haber cruzado frontera internacional alguna. No obstante, la apatridia suele considerarse a la vez como causa y consecuencia de la migración. En algunos casos, un apátrida puede haberse convertido en refugiado al no poder o no querer regresar a su lugar de residencia habitual por el temor a ser perseguido por cualquiera de los motivos contemplados en la definición de refugiado (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados [aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954], art. 1, secc. A, párr. 2

La apatridia puede ser el resultado de diversos factores, como los conflictos de leyes de nacionalidad, las transferencias de territorio (sucesión de Estados), las prácticas administrativas, la discriminación, el no registro de nacimientos, la privación arbitraria de libertad, la renuncia a la nacionalidad y la residencia a largo plazo en el extranjero. Los menores también pueden heredar la apatridia de sus progenitores.

“La migración es un determinante social de la salud que puede incidir en la salud y el bienestar de las personas y las comunidades. La migración puede contribuir a mejorar el estado de salud de las personas migrantes y de sus familiares al permitirles escapar de la persecución y la violencia; al mejorar su situación socioeconómica; al ofrecerles mayores oportunidades en materia de educación; y al contribuir a aumentar el poder de adquisición de los familiares que ʻquedaron atrásʼ, gracias a las remesas. Aun así, el proceso migratorio puede generar riesgos para la salud de quienes migran, tales como peligrosas travesías; factores de estrés y actos de maltrato psicosocial; carencias nutricionales y cambios de estilo de vida; la exposición a enfermedades contagiosas; el acceso limitado a servicios de atención de la salud preventivos de calidad; o la interrupción de tratamientos” (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], División de Migración y Salud, Migración y salud en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (sin fecha), pág. 1; Véase asimismo: Organización Mundial de la Salud (OMS), Refugee and Migrant Health (sin fecha), disponible en www.who.int/migrants/en/ (última consulta: febrero de 2018).

En todo momento, antes y durante el viaje, podrán realizarse evaluaciones de la aptitud para viajar. Los riesgos para la salud relacionados con el viaje y el transporte de personas o grupos de personas son el resultado de la interacción de tres factores: a) el estado de salud del viajero (que depende de su edad y sus problemas de salud preexistentes, así como de los determinantes sociales de la salud y su vulnerabilidad); b) el viaje propiamente dicho (a saber, la duración y el medio de transporte utilizado); y c) el acceso a los servicios de atención de la salud antes y durante el viaje, así como en el lugar de destino. Estos tres factores pueden determinar la probabilidad de que surjan problemas de salud durante o después del viaje, así como su naturaleza. La gestión de la salud de las personas que viajan conlleva la necesidad de mitigar los riesgos e intentar prevenir o minimizar los efectos adversos. La mitigación de los riesgos comprenderá la remisión de una persona para someterla a exámenes complementarios, la administración de tratamientos de estabilización y la adopción de disposiciones especiales antes, durante y después del viaje.

El término “arreglos laborales bilaterales” es más amplio que el término “acuerdos laborales bilaterales”, pues también abarca los convenios que no tienen carácter jurídico, como los memorandos de entendimiento y los arreglos “no gubernamentales”, como los arreglos concluidos entre agencias de empleo nacionales de diferentes países.

Si bien en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos se utiliza el término “reasentamiento”, en la actualidad el término “asentamiento en otro lugar del país” se utiliza más a menudo para hacer referencia a una de las tres soluciones duraderas para los desplazamientos internos. También se suele utilizar el término “reubicación” como alternativa (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adición al informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos [11 de febrero de 1998], documento E/CN.4/1998/53/Add.2 de las Naciones Unidas, sección V).

Por lo general, este término se emplea para hacer referencia al asilo territorial, esto es, al asilo otorgado por un Estado a personas que se encuentran en su territorio. En algunos casos, el asilo también puede concederse en las instalaciones de una embajada o representación.

Un Estado puede conceder asilo diplomático (en su acepción más estricta) en sus misiones diplomáticas y en las residencias privadas de los jefes de misión, en sus consulados, a bordo de sus embarcaciones en las aguas territoriales de otro Estado (asilo naval), así como a bordo de sus aeronaves y en sus instalaciones militares o paramilitares situadas en el territorio de otro Estado, pero no en las instalaciones de las organizaciones internacionales (véase: Asamblea General de las Naciones Unidas, Question of Diplomatic Asylum. Report of the Secretary-General [22 de septiembre de 1975], documento A/10150 de las Naciones Unidas, parte II, párr. 1).

Algunos Estados cuestionan la existencia del derecho a conceder asilo diplomático. En el plano regional, este derecho se ha reconocido en una serie de acuerdos regionales, como la Convención sobre Asilo Diplomático de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (aprobada el 28 de marzo de 1954 y en vigor desde el 29 de diciembre de 1954).

: Las políticas de integración cimentadas principalmente en el principio de asimilación han sido objeto de considerables críticas, tanto entre los académicos como entre los responsables de la formulación de políticas, por ser unilaterales y por no incorporar ámbitos normativos importantes, como la cohesión social, el transnacionalismo, la diversidad y la tolerancia. Por estas razones, las políticas de asimilación ya no se consideran un enfoque deseable para integrar a los migrantes en los países de destino o de tránsito (véase, por ejemplo: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], Derechos de las minorías: normas internacionales y orientaciones para su aplicación [2010], pág. 9)

El control biométrico es el proceso mediante el cual se recopilan las medidas biométricas y se registran en un sistema informático con el fin de utilizarlas para verificar o determinar la identidad de una persona. Algunos gobiernos han instaurado la biometría para incrementar la seguridad en la expedición de pasaportes, visados y permisos de residencia.

Por ejemplo, la ley puede establecer que un extranjero titular de un visado de estudiante tendrá derecho, una vez concluidos sus estudios, a solicitar un cambio de condición jurídica y sustituir su visado de estudiante por un visado de trabajo.

En el contexto de la migración, en concreto cuando se interpone un recurso de apelación contra una decisión de no admisión, el extranjero que desea ser admitido por el Estado concernido debe demostrar que reúne las condiciones de entrada establecidas en las leyes de dicho Estado o en las normas de derecho internacional. En el contexto del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, “quien tiene la carga de establecer la veracidad de los alegatos y la exactitud de los hechos sobre los que ha basado su solicitud de asilo es el solicitante […]. En vista de las particularidades de la situación de un refugiado, el examinador comparte con este el deber de averiguar y evaluar todos los hechos pertinentes del caso” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Nota sobre la Carga y el Mérito de la Prueba en las Solicitudes de Asilo [16 de diciembre de 1998], párr.6).

Independientemente de su condición, los migrantes son detenidos en diversos espacios físicos, entre los que cabe señalar las instalaciones designadas para la detención de inmigrantes; centros no oficiales de detención de inmigrantes; centros de devolución (expulsión) o de tránsito; centros de recepción o tramitación de régimen cerrado; centros de recepción o tramitación de régimen semiabierto; campamentos de refugiados de régimen cerrado; centros penitenciarios; cárceles policiales o comisarías; instalaciones de empresas de seguridad privadas; aeropuertos; barcos; etc. Sea cual fuere el nombre con que se designe un centro, si una persona se ve privada de su libertad, se aplican las salvaguardias garantizadas en virtud del derecho internacional.

En el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976) se establece lo siguiente: “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Los centros de detención para migrantes no deben asemejarse de manera alguna a las instalaciones de carácter penitenciario. En particular, las autoridades a cargo de estas instalaciones no deben pertenecer a las fuerzas de seguridad. Por otra parte, los funcionarios que trabajan en este tipo de instalaciones deben estar capacitados en materia de derechos humanos, diversidad cultural y género, en particular en lo que respecta a las necesidades de los migrantes en situación de vulnerabilidad, al tiempo que las normas disciplinarias deben ser muy distintas de las aplicables a las instalaciones penitenciarias. Además, las mujeres deben estar separadas de los hombres.

Los Estados tienen la responsabilidad de asegurarse de la existencia de condiciones de detención humanas, incluso en centros de detención administrados por entidades privadas (véase: Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, asunto C. y B. c. Australia [19 de septiembre de 2003], documento CCPR/C/78/D/1020/2001 de las Naciones Unidas).

La jurisprudencia de los órganos de derechos humanos ha aclarado que, cuando una persona es privada de libertad en un centro específico, comoquiera que se denomine ese centro, se considera que está detenida y se aplican las salvaguardias relativas a la detención, como, por ejemplo, la prohibición de sancionar a los solicitantes de asilo y a los refugiados, en determinadas condiciones, por su entrada o estancia irregular en el país.

La denominación de las funciones de estos centros varía de un país a otro (centros de alojamiento, centros de identificación, centros de tramitación, centros en zonas críticas, centros de retención y centros de detención). Algunas instalaciones pueden alojar a un grupo particular de extranjeros únicamente, por ejemplo a aquellos que solicitan protección internacional, mientras que otras pueden alojar a diversos grupos. Los centros de acogida pueden ser de régimen abierto, semiabierto o cerrado, y estar administrados por entidades públicas o privadas. En el caso de los centros de acogida de régimen cerrado, sea cual fuere la denominación que estos reciban, los Estados tienen la obligación de observar el derecho de las personas a la libertad y a la seguridad, y de respetar todas las garantías de derechos humanos relacionadas con la detención.

Normalmente, los Estados expiden los certificados de identidad a extranjeros, por ejemplo, los apátridas, u otras personas que no pueden obtener un documento de viaje de su país de nacionalidad, o necesitan con urgencia un documento de viaje por motivos humanitarios y compasivos. Es preciso hacer la distinción entre los certificados de identidad y los documentos nacionales de identidad que, por lo general, se pueden expedir tanto para los nacionales como para los residentes permanentes y que, en el marco de algunos regímenes fronterizos nacionales u acuerdos regionales, permiten que el titular cruce una frontera internacional, normalmente por un periodo limitado y a una distancia específica de la frontera.

Por lo general, el certificado de nacimiento sirve de base para la expedición de todos los demás documentos de identidad y permite confirmar la identidad de una persona en los archivos oficiales.

Este intercambio se efectúa a través de redes transnacionales de comunicación, así como por medio de viajes regulares u ocasionales entre los países de origen y de destino. En muchos corredores migratorios, el paradigma de la fuga de cerebros y la captación/el desaprovechamiento/la circulación de cerebros está siendo sustituido por un enfoque centrado en las competencias (por ejemplo, en términos de fomento, reconocimiento y transferencia).

En el artículo 1, sección C, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril 1954) se establece que la Convención cesará de ser aplicable a toda persona reconocida como refugiada “1) [s]i se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad; o 2) [s]i, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o 3) [s]i ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad; o 4) [s]i voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida; o 5) [s]i, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad; […] o 6) [s]i se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual” (Véase asimismo: Organización de la Unidad Africana, Convención por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África [aprobada el 10 de septiembre de 1969 y en vigor desde el 20 de junio de 1974], art. 1, párr. 4).

En la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954), las cláusulas de exclusión se refieren a los artículos 1D, E y F. Los artículos 1D y E excluyen a las personas que ya se benefician de la protección de un órgano u organismo de las Naciones Unidas que no sea el ACNUR o el Estado de acogida en su calidad de residentes a los que se reconocen los derechos y obligaciones inherentes a la nacionalidad. En virtud del artículo 1F de dicha Convención, no se reconocerá la condición de refugiado a “persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: a) [q]ue ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos; b) [q]ue ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada; c) [q]ue [sea] culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas”. Existen cláusulas de exclusión similares para otras formas de protección internacional, como la protección complementaria (véase, por ejemplo, la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida [refundición] [13 de diciembre de 2011], DO L 337/9, art. 17).

En la definición de “trata de personas”, la coerción se reconoce explícitamente como uno de los medios utilizados para la comisión de este delito (Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional [aprobado el 15 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 25 de diciembre de 2003], art. 3 a)).

Como se señala en la definición formulada por el Centro de Información sobre el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración, la condición de excombatiente puede certificarse mediante un proceso de desmovilización a cargo de una autoridad reconocida. Las personas que se desmovilizan de forma espontánea, como los desertores, también pueden considerarse excombatientes, siempre y cuando pueda demostrarse que no han tenido la condición de combatiente durante un periodo de tiempo determinado (Centro de Información sobre el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración, “ex-combatant”, en General Integrated Disarmament, Demobilization, and Reintegration Standards, 1.20 Glossary: Terms and Definitions [1º de agosto de 2006], pág. 7). La OIM considera preferible emplear el término “desmovilización espontánea”, ya que permite deducir que la salida de un grupo extremista violento reconocido como tal es de carácter voluntario y se produce sin el apoyo de los Estados u otro medio de asistencia internacional o nacional.

En el marco de los procesos tradicionales de desarme, desmovilización y reintegración, la desmovilización es un acto voluntario, de carácter formal o informal, por el que una o varias personas dejan de pertenecer a las fuerzas armadas u otros tipos de grupos armados, deponiendo sus armas. La desmovilización también puede consistir en un proceso formal por el que, mediante procedimientos e instituciones judiciales, se reconoce la salida oficial de una persona de un grupo armado.

También se suele emplear el término “incautación de activos”. Un buen ejemplo de ello en el contexto de la migración es la retención de un vehículo utilizado para el tráfico de personas hacia un país.

En el derecho internacional humanitario se distinguen dos tipos de conflicto armado, a saber: los conflictos armados internacionales y los conflictos armados no internacionales.

Existe un conflicto armado internacional cuando dos o más Estados recurren a la fuerza armada. En el artículo 2 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 se establece que un “conflicto armado [puede surgir] entre dos o varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra” (véase, a modo de ejemplo, el Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra [aprobado el 12 de agosto de 1949 y en vigor desde el 21 de octubre de 1950] [Cuarto Convenio de Ginebra], art. 2).

De conformidad con el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, un conflicto armado no internacional se produce “en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes” entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados organizados no estatales, o entre dichos grupos (ibíd., art. 3). En cualquier caso, un conflicto armado no internacional debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad, y las partes que participan en el conflicto deben contar con un nivel mínimo de organización. Este aspecto distingue los conflictos armados no internacionales de las tensiones o los disturbios internos, como revueltas, actos de violencia esporádicos y aislados u otros actos de índole similar. Sin embargo, en el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, la definición de “conflicto armado no internacional” se limita aún más al especificar que este tipo de conflicto se produce “en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el […] Protocolo” (Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados No Internacionales [aprobado el 8 de junio de 1977 y en vigor desde el 7 de diciembre de 1978] [Protocolo Adicional II], art. 1, párr. 1). Esta definición es más restrictiva que la del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, ya que introduce la noción de control territorial y no se aplica a los conflictos armados entre grupos armados no estatales. Con todo, esta definición más restringida se refiere únicamente a la aplicación del Protocolo Adicional II (Comité Internacional de la Cruz Roja, How is the Term “Armed Conflict” Defined in International Humanitarian Law? [documento de opinión, marzo de 2008]).

El principio del consentimiento informado se basa en la premisa moral y jurídica de la autonomía del paciente y el derecho de este a tomar decisiones relacionadas con su salud y las enfermedades que padece. En el contexto de la salud y la migración, el consentimiento informado puede referirse al consentimiento individual del migrante, tras una sesión de orientación, por ejemplo, para someterse a una evaluación de la salud y exámenes médicos relacionados con la migración.

La cuestión de la gestación subrogada internacional no se aborda en ninguna convención internacional. Sin embargo, se ha reconocido que los acuerdos internacionales de gestación subrogada pueden tener repercusiones en la aplicación práctica del Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional (aprobado el 29 de mayo de 1993 y en vigor desde el 1º de mayo de 1995). En particular, algunos Estados han expresado su preocupación por la incertidumbre en torno a la condición jurídica de muchos de los niños que nacen como resultado de contratos internacionales de gestación subrogada, en lo que respecta tanto a la paternidad como a la adquisición de la nacionalidad, y por las posibles consecuencias de esta incertidumbre para la protección del niño (Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Private International Law Issues Surrounding the Status of Children, including Issues Arising from International Surrogacy Arrangements [marzo de 2011], pág. 3).

Cuando se trata del movimiento de personas en conflictos armados internacionales, los crímenes de guerra comprenden, entre otras cosas: la deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal; y el traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio. Por lo que respecta a los conflictos armados no internacionales, los crímenes de guerra incluyen la expedición de una orden de desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional [aprobado el 17 de julio de 1998 y en vigor desde el 1º de julio de 2002], art. 8, párrs. 1 y 2).

Hoy en día, se considera que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de genocidio tienen carácter consuetudinario. Tales crímenes guardan relación con la migración porque algunos de ellos pueden conllevar desplazamientos forzosos o ser la causa de esos desplazamientos.

Todos los Estados tienen la obligación de enjuiciar o extraditar a las personas responsables de la comisión de esos crímenes; la responsabilidad individual por su comisión también es exigible a nivel internacional.

Como se indica también en el Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis Migratoria, “[l]a perspectiva de crisis migratoria ha sido desarrollada a fin de poner de relieve las dimensiones migratorias de las crisis que suelen dejarse de lado en las respuestas a situaciones de crisis, a saber: a) [l]os patrones de movilidad humana antes, durante y después de una crisis; b) [l] os tipos de consecuencias resultantes de estos patrones, desde distintas perspectivas, por ejemplo, perspectivas humanitarias (a saber: necesidades humanitarias masivas en términos de seguridad alimentaria y albergue), perspectivas de gestión de la migración (es decir: necesidades de transporte a gran escala de poblaciones hacia un lugar seguro), y perspectivas de paz y desarrollo; c) [l] as repercusiones de este tipo de consecuencias para conferir respuestas rápidas, exhaustivas, previsibles y responsables para beneficio de las poblaciones afectadas; d) [l]as necesidades de poblaciones móviles vulnerables que no se cubren adecuadamente en los demás mecanismos existentes, particularmente cuando se trata de migrantes internacionales atrapados en situaciones de crisis en los países de destino y tránsito” (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis Migratoria [15 de noviembre de 2012], documento MC/2355, párr. 5).

La cuarentena, que empezó a practicarse en el siglo XIV, es una de las medidas más antiguas para contener la propagación de enfermedades mediante la restricción de la circulación de personas. Otro término conexo, pero no del todo similar, es “aislamiento”, que significa la separación de las personas enfermas de aquellas que no lo están (Organización Mundial de la Salud [OMS], Reglamento Sanitario Internacional [2005], pág. 5).

En muchas circunstancias en las que no hay tutores legales o es imposible nombrarlos, el término “cuidador” se utiliza para designar al adulto a cargo de un menor. También se emplea en el contexto de los menores no acompañados y separados. Cuando sea posible, el menor debe contar con una persona que cuide de él de forma continua. Los cambios frecuentes de lugar de acogida y de cuidador siempre deberían evitarse. El cuidador no debe ser el principal funcionario encargado del menor ni un funcionario de protección infantil (L. Melville Fulford, Alternative Care in Emergencies (ACE) Toolkit, Extended Guidance [Save the Children, 2012], pág. 9).

Muchos países establecen cuotas (o cupos) anuales para la admisión de migrantes. Las cuotas de inmigración pueden utilizarse para fijar el número total de inmigrantes y establecerse en función de criterios específicos, como la nacionalidad, el nivel de competencias, la ocupación o la categoría de inmigrante (es decir, si la persona entra en el país como trabajador migrante o en el marco de un programa de reasentamiento de refugiados o de reunificación familiar).

El derecho al debido proceso y a la protección procesal está garantizado para todas las personas, incluidos los extranjeros, en todas las actuaciones procesales, incluidas las que guardan relación con la inmigración, la emigración, los cargos penales, la detención, la expulsión o la deportación. Está consagrado en diversos instrumentos internacionales, por ejemplo en los artículos 9, 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976); los artículos 5, párrafo 2, y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (aprobado el 4 de noviembre de 1950 y en vigor desde el 3 de septiembre de 1953); los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada el 22 de noviembre de 1969 y en vigor desde el 18 de julio de 1978); los artículos 6, 7 y 26 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (aprobada el 27 de junio de 1981 y en vigor desde el 21 de octubre de 1986); y los artículos 16, 18 y 83 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003).

En la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada el 15 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 28 de enero de 2004), no se define expresamente el término “delincuencia organizada transnacional”, ni se enumeran las actividades delictivas que podrían pertenecer a esta categoría. Ello obedece a una decisión consciente de los redactores de la Convención, quienes dejaron un amplio margen para que la Convención también pudiera aplicarse a nuevos tipos de delito de rápida evolución (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Organized Crime.”

La denegación puede atribuirse, entre otras cosas, al hecho de que el solicitante no pertenezca a ninguna de las categorías autorizadas a entrar en el Estado en virtud de sus leyes, a razones de orden público o de salud pública, o porque el solicitante no tiene recursos suficientes.

En el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (aprobado el 12 de agosto de 1949 y en vigor desde el 21 de octubre de 1950) se establece que “[l]os traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo”. Si bien no existe claridad en cuanto a la definición de “deportación” y el modo en que se diferencia de “traslado forzoso” en el marco del derecho internacional humanitario, cabe afirmar que la deportación consiste en el desplazamiento forzado a través de las fronteras internacionales, mientras que el traslado se produce dentro del territorio de un Estado (V. Chetail, “The Transfer and Deportation of Civilians”, en A. Clapham, P. Gaeta y M. Sassòli [eds.], The Geneva Conventions: A Commentary [Oxford University Press, 2015], págs. 1188 y 1189). En cualquier caso, en virtud del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra y del derecho consuetudinario, tanto la deportación como el traslado forzoso están prohibidos en tiempos de ocupación (véase: Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], , CICR y Cambridge University Press, 2005, págs. 457 a 459). Aunque no se menciona en las disposiciones relativas a los conflictos armados no internacionales, podría decirse que la deportación está incluida en la prohibición más amplia de los desplazamientos forzados (V. Chetail, “The Transfer and Deportation of Civilians”, págs. 1205 y 1206; véase asimismo el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados No Internacionales [aprobado el 8 de junio de 1977 y en vigor desde el 7 de diciembre de 1978][Protocolo Adicional II], art. 17, párrs. 1 y 2). La única excepción a esta prohibición se produce cuando así lo exigen la seguridad de los civiles o razones militares imperiosas. No obstante, para que se cumpla esta última condición, es preciso alcanzar un umbral significativamente alto, ya que no existen razones militares que puedan considerarse imperiosas. La violación de esta prohibición constituye un crimen de guerra (véase el Cuarto Convenio de Ginebra, art. 147; el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 13 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales [aprobado el 8 de junio de 1977 y en vigor desde el 7 de diciembre de 1979, art. 84, párr. 4 a); y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional [aprobado el 17 de julio de 1998 y en vigor desde el 1º de julio de 2002], art. 8, párrs. 2 a) vii) y 2 e) viii)).

En el marco del derecho penal internacional, la deportación también es un delito subyacente del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad si se perpetra como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque (véase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, arts. 6 e) y 7, párr. 1 d), respectivamente).

Como se establece en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada el 10 de diciembre de 1948), “[e]n caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”. El uso del término “disfrutar” que figura en la Declaración se ha interpretado como un reconocimiento del derecho de los Estados a conceder asilo y a permitir que los solicitantes de asilo entren en su territorio, a pesar de que estén protegidos contra la devolución. En algunos casos, la protección contra la devolución hace necesario que la persona concernida sea admitida. El único instrumento vinculante en el que se reconoce el derecho a obtener asilo es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (aprobada el 27 de junio de 1981 y en vigor desde el 21 de octubre de 1986) (art. 12, párr. 3).

El derecho a salir de cualquier país también se establece en otras disposiciones jurídicas, como el artículo 12, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976), en el que se establece lo siguiente: “Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio”. Este derecho se aplica a todas las personas sin distinción. Sin embargo, en el derecho internacional no existe ningún derecho correlativo a entrar en el territorio de otro país.

El derecho al retorno también queda consagrado en el artículo 12, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976): “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”. El derecho de toda persona a entrar en el propio país es el fruto del reconocimiento de la relación especial que mantiene con ese país. En el texto del artículo 12, párrafo 4, del Pacto no se hace distinción alguna entre nacionales y extranjeros. Según el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “[e]l texto del [artículo 12, párrafo 4,] permite una interpretación más amplia que podría abarcar otras categorías de residentes a largo plazo, en particular, pero no exclusivamente, los apátridas privados arbitrariamente del derecho a adquirir la nacionalidad del país de residencia” (Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, observación general Nº 27 relativa a la libertad de circulación (artículo 12) [1º de noviembre de 1999], documento CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 de las Naciones Unidas, párr. 20). Asimismo, el Comité especifica que el derecho también se aplica a “los nacionales de un país que hubieran sido privados en él de su nacionalidad en violación del derecho internacional” y a “las personas cuyo país se haya incorporado o transferido a otra entidad nacional cuya nacionalidad se les deniega” (ibíd.).

En los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos también se reconoce la obligación de las autoridades competentes de “establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos” (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adición al informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos (11 de febrero de 1998), documento E/CN.4/1998/53/Add.2 de las Naciones Unidas, Principio 28).

Los dos principales elementos que componen el proceso de formación del derecho internacional consuetudinario son: una práctica general de varios Estados aceptada por otros (diuturnitas) y la convicción de que dicha práctica es obligatoria en virtud de las normas vigentes, o de que es compatible con estas (opinio iuris) (J. Grant y J. Barker [eds.], Parry and Grant Encyclopedic Dictionary of International Law [2a edición, Oxford University Press, 2004]). Por lo que respecta a la opinio iuris, en las causas relativas a la Plataforma continental del Mar del Norte, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que los actos en cuestión no solo debían representar una práctica establecida, sino que además debían ser tales, o llevarse a cabo de un modo tal, que demostraran la convicción de que dicha práctica era obligatoria en virtud de la existencia de una norma de derecho que la imponía. La necesidad de la presencia de esa convicción, es decir, de la existencia de un elemento subjetivo, estaba implícita en la propia noción de la opinio iuris sive necessitatis. Los Estados en cuestión debían, por ende, creer que estaban ajustando su conducta a lo que constituía una obligación legal (Corte Internacional de Justicia, North Sea Continental Shelf Cases [1969] ICJ Reports, párr. 77). Varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada el 10 de diciembre de 1948), en particular la prohibición de la esclavitud, de la tortura, de la detención arbitraria y de las ejecuciones sumarias, se reconocen universalmente como componentes del derecho internacional consuetudinario. El derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, el principio de no discriminación y el principio de no devolución, que revisten particular importancia en el contexto de la migración, también se consideran comúnmente como parte del derecho consuetudinario.

El derecho internacional humanitario también se conoce como “derecho de la guerra”, “derecho de los conflictos armados” o “ius in bello”. Esta rama del derecho no regula si un Estado puede realmente utilizar la fuerza; se rige por otras normas importantes de derecho internacional sobre el recurso de los Estados al uso de la fuerza (ius ad bellum) que se enuncian en la Carta de las Naciones Unidas. Las principales fuentes del derecho internacional humanitario son los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977. El Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (aprobado el 12 de agosto de 1949 y en vigor desde el 21 de octubre de 1950) contiene varias disposiciones que se aplican específicamente a los civiles extranjeros (arts. 35 a 46). Por ejemplo, el artículo 4 define claramente a los civiles extranjeros como un grupo de personas protegidas dentro de la Convención, y el artículo 27 establece que, por su condición de personas protegidas, los civiles extranjeros “tienen derecho, en todas las circunstancias, a que su persona, su honor, sus derechos familiares, sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres sean respetados. Siempre serán tratad[o]s con humanidad y protegid[o]s especialmente contra cualquier acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública”.

Varias otras disposiciones también son pertinentes para prevenir el desplazamiento, por ejemplo, la prohibición de los traslados forzosos.

Más que para designar un régimen jurídico independiente con su propio conjunto de normas, este término genérico se utiliza para describir los principios, las normas y las ramas del derecho que regulan la migración. Estas ramas son, entre otras: el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho del trabajo, el derecho humanitario, el derecho del mar, el derecho marítimo, el derecho penal internacional, el derecho consular, el derecho de los refugiados y el derecho en materia de nacionalidad.

Estos derechos comprenden, entre otros, los consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976), que han de disfrutarse sin discriminación alguna. Estos son los siguientes: el derecho a la vida; el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a no estar sometido a esclavitud ni a servidumbre; el derecho a no ser sometido a detención o prisión arbitraria; la libertad de circulación dentro de un Estado; el derecho a la libertad y a la seguridad personales; el derecho a la igualdad de trato ante los tribunales y cortes de justicia; el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal imparcial en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal; el derecho a no ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya se haya sido condenado o absuelto; el derecho a la privacidad de la familia, el domicilio o la correspondencia; la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; la libertad de expresión; el derecho de reunión pacífica; el derecho a asociarse libremente y a participar en asuntos públicos; y el derecho a votar y ser elegido. Estos derechos se concibieron inicialmente para imponer exclusivamente obligaciones negativas a los Estados, contrariamente a lo que ocurre con los derechos económicos, sociales y culturales, que requieren la acción estatal. No obstante, con la evolución de la interpretación y la jurisprudencia de los órganos de derechos humanos, tanto a nivel internacional como regional, hoy es innegable que estos derechos también imponen obligaciones positivas a los Estados. Ejemplo de ello es el derecho a la vida, que no solo obliga a los Estados a abstenerse de privar de la vida a una persona, sino también a proteger su vida, independientemente de que la amenaza proceda de otras personas, de un órgano estatal o incluso del medio ambiente (observación general Nº 36 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida [30 de octubre de 2018], documento CCPR/C/GC/36 de las Naciones Unidas, párrs. 21 y 26).

A escala universal, estos derechos se enuncian en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 3 de enero de 1976), así como en otros tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003).

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Los derechos humanos están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], ¿Qué son los derechos humanos? [sin fecha], www.ohchr.org/SP/Issues/ Pages/WhatareHumanRights.aspx [última consulta: 2 de marzo de 2018]). Son aplicables tanto en tiempos de paz como de conflicto armado y entrañan la obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las personas. A escala universal, estos derechos se enuncian en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada el 10 de diciembre de 1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 3 de enero de 1976) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976), y que han sido desarrollados por otros instrumentos a partir de este núcleo. Los principios de derechos humanos son una parte esencial del propio concepto de derechos humanos y son fundamentales para garantizar su efectividad. Dichos principios son:

▪ El principio de universalidad (artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) en virtud del cual todas las personas del mundo “nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y, por lo tanto, son titulares de derechos;

▪ El principio de inalienabilidad, con arreglo al cual los derechos son inherentes a todo ser humano, que nunca puede ser privado de ellos;

▪ El principio de indivisibilidad e interdependencia, según el cual no hay jerarquía entre los derechos y el disfrute de un derecho depende del disfrute de otro.

En el artículo 4, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976) se establece que no podrá suspenderse el ejercicio de los siguientes derechos: el derecho a la vida (art. 6); el derecho a no ser sometido a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 7); el derecho a no ser sometido a experimentos médicos o científicos sin previo consentimiento (art. 7); el derecho a no ser sometido a esclavitud, trata de esclavos y servidumbre (art. 8); el derecho a no ser encarcelado por no poder cumplir una obligación contractual (art.11); el derecho a que se respete el principio de legalidad en el derecho penal (art. 15); el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 16); y el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18). Según el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el hecho de que algunas de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se hayan enumerado en el artículo 4 como disposiciones que no pueden ser objeto de suspensión no significa que otros artículos del Pacto puedan ser suspendidos discrecionalmente, aun cuando exista una amenaza a la vida de la nación (Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, observación general Nº 29 sobre la suspensión de obligaciones durante un estado de excepción (artículo 4) [31 de agosto de 2001], documento CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 de las Naciones Unidas, párr. 6). Las medidas de suspensión deben adoptarse únicamente en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, no pueden ser incompatibles con las demás obligaciones que impone a los Estados partes el derecho internacional y no deben entrañar nunca discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social (art. 4).

El concepto de “desalojo forzoso” no se aplica al desalojo efectuado legalmente y con arreglo a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos. El desalojo forzoso no entraña automáticamente un desplazamiento arbitrario, pero puede ser el primer paso hacia él.

La Comisión de Derecho Internacional adoptó la siguiente definición alternativa de ”desastre”: “Por ʻdesastreʼ se entiende un acontecimiento o una serie de acontecimientos calamitosos que ocasionan pérdidas masivas de vidas humanas, grandes sufrimientos y aflicción a seres humanos, desplazamientos en masa, o daños materiales o ambientales de gran magnitud, perturbando así gravemente el funcionamiento de la sociedad” (Comisión de Derecho Internacional, Protección de las personas en caso de desastre: títulos y texto del preámbulo y los proyectos de artículo 1 a 18 del proyecto de artículos sobre la protección de las personas en caso de desastre aprobados, en segunda lectura, por el Comité de Redacción [27 de mayo de 2016], documento A/ CN.4/L.871 de las Naciones Unidas, art. 2 a)).

Si bien los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos no tienen un carácter vinculante, se han convertido en una de las principales referencias en lo que respecta a la respuesta de los Estados ante los desplazamientos internos. Estos Principios fueron aprobados por la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adición al informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos [11 de febrero de 1998], documento E/CN.4/1998/53/Add.2 de las Naciones Unidas), y refrendados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 [20 de septiembre de 2005], documento A/RES/60/1 de las Naciones Unidas, párr. 132). Asimismo, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales los utilizan ampliamente como herramienta de promoción, y han servido de base para la consolidación de dos documentos vinculantes a nivel regional en África (a saber, la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África [Convención de Kampala] [aprobada el 23 de octubre de 2009 y en vigor desde el 6 de diciembre de 2012] y el Protocolo sobre la Protección y la Asistencia a los Desplazados Internos [aprobado el 30 de noviembre de 2006 y en vigor desde el 21 de junio de 2008]). Además, se han incorporado en las políticas y la legislación de varios Estados.

A diferencia de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, la definición antedicha abarca tanto los desplazamientos internos como los desplazamientos transfronterizos. En el Principio 6 de dicho instrumento se establece el “derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios”. Se consideran arbitrarios los desplazamientos: “a) basados en políticas de apartheid, ʻlimpieza étnicaʼ o prácticas similares cuyo objeto o resultado sea la alteración de la composición étnica, religiosa o racial de la población afectada; b) en situaciones de conflicto armado, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas; c) en casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial; d) en casos de desastres, a menos que la seguridad y la salud de las personas afectadas requieran su evacuación; y e) cuando se utilicen como castigo colectivo” (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adición al informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (11 de febrero de 1998), documento E/CN.4/1998/53/Add.2 de las Naciones Unidas, Principio 6, párr. 2). A fin de evitar la arbitrariedad, “los desplazamientos no tendrán una duración superior a la impuesta por las circunstancias” (ibíd., Principio 6, párr. 3). En el derecho internacional humanitario se prohíbe el desplazamiento (forzoso) de civiles y se tipifica como crimen de guerra en conflictos armados tanto de carácter internacional como no internacional, excepto cuando es necesario por razones de seguridad o por imperiosas razones militares (véanse el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra [aprobado el 12 de agosto de 1949 y en vigor desde el 21 de octubre de 1950], art. 49; el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados No Internacionales [aprobado el 8 de junio de 1977 y en vigor desde el 7 de diciembre de 1978] [Protocolo Adicional II], art. 17, párrs. 1 y 2; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional [aprobado el 17 de julio de 1998 y en vigor desde el 1º de julio de 2002], art. 8, párrs. 2 a) viii) y 2 e) viii)). Asimismo, en el artículo 4, párrafo. 4 b), de la Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia a los Desplazados Internos en África (Convención de Kampala) (aprobada el 23 de octubre de 2009 y en vigor desde el 6 de diciembre de 2012) queda asimismo prohibido el desplazamiento individual o masivo.

Este tipo de desplazamiento se debe al hecho de que las personas afectadas están expuestas a una amenaza natural en una situación donde son demasiado vulnerables y carecen de la resiliencia para hacer frente a las repercusiones de esa amenaza. Los efectos de las amenazas naturales (incluidos los efectos adversos del cambio climático) son lo que puede superar la resiliencia o capacidad de adaptación de una comunidad o sociedad afectada y de esta manera provocar un desastre que, a su vez, puede ocasionar el desplazamiento (Iniciativa Nansen, Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a Través de Fronteras en el Contexto de Desastres y Cambio Climático [vol. 1, diciembre de 2015], pág. 4 - adaptación).

El desplazamiento causado por desastres puede adoptar la forma de una huida espontánea, una evacuación ordenada o impuesta por las autoridades o un proceso ineludible de reubicación planificada. Este desplazamiento puede ocurrir dentro de un país (desplazamiento interno) o a través de fronteras internacionales (desplazamiento transfronterizo causado por desastres) (ibíd., pág. 5 - adaptación).

Como explica el Grupo de Políticas Humanitarias, esta definición comprende a las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares para evitar los conflictos armados, la violencia, las violaciones de derechos humanos, o los desastres naturales o provocados por el ser humano. También comprende a quienes viven en campamentos o están dispersos entre las poblaciones de acogida (ibíd., pág. 11). Dado que no parece haber consenso alguno en cuanto al momento a partir del cual se puede considerar que el desplazamiento es prolongado, tampoco existe una definición común de “desplazamiento prolongado”. Algunos autores y organizaciones utilizan como criterio de referencia la duración del desplazamiento (12 meses, 3 años, 5 años, etc.). Otros utilizan la ubicación como principal criterio, al considerar que el desplazamiento es prolongado mientras las personas no puedan regresar a su lugar de origen. Otros más afirman que la necesidad continua de ayuda humanitaria es un componente fundamental de los desplazamientos prolongados. La definición anterior abarca todas las situaciones en las que se ha estancado el proceso de búsqueda de soluciones (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas [OCAH], Breaking the Impasse: Ending Protracted Internal Displacement Through Collective Outcomes (marzo de 2017); Véase asimismo: Proyecto sobre los desplazamientos internos de la Brookings Institution y la Universidad de Berna y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Expert Seminar on Protracted IDP Situations [2007], pág. 2). Según el ACNUR, una situación de presencia prolongada de refugiados se considera significativa cuando hay más de 25.000 refugiados en el exilio desde hace más de cinco años (Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR, Protracted Refugee Situations (10 de junio de 2004), documento EC/54/SC/CRP.14 del ACNUR, párr. 5). Por su parte, en su definición de “desplazamiento interno”, la OCAH hace referencia a los desplazados internos que, durante periodos de tiempo considerables, no están en condiciones de tomar medidas, o se les impide hacerlo, para reducir progresivamente su vulnerabilidad, empobrecimiento y marginación, y encontrar una solución duradera (ibíd., pág. 4).

El desplazamiento transfronterizo podría estar interrelacionado con la necesidad de protección internacional, incluida la condición de refugiado. El término también se utiliza a menudo en el contexto de los desastres y los efectos del cambio climático para referirse a situaciones en las que las personas huyen de las consecuencias de dichos fenómenos.

La detención de migrantes se produce a raíz de la inmigración o la emigración, por lo que este término abarca ambos casos. En el contexto de la migración, la detención se efectúa en cumplimiento de una orden de las autoridades administrativas o judiciales, por diversos motivos, como el establecimiento de la identidad de la persona concernida a la espera de que se tramite su solicitud de entrada o de asilo, o la ejecución de una orden de expulsión. En algunos casos, la detención se lleva a cabo sin orden oficial alguna. El derecho internacional de los derechos humanos protege el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, e impone condiciones para cualquier tipo de privación de libertad (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976], arts. 9 y 10). En varios instrumentos jurídicos internacionales se establece que la detención no puede ser arbitraria ni ilegal, que debe fundamentarse jurídicamente en la legislación nacional y que solo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesaria, por ejemplo cuando exista un riesgo de fuga o cuando la conducta de la persona concernida sea susceptible de obstaculizar los procedimientos de inmigración o la ejecución de una orden de expulsión. Las salvaguardias establecidas en el marco del derecho de los derechos humanos se aplican cada vez que una persona se ve privada de su libertad, independientemente de que la medida sea o no considerada como detención por las autoridades nacionales o en el marco de las disposiciones legislativas pertinentes. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas subraya que “la detención de inmigrantes debería suprimirse gradualmente” (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria [18 de enero de 2010], documento A/HRC/13/30 de las Naciones Unidas, párr. 58) y que “[a]ntes de recurrir a la detención deberían siempre examinarse otras medidas alternativas distintas de la detención, tales como la obligación de comparecer ante la policía” (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, adición, informe sobre la visita del Grupo de Trabajo al Reino Unido sobre la cuestión de los inmigrantes y solicitantes de asilo [18 de diciembre de 1998], documento E/CN.4/1999/63/Add.3 de las Naciones Unidas, párr. 33). En la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, los Estados también han expresado su apoyo a las medidas sustitutivas de la detención (Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes [aprobada el 19 de septiembre de 2016], documento A/RES/71/1 de las Naciones Unidas, párr. 33). Por último, la detención de niños y niñas no redunda nunca en su interés superior y constituye una clara violación de sus derechos (Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, informe del día de debate general de 2012 sobre los derechos de todos los niños en el contexto de la migración internacional [2012], párr. 3; véase asimismo la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes).

En el contexto de la migración, la detención reviste a menudo la forma de detención administrativa. Por lo general, la detención administrativa está menos regulada y ofrece menos garantías procesales y de legalidad a los detenidos que la detención penal.

La determinación de la condición de refugiado es un proceso que se desarrolla en dos etapas. En primer lugar, es necesario comprobar los hechos relevantes del caso. En segundo lugar, es preciso aplicar las definiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954) y del Protocolo de 1967 a los hechos así comprobados (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Manual y Directrices sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado [2011], documento HCR/1P/4/Spa/Rev.3 del ACNUR, párr. 29). En el marco del derecho internacional de los refugiados, el reconocimiento de la condición de refugiado es de carácter declarativo y no constitutivo. “De acuerdo con la Convención de 1951, una persona es un refugiado tan pronto como reúne los requisitos enunciados en la definición, lo que necesariamente ocurre antes de que se determine formalmente su condición de refugiado. Así pues, el reconocimiento de la condición de refugiado de una persona no tiene carácter constitutivo, sino declarativo. No adquiere la condición de refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se le reconoce tal condición por el hecho de ser refugiado” (ibíd., párr. 28).

La determinación de la edad es una práctica común en los procedimientos de inmigración de los Estados. Se recurre a ella cuando no se dispone de pruebas documentales que permitan establecer la edad de una persona y definir si esta debe ser tratada como un menor o como un adulto. En su observación general Nº 6, el Comité de los Derechos del Niño señala lo siguiente: “Las medidas [de identificación] incluirán la determinación de la edad, para lo cual no solo debe tenerse en cuenta el aspecto físico del individuo, sino también su madurez psicológica. Además, la evaluación deberá realizarse con criterios científicos, seguridad e imparcialidad, atendiendo al interés del menor y a consideraciones de género, evitando todo riesgo de violación de su integridad física, respetando debidamente su dignidad humana, y, en caso de incertidumbre, otorgando al individuo el beneficio de la duda, de manera que, en la hipótesis de que se trate de un menor, se lo trate como tal” (Comité de los Derechos del Niño, observación general Nº 6 relativa al trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen [1º de septiembre de 2005], documento CRC/GC/2005/6 de las Naciones Unidas, párr. 31 i)).

Las condiciones en las que viajan, viven y trabajan los migrantes suelen conllevar riesgos particulares para su bienestar físico y mental, por lo que el proceso migratorio puede considerarse como un determinante social de la salud para los migrantes (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], Health in the Post-2015 Development Agenda: The Importance of Migrants’ Health for Sustainable and Equitable Development (serie de documentos de posición sobre migración y salud, 2012).

El término “devolución” también se utiliza comúnmente como fórmula abreviada para referirse a cualquier rechazo o no admisión que constituya una violación del principio de no devolución.

La devolución de extranjeros es una manifestación de la soberanía del Estado para determinar quiénes pueden entrar y permanecer en su territorio. Existen varios principios del derecho internacional, en particular el principio de no devolución, que limitan la soberanía del Estado a este respecto.

El derecho internacional también establece normas que regulan el modo en que se deben llevar a cabo las devoluciones. Estas deben efectuarse protegiendo la dignidad de la persona. A este respecto, el uso de la fuerza debe ser de carácter excepcional y limitarse a lo que sea razonablemente necesario; no debe, en circunstancia alguna, ponerse en peligro la vida o la integridad física de la persona. En particular, deben evitarse las técnicas que puedan dar lugar a una obstrucción parcial o total de las vías respiratorias de la persona, y la administración de medicamentos a las personas que son devueltas u objeto de una orden de devolución solo podrá realizarse sobre la base de una decisión médica y de conformidad con la ética médica (Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, Deportation of Foreign Nationals by Air, extracto del 13º Informe General del Comité, documento CPT/Inf(2003) 35, párrs. 36 a 40, en CPT Standards, documento CPT/Inf/E (2002) – Rev. 2015, págs. 79 y 80).

Como se señala en la Estrategia de la OIM para habilitar, implicar y empoderar a las diásporas (IOM’s Strategy to Enable, Engage and Empower Diaspora), la Organización también define a las diásporas como comunidades transnacionales, ya que, en un mundo caracterizado por una movilidad sin precedentes, estas se componen de personas que guardan vínculos con más de un país. La naturaleza transnacional de las diásporas confiere a estas personas un papel crucial a la hora de estrechar lazos entre países y comunidades, ya que pueden recurrir a múltiples lazos, reconocerse en diferentes identidades y compartir un sentimiento de pertenencia a más de una comunidad.

El principio de no discriminación es un principio fundamental consagrado en todos los instrumentos de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aclarado que, en algunos casos, la diferenciación de trato por los Estados respecto de una persona o un grupo de personas puede ser legítima, siempre y cuando los criterios para tal diferenciación sean razonables y objetivos, el propósito sea legítimo en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la medida adoptada para alcanzar ese propósito sea proporcional (Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, observación general Nº 18 relativa a la no discriminación [10 de noviembre de 1989], documento HRI/GEN/1/Rev.1 de las Naciones Unidas, párr. 13).

En la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (aprobada el 5 de junio de 2013 y en vigor desde el 11 de noviembre de 2017) se adopta una definición similar, aunque en ella se hace referencia expresa al hecho de que este tipo de discriminación puede tener lugar tanto en la vida pública como en la privada. En el artículo 1 de dicha Convención se establece que la “[d]iscriminación racial es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes” (ibíd.).

Los documentos de identidad más comunes son los documentos nacionales de identidad y los pasaportes.

Los pasaportes son los documentos de viaje más utilizados. Algunos Estados también aceptan las cédulas de identidad u otros documentos, como permisos de residencia. En algunos casos, los documentos de viaje son expedidos por organizaciones regionales (por ejemplo, los pasaportes de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental [CEDEAO]) y por las Naciones Unidas para sus miembros del personal (por ejemplo, los laissez-passer de las Naciones Unidas). La práctica internacional se está orientando hacia la expedición de visados legibles por máquina que cumplan las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Dichos visados deben imprimirse en etiquetas con elementos de seguridad.

En un contexto de la migración más amplio, los documentos falsos también pueden incluir certificados de estudios falsos en el marco del reconocimiento de títulos académicos y calificaciones, así como documentos falsos relacionados con el empleo, tales como hojas de vida y cartas de referencia de empleadores.

En el artículo 28, párrafo 1, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954) se establece que “[l]os Estados Contratantes expedirán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados documentos de viaje que les permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional; y las disposiciones del Anexo a [la] Convención se aplicarán a esos documentos. Los Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro refugiado que se encuentre en [su] territorio […]”. En el artículo 28 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas (aprobada el 28 de septiembre de 1954 y en vigor desde el 6 de junio de 1960) también figuran disposiciones similares.

Esta definición es una adaptación de la de “migrante por largo plazo”, formulada por la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), que reza lo siguiente: “Toda persona que se traslada, por un periodo de por lo menos un año (12 meses) a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, de modo que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual. Desde la perspectiva del país de partida[,] la persona será un emigrante por largo plazo[,] y desde el punto de vista del país de llegada, la persona será un inmigrante por largo plazo” (DAES, Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales, Revisión 1 [1999], pág. 10). Se ha omitido la referencia a los 12 meses como periodo mínimo de la estancia a fin de incluir a quien emigra por un periodo más corto, siempre y cuando la persona haya cambiado su residencia habitual. Habida cuenta de que la definición también incluye a los emigrantes por breve plazo, y de acuerdo con el sentido del término “migrante por breve plazo” definido por el DAES, quedan excluidas las personas que se trasladan al país “con fines de ocio, vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa” (ibíd.). A efectos de determinar si se trata de un emigrante por largo o breve plazo, se tendrá en cuenta la duración de su estancia en el país de destino. Una persona que ha permanecido fuera del país durante un periodo de tres a doce meses se considerará un emigrante por breve plazo, mientras que una persona que ha permanecido fuera del país durante un periodo superior a doce meses se considerará un emigrante por largo plazo. La definición de “emigrante” puede variar de un país a otro.

El importante papel que desempeñan las empresas transnacionales en la esfera de la migración se manifiesta de dos formas. Por una parte, las comunidades transnacionales o las diásporas pueden establecer empresas que realicen sus actividades tanto en el país de residencia como en el país de origen, y dichas empresas pueden aportar contribuciones económicas sustanciales en ambos países. Por otra parte, estas entidades pueden emplear a trabajadores migrantes. Así pues, “[d]entro de sus respectivas esferas de actividad e influencia, las empresas transnacionales y otras empresas comerciales tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos consagrados en el derecho internacional y en la legislación nacional”, incluidos, entre otros, el derecho a la igualdad de oportunidades y a un trato no discriminatorio (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos [2003], documento E/CN.4/Sub.2/2003/12/ Rev.2 de las Naciones Unidas, párrs. 1 y 2).

La esclavitud se caracteriza por una noción de propiedad o control sobre la vida de otra persona, por la coerción y la restricción de circulación, y por la ausencia de libertad para marcharse o cambiar de empleador (ejemplos de ello son la esclavitud tradicional, el trabajo en régimen de servidumbre, la condición de siervo, el trabajo forzoso, y la esclavitud con fines rituales o religiosos). En la definición de “trata de personas” que figura en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, la esclavitud se reconoce explícitamente como una de las formas de explotación (Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional [aprobada el 15 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 25 de diciembre de 2003], art. 3 a)).

En el artículo 4 de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar (aprobada el 29 de abril de 1958 y en vigor desde el 30 de septiembre de 1962) se dispone que “[t]odos los Estados con litoral o sin él tienen el derecho de que naveguen en alta mar los buques que enarbolen su bandera”. En el artículo 5 se establece que “[c] ada Estado establecerá los requisitos necesarios para conceder su nacionalidad a los buques, así como para que puedan ser inscritos en su territorio en un registro y tengan el derecho de enarbolar su bandera. Los buques poseen la nacionalidad del Estado cuya bandera están autorizados a enarbolar. Ha de existir una relación auténtica entre el Estado y el buque; en particular, el Estado ha de ejercer efectivamente su jurisdicción y su autoridad sobre los buques que enarbolen su pabellón, en los aspectos administrativo, técnico y social”. En el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (aprobada el 10 de diciembre de 1982 y en vigor desde el 16 de noviembre de 1994) se establece el deber de prestar auxilio a las personas en situación de peligro: “Todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros: a) [p]reste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar; b) [s]e dirija a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro, en cuanto sepa que necesitan socorro y siempre que tenga una posibilidad razonable de hacerlo [...]”.

Esta definición tiene por objeto abarcar a todas las personas que se trasladan a otro país con fines de estudio y que entran en el país de destino con un visado de estudios o que posteriormente obtienen un visado de estudios cuando ya se encuentran en ese país. El Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) emplea el término de manera más restrictiva para designar a los estudiantes que han cruzado una frontera nacional o territorial con el propósito de proseguir sus estudios y que están matriculados fuera de su país de origen (UNESCO, Glossary [2014]).

Las evacuaciones pueden tener lugar en el contexto de un desastre, una situación de violencia o un conflicto armado o después de ellos. En el contexto de un desastre, el término “evacuación” se refiere al acto consistente en el "[t]raslado temporal de personas y bienes a lugares más seguros antes, durante o después de un suceso peligroso con el fin de protegerlos" (Asamblea General de las Naciones Unidas, informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres [1º de diciembre de 2016], documento A/71/644 de las Naciones Unidas, pág. 19).

Además, las evacuaciones pueden ser:

Obligatorias: Cuando son las autoridades quienes ordenan y llevan a cabo tales evacuaciones en casos en que se considera que el riesgo que corre la población si permanece en el lugar donde se encuentra es demasiado elevado, ya que dicha permanencia en él aumentaría el nivel de riesgo. Una evacuación obligatoria no se considera arbitraria o ilegal y, por lo tanto, está permitida siempre y cuando se realice con arreglo a la ley, sea absolutamente necesaria, dadas las circunstancias, para proteger la vida, la salud o la integridad física de las personas afectadas y, en la medida en que lo permita la situación de emergencia, se celebren las debidas consultas con la población afectada.

Recomendadas: Cuando se emite una instrucción oficial de evacuación con el propósito de facilitar una respuesta temprana e informada y una toma de decisiones por la población que se encuentra en situación de riesgo en cuanto a la conveniencia y el momento de la evacuación.

Espontáneas: Cuando las personas evacúan el lugar donde se encuentran debido a un riesgo real o percibido, por sus propios medios (autoevacuación) y sin, o antes de, haber recibido un aviso o instrucción oficial a tal efecto. Este tipo de evacuación puede comprender a personas que abandonan una región situada fuera de una zona designada de evacuación (Grupo Temático Mundial de Coordinación y Gestión de Campamentos, The MEND Guide: Comprehensive Guide for Planning Mass Evacuations in Natural Disasters [2014], pág. 17).

En el contexto de un conflicto armado, la evacuación de las zonas en peligro está regulada por el derecho internacional humanitario. En el segundo párrafo del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (aprobado el 12 de agosto de 1949 y en vigor desde el 21 de octubre de 1950) se establece que “la Potencia ocupante podrá efectuar la evacuación total o parcial de una determinada región ocupada, si así lo requieren la seguridad de la población o imperiosas razones militares”. La población evacuada será devuelta a sus hogares tan pronto como hayan cesado las hostilidades en ese sector. También se prevé implícitamente la evacuación durante los conflictos armados no internacionales como excepción a la prohibición de ordenar el desplazamiento cuando así lo exijan la seguridad de la población civil o razones militares imperiosas (Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados No Internacionales [aprobado el 8 de junio de 1977 y en vigor desde el 7 de diciembre de 1978] [Protocolo Adicional II], art. 17, párr. 1; Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], El derecho internacional humanitario consuetudinario [volumen I, CICR y Cambridge University Press, 2005], norma 129B). El derecho internacional humanitario también regula la evacuación temporal de niños en conflictos armados tanto de carácter internacional como no internacional (véanse el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales [aprobado el 8 de junio de 1977 y en vigor desde el 7 de diciembre de 1979] [Protocolo Adicional I], art. 78, párr. 1; y el Protocolo Adicional II, art. 4, párr. 3 e)).

Debido a la escala y complejidad de tales evacuaciones es posible que la capacidad de respuesta de emergencia en una jurisdicción o país determinado se vea superada y que sea necesario establecer una coordinación conjunta entre una o más jurisdicciones para llevar a cabo la evacuación y la provisión de albergue a los evacuados (Grupo Temático Mundial de Coordinación y Gestión de Campamentos, The MEND Guide: Comprehensive Guide for Planning Mass Evacuations in Natural Disasters [2014], págs. 17 y 18).

También conocida como “reconocimiento médico de inmigración” o “examen médico de inmigración”, la evaluación de la salud suele incluir un reconocimiento médico y un repaso del historial médico del migrante. A ello se suman otras prestaciones conexas, que comprenden tratamientos preventivos y curativos, o la derivación para recibir dichos tratamientos, orientación y asesoramiento en materia de salud, la cumplimentación de los formularios de salud exigidos a los inmigrantes y la asistencia sanitaria en materia de viajes.

El objetivo es asegurarse de que la persona esté en condiciones de viajar y no represente ninguna amenaza para los demás pasajeros a bordo del avión ni para las personas con que pudiera cruzarse durante el viaje o inmediatamente después de su llegada al país de reasentamiento.

El término también se utiliza coloquialmente para designar a los nacionales que han establecido su residencia en un país extranjero, como los empleados de empresas multinacionales o los funcionarios públicos internacionales. La definición anterior recoge la forma en que algunos países usan el término en su legislación nacional, con arreglo a la cual la expatriación entraña la renuncia voluntaria a la nacionalidad o la ciudadanía y, por lo tanto, la extinción absoluta de todos los derechos civiles y políticos garantizados por dicha nacionalidad o ciudadanía a partir de la fecha en que tiene lugar ese acto. En el artículo 15, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada el 10 de diciembre de 1948) se establece el derecho de toda persona a cambiar de nacionalidad.

El término “beneficio”, tal como se utiliza en la definición, puede abarcar no solo el beneficio material, sino también cualquier otro tipo de beneficio.

El artículo 3 a) del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) (aprobado el 15 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 25 de diciembre de 2003) se refiere a las siguientes formas de explotación: la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos y otras formas de explotación definidas en la legislación nacional. Esta lista no debe considerarse exhaustiva.

De conformidad con el artículo 6, párr. 3 b), del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobado el 15 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 28 de enero de 2004), los Estados deben adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para considerar como agravante toda circunstancia que “[d]é lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en particular con el propósito de explotación”.

En la definición de “trata de personas” que figura en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, la explotación sexual se menciona como una de las posibles formas de explotación (Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional [aprobada el 15 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 25 de diciembre de 2003], art. 3 a)).

Si bien la terminología utilizada en el contexto nacional o internacional sobre la expulsión y la deportación no es homogénea, existe una tendencia manifiesta a emplear el término “expulsión” para referirse a la orden judicial de abandonar el territorio de un Estado, y los términos “devolución” o “deportación” para referirse a la aplicación efectiva de dicha orden cuando la persona concernida no la cumpla de manera voluntaria (W. Kälin, “Aliens, Expulsion and Deportation”, en R. Wolfrum (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law [2014]).

La prohibición de la expulsión colectiva está expresamente prevista en varios tratados internacionales de derechos humanos. A escala mundial, en el artículo 22, párrafo 1, de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003) se establece que “los trabajadores [migrantes] y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente”. A escala regional, en el artículo 22, párrafo 9, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada el 22 de noviembre de 1969 y en vigor desde el 18 de julio de 1978) queda “prohibida la expulsión de extranjeros”. En el artículo 4 del Protocolo Nº 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (aprobado el 4 de noviembre de 1950 y en vigor desde el 3 de septiembre de 1953) se dispone que “quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”.

Del mismo modo, en el artículo 26, párrafo 2, de la Carta Árabe de Derechos Humanos (aprobada el 22 de mayo de 2004 y en vigor desde el 15 de marzo de 2008), se establece la prohibición de la expulsión colectiva bajo cualquier circunstancia. En la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (aprobada el 27 de junio de 1981 y en vigor desde el 21 de octubre de 1986), se utiliza el término “expulsión masiva” en lugar de “expulsión colectiva”. Asimismo, en el artículo 12, párrafo 5, de dicha Carta se prohíbe únicamente la expulsión masiva de extranjeros “dirigida a un grupo nacional, racial, étnico o religioso”.

En el artículo 12, párrafo 5, de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (aprobada el 27 de junio de 1981 y en vigor desde el 21 de octubre de 1986) se dispone que queda prohibida la expulsión en masa de extranjeros. Se considerará expulsión en masa la dirigida a un grupo nacional, racial, étnico o religioso. A diferencia del uso que se hace del término en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera inaceptable la expulsión colectiva cuando no se evalúa individualmente el caso particular de un miembro del grupo (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Vedran Andric v. Sweden, decisión sobre la admisibilidad, demanda N° 45917/99 [23 de febrero de 1999], párr. 1), la Carta Africana prohíbe toda expulsión en masa basada en la discriminación contra un grupo determinado (los motivos de discriminación enunciados en el artículo 12, párrafo 5, no son exhaustivos). En su sentencia relativa al Instituto para los Derechos Humanos y el Desarrollo en África c. República de Angola (AHRLR 43 [2008]), la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos señaló que las expulsiones en masa de cualquier categoría de personas, ya sea por motivos de nacionalidad, religión, etnia, raza u otras consideraciones, constituyen una violación específica de los derechos humanos. La inclusión de “otras consideraciones” amplía las categorías de discriminación.

Además, la deportación de las personas sujetas a expulsión en masa no debe necesariamente tener lugar dentro de un único plazo previsto para que se aplique lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 5, de la Carta Africana y puede producirse durante un periodo de varios meses (ibíd.).

El procedimiento de extradición suele basarse en una combinación de legislación nacional, tratados bilaterales o, en algunos casos, convenios multilaterales (véase, por ejemplo, el Convenio Europeo de Extradición [aprobado el 13 de diciembre de 1957 y en vigor desde el 18 de abril de 1960]). Las normas relativas a la extradición deben respetar una serie de principios, como el de doble incriminación (con arreglo al cual el delito imputado a una persona debe constituir un delito en el ordenamiento jurídico tanto del Estado que procede a la extradición como del Estado al que se la extradita), el principio ne bis in idem, el principio de especialidad y el principio de reciprocidad, que, por lo general, no queda comprendido dentro del ámbito de aplicación de los convenios multilaterales (véase, por ejemplo, el Convenio Europeo de Extradición, arts. 2, párrs. 1 y 7; 9; y 14).

Las personas extraditadas pueden ser nacionales (si no lo prohíbe la Constitución u otra ley del Estado que procede a la extradición) o extranjeros que hayan sido detenidos en el territorio del Estado. Todo procedimiento de extradición debe respetar también el principio de no devolución (véase: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Soering v. the United Kingdom, sentencia, demanda Nº 14038/88 [7 de julio de 1989], párr. 99).

De conformidad con el proyecto de artículos sobre la expulsión de extranjeros, esta definición abarca tanto a las personas físicas nacionales de otro Estado como a los apátridas.

El término “extranjero” se utiliza en ocasiones como sinónimo de “forastero”, “no nacional” o “no ciudadano”. Si bien se trata de un término que suele utilizarse en contextos jurídicos nacionales, tiende a tener una connotación negativa en otros contextos al establecer una distancia artificial y entrañar un sentido de alteridad.

El modelo de impulso y atracción se refiere a un marco que determina la decisión de migrar. Así pues, un migrante decide o no migrar teniendo en cuenta los factores positivos y negativos de los lugares de origen y de destino, los obstáculos intermedios y los factores personales (Lee, 1966, en S. Castles, H. de Haas y M.J. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World [5ª edición, Palgrave-Macmillan, 2014]). Si bien ofrece una útil categorización de las razones que llevan a las personas a emigrar, el modelo de impulso y atracción ha sido posteriormente tergiversado en un modo que hace caso omiso de la complejidad e interacción de los factores que llevan a tomar la decisión de emigrar.

El concepto de “factores que propician la migración” es dinámico y refleja la interacción entre diversos elementos personales, sociales, estructurales, medioambientales y circunstanciales cuyos efectos confluyen con los incentivos y las restricciones a nivel local, nacional, regional y mundial. Estos elementos inciden en la decisión de migrar, ya se trate de la migración interna o internacional, regular o irregular, temporal o permanente, y abarcan todo el espectro comprendido entre los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios. Dado que no existe una terminología consensuada en torno a este concepto, los académicos, los responsables de la formulación de políticas y los profesionales suelen utilizar los términos “factores” y “causas profundas” como sinónimos para describir las condiciones subyacentes o la acumulación de adversidades que compelen a abandonar un lugar, ya sea en el marco de la migración o el desplazamiento. Este término también puede ser representativo de un concepto más amplio que abarca las “causas profundas”. A menudo denominados “determinantes de la migración”, los factores que propician la migración pueden comprender el deseo positivo de cambio, la iniciativa empresarial, la transferencia de competencias, la reunificación familiar, las expectativas culturales y la cobertura de la demanda de mano de obra en el extranjero. También pueden incluir la respuesta a crisis repentinas, a situaciones de presión de aparición gradual o a dificultades crónicas, como las vinculadas al subdesarrollo, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la mala gobernanza, los desastres, el cambio climático, la degradación ambiental, los factores culturales, las desigualdades, la persecución, las violaciones de los derechos humanos, los conflictos armados, la violencia o las alteraciones graves del orden público, entre otras.

El derecho internacional deja cierto margen a los Estados para que elaboren sus propias definiciones de “familiar” o “nacional” a efectos de la reunificación familiar y de la extensión de los derechos del migrante o nacional que desea reunificar a su familia. En la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003) se establece una definición básica de este término, y se deja a los Estados la libertad de ampliar dicha definición en su legislación nacional (por ejemplo, para hacer extensivas algunas prestaciones a los hijos del migrante que ya no estén a su cargo). La presente definición se ha ampliado de tal manera que abarque no solo a los familiares de los trabajadores migrantes, sino también a los de los migrantes en general. La definición también comprende a los familiares tanto nacionales como extranjeros de los ciudadanos del Estado concernido. El objetivo de esta ampliación del término es poder aplicarlo asimismo en el contexto de la migración interna e internacional, a los efectos de la identificación de los familiares y de la reunificación de los familiares extranjeros de los ciudadanos del Estado concernido.

Si bien la proporción de mujeres migrantes no ha variado notablemente en los últimos decenios —la proporción de mujeres respecto del número total de migrantes internacionales se ha mantenido en torno al 48% o el 49% en el periodo comprendido entre 2000 y 2015 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas [DAES], International Migration Report 2015 [2016], ST/ESA/SER.A/375, pág. 10)—, las características de la migración han cambiado considerablemente. Cada vez hay más mujeres que migran de manera independiente, en lugar de hacerlo como miembros de un hogar, y participan activamente en el mundo laboral. El aumento de la cifra de mujeres que migra de manera independiente ha incrementado las oportunidades de desarrollo, pero también ha dado lugar a algunas vulnerabilidades específicas de género, como la trata de mujeres para la industria del sexo, el trabajo doméstico, las formas forzadas o serviles de matrimonio y la descualificación de las migrantes altamente calificadas. Las mujeres constituyen poco menos de la mitad de la población migrante internacional. Este fenómeno también afecta al país de origen, donde los niños y las personas mayores que quedan atrás deben asumir nuevos roles.

Los datos sobre los flujos migratorios son una medida dinámica para el recuento del número de personas que cruzan las fronteras internacionales, incluidas aquellas que las cruzan varias veces en un periodo determinado (DAES, Toolkit on International Migration [2012], pág. 3). En los medios de comunicación, también se utilizan otros términos para referirse a la llegada repentina de un elevado número de extranjeros a un país, como “masa” u “oleada”. No se recomienda su uso por las percepciones negativas y las actitudes alarmistas que vehiculan en relación con la migración.

Entre las razones para conceder este tipo de protección figuran los riesgos graves para la salud (cuando no se aplica la obligación de no devolución de los Estados), los riesgos derivados de la extrema pobreza en caso de retorno, o los desastres naturales en el país de origen. A veces se inspiran de las normas internacionales de derechos humanos, pero por lo general, las formas discrecionales de protección no están estipuladas en ellas y quedan a discreción del Estado, a menos que se aplique el principio de no devolución. En su Conclusión Nº 103 (LVI) sobre la disposición sobre protección internacional, en particular mediante formas complementarias de protección (2005), el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados observó que los Estados podían optar por autorizar una estancia prolongada por razones humanitarias o prácticas; y reconoció que esos casos debían distinguirse claramente de los casos en que existían necesidades de protección internacional.

Este término también se utiliza habitualmente para designar una zona fronteriza.

El fraude es uno de los medios de coacción mencionados en la definición de “trata” que figura en el artículo 3 a) del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) (aprobado el 15 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 25 de diciembre de 2003).

Se ha elegido esta definición amplia, que abarca todos los ámbitos en los que se ejerce la gobernanza de fronteras, tales como las embajadas o los consulados que expiden visados, debido a su importancia en el contexto de la migración. Normalmente, el término “fronteras internacionales” se utiliza como sinónimo de “límite territorial”.

En el contexto de los refugiados, la fuerza probatoria exigida está asociada a la noción de “fundado temor de persecución”. No es necesario que el examinador esté totalmente convencido de la veracidad de todas y cada una de las afirmaciones del solicitante sobre los hechos ocurridos. El examinador deberá evaluar la credibilidad general de la petición del solicitante de asilo (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Nota sobre la carga y el mérito de la prueba en las solicitudes de asilo [16 de diciembre de 1998], párr. 11). La credibilidad se establece cuando el solicitante ha presentado una solicitud coherente y verosímil que no contradice hechos de conocimiento público y que, por lo tanto, puede resultar creíble en su conjunto (ibíd.).

Del mismo modo, para poder solicitar la aplicación del principio de no devolución, los migrantes deben demostrar que existe un “riesgo real” de que sean objeto de actos de tortura, tratos inhumanos y degradantes, o cualquier otro daño irreparable si son devueltos a su país de origen. A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpretó que la fuerza probatoria exige que los migrantes demuestren la existencia de razones fundadas para creer que serían sometidos a actos de maltrato en caso de ser devueltos a su país de origen. Tales razones deben trascender la mera teoría o sospecha, aunque tampoco es necesario demostrar que el riesgo es “muy probable” (véase, por ejemplo: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Soering v. The United Kingdom, demanda Nº 14038/88 [7 de julio de 1989], párr. 99; y Saadi v. Italy, demanda Nº 37201/06 [28 de febrero de 2008], párr. 140).

Los efectos negativos que tiene la emigración de trabajadores (altamente) calificados en el país de origen (“fuga de cerebros”) se han puesto en tela de juicio en los recientes debates y estudios sobre políticas. En efecto, si bien se reconocen los retos que plantea la oferta de empleo a estos trabajadores en el país de origen, también se destacan las consecuencias positivas que conlleva la migración a través de la “circulación de cerebros”, la transferencia de conocimientos y las “remesas sociales”. Por esta razón, se ha establecido un marco más aceptable para debatir acerca de la movilidad laboral, en torno a la noción de “competencias”, por ejemplo, en términos de fomento, emparejamiento, reconocimiento y transferencia.

Las funciones consulares previstas en el artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (aprobada el 24 de abril de 1963 y en vigor desde el 19 de marzo de 1967) consisten, entre otras cosas, en proteger en el Estado receptor los intereses del Estado emisor y de sus nacionales; expedir pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado emisor, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado; prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado emisor; actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo; y velar por los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado emisor, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela.

Como estrategia de subsistencia, la ganadería trashumante está determinada por factores sociales y ecológicos. Estos últimos suelen estar relacionados con la incertidumbre y la variabilidad de las precipitaciones, y la baja e impredecible productividad de los ecosistemas terrestres (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC], Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Quinto Informe de Evaluación [Cambridge University Press, 2014], anexo II).

A los extranjeros que deseen entrar en un país podrá exigírseles una garantía para salir de él al final de su estancia. También puede utilizarse una garantía como alternativa a la detención de inmigrantes.

Si bien la noción de género está profundamente arraigada en todas las culturas, también cambia con el tiempo y presenta amplias variaciones entre las distintas culturas y dentro de cada una de ellas (Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones [OIM], Política de la OIM sobre la Igualdad de Género 2015-2019 [19 de noviembre de 2015], documento C/106/INF/8/ Rev.1, glosario, pág. 12).

Aunque no se mencionan explícitamente entre los actos subyacentes del crimen de genocidio, los tribunales penales internacionales especiales y la Corte Penal Internacional han interpretado que los actos de violencia sexual, como la violación, constituyen medidas destinadas a causar una lesión grave a la integridad física o mental, obtener el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, o a impedir nacimientos en el seno del grupo (véanse, por ejemplo, Tribunal Penal Internacional para Rwanda, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu [sentencia], causa núm. ICTR-96-4-T [2 de septiembre de 1998], párrs. 508, 706 y 707 y 731; Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, The Prosecutor v. Radislav Krstic [sentencia], causa núm. IT‐98‐33‐T [2 de agosto de 2001], párr. 513; Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes [2002], pág. 2, nota a pie de página 3).

La gestante subrogada puede ser la madre genética, o simplemente portadora de un embrión fertilizado, en cuyo caso no estará genéticamente emparentada con el niño. Los miembros de la pareja comitente pueden ser ambos los padres genéticos, aunque también es posible que solo uno de ellos, o incluso ninguno, esté genéticamente emparentado con el niño. La legislación relativa a los acuerdos de gestación subrogada, los derechos de la gestante subrogada y la normativa en materia de filiación varían considerablemente de un país a otro. Algunos países también cuentan con disposiciones legislativas en materia de gestación subrogada internacional (Gobierno del Reino Unido, “Surrogacy”, disponible en www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/258243/surrogacy.pdf [última consulta: 12 de febrero de 2018]).

Las medidas para la gestión de las fronteras comprenden la imposición por parte de los Estados de requisitos en materia de visados; la imposición de sanciones a las empresas de transporte que llevan a migrantes irregulares al territorio nacional; y las prohibiciones marítimas. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados, los Estados tienen la responsabilidad de asegurar que la legislación, las políticas y las prácticas relativas a la gestión de las fronteras se ajusten al derecho de los derechos humanos y al derecho de los refugiados, y respeten los derechos de todas las personas que cruzan sus fronteras, independientemente de su situación migratoria. A este respecto, los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales (2014) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) brindan orientación sobre la manera de velar por que las actividades de gestión y gobernanza de fronteras sean acordes a las normas de derechos humanos.

En ocasiones se hace referencia a la gestión de fronteras en crisis humanitarias como “gestión de fronteras en situaciones de crisis”, “gestión de fronteras en situaciones de emergencia” o “preparación para situaciones de emergencia” (OIM, Nota de orientación interna sobre la gestión humanitaria de fronteras [2014], párr. 3).

Una buena gestión de la identidad incluye: una política (para determinar el objetivo y el alcance de la gestión de la identidad en ese contexto); un procedimiento de gobernanza (para establecer normas y reglamentos); una infraestructura sólida para garantizar la seguridad de la identidad; y un sistema que vele por que se mantengan y se mejoren continuamente niveles específicos de calidad.

Este concepto guarda relación con la administración pública en el ámbito de la migración que, a su vez, remite a la gestión e implementación de todas las actividades gubernamentales relacionadas con la aplicación de las leyes, los reglamentos y las decisiones de cada gobierno, así como con la gestión vinculada a la prestación de servicios públicos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], Public Administration Reform Practice Note [2003], pág. 2). Dado que se centra en la organización y puesta en práctica de las políticas públicas, la gestión de la migración tiende a ser un concepto más específico que la gobernanza de la migración. La gestión de la migración recae principalmente en los Estados, mientras que el término “gobernanza” se refiere a todos los marcos, instituciones y procesos en cuyo desarrollo y establecimiento no solo participan los Estados, sino también diversos otros agentes.

La presente definición se basa en la acepción de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como en la de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), formulada en su Marco de Gobernanza sobre la Migración, que fue aprobado por los Estados Miembros de la OIM el 24 de noviembre de 2015, mediante la Resolución del Consejo Nº 1310. La OIM considera que la gobernanza de la migración es eficaz cuando se cumplen las normas internacionales y se protegen los derechos de los migrantes; se formulan políticas contrastadas y se aplican enfoques de gobierno integrados; y se colabora con los asociados para hacer frente a la migración y a las cuestiones conexas (OIM, Marco de Gobernanza sobre la Migración [2015], documento C/106/40, párr. 6). Los objetivos de una buena gobernanza de la migración deberían consistir en “fomentar el bienestar socioeconómico de los migrantes y de la sociedad; abordar eficazmente los aspectos relativos a la movilidad en situaciones de crisis; y cerciorarse de que la migración se efectú[e] de manera segura, ordenada y digna” (ibíd.). Los Estados son los principales protagonistas en materia de migración, movilidad y nacionalidad, y les incumbe gestionar la migración a nivel nacional e internacional. No obstante, también existen otros interlocutores que contribuyen a la gobernanza de la migración, a saber, los ciudadanos, los migrantes, las organizaciones internacionales, el sector privado, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones religiosas y las instituciones académicas (ibíd., párr. 4). Así pues, la gobernanza de la migración tiene una dimensión tanto nacional como internacional. La gobernanza mundial se define como el conjunto de normas, reglas, principios y procedimientos de adopción de decisiones que rigen la conducta de los Estados y de otros agentes transnacionales (A. Betts, Global Migration Governance [Oxford University Press, 2011], pág. 4). Según la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales, “[e]n el ámbito de las migraciones internacionales, [la gobernanza] cobra varias formas, entre ellas las políticas migratorias y los programas de cada país, debates y acuerdos entre Estados, foros multilaterales y procesos consultivos, actividades de organizaciones internacionales, al igual que las leyes y normas” (Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales, Las migraciones en un mundo interdependiente: nuevas orientaciones para actuar [octubre de 2005], pág. 68).

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada el 15 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 29 de septiembre de 2003) fue complementada por el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (aprobado el 15 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 28 de enero de 2004) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (aprobado el 15 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 25 de diciembre de 2003) para abordar estas dos formas de delitos que a menudo son cometidos por grupos delictivos y que revisten especial relevancia en el ámbito de la migración.

La igualdad de género no implica que todas las personas sean iguales, sino que se tengan en consideración los intereses, las necesidades, las capacidades y las prioridades de todos (Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones [OIM], Política de la OIM sobre la Igualdad de Género 2015-2019 [19 de noviembre de 2015], documento C/106/INF/8/Rev.1, glosario, pág. 14).

En relación con los grupos que pueden verse marginados a raíz de su identidad, el Banco Mundial observa que, con el aumento de los movimientos migratorios tanto internos como internacionales, la identidad de los grupos y las personas que emigran sigue siendo objeto de escrutinio, principalmente en los países desarrollados, que se esfuerzan por encontrar maneras de integrar a las personas que no son autóctonas (Banco Mundial, Inclusión social: clave de la prosperidad para todos - Resumen [2014], pág. 10). Asimismo, el Banco Mundial señala la existencia de tres esferas que representan tanto obstáculos como oportunidades para la inclusión social, a saber: 1) los mercados (tierra, vivienda, trabajo y crédito); 2) los servicios (salud, educación, protección social, transporte, agua y saneamiento, energía e información); y 3) los espacios, que tienen un carácter social, político y cultural (ibíd., págs. 11 a 13).

Como señala también el ECOSOC en sus conclusiones convenidas 1997/2, “[e]s una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las [personas de cualquier género] sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que [todas puedan beneficiarse] por igual y se impida que se perpetúe [o exacerbe] la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros” (ECOSOC, conclusiones convenidas 1997/2 [18 de julio de 1997], documento A/52/3/Rev.1 de las Naciones Unidas).

La incorporación de una perspectiva de protección consiste en abordar el modo en que se aplican las respuestas a las situaciones de crisis y posteriores a crisis. Por ello, es responsabilidad de todos los interlocutores que participan en las respuestas humanitarias.

Esta definición es una adaptación de la de “migrante por largo plazo”, formulada por el DAES de la siguiente manera: “Toda persona que se traslada, por un periodo de por lo menos un año (12 meses) a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, de modo que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual. Desde la perspectiva del país de partida[,] la persona será un emigrante por largo plazo[,] y desde el punto de vista del país de llegada, la persona será un inmigrante por largo plazo” (DAES, Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales, Revisión 1 [1999], pág. 10). Se ha omitido la referencia a los 12 meses como periodo mínimo de la estancia a fin de incluir a quien emigra por un periodo más corto, siempre y cuando la persona haya cambiado su residencia habitual. Habida cuenta de que la definición también incluye a los emigrantes por breve plazo, y de acuerdo con el sentido del término “migrante por breve plazo” definido por el DAES, quedan excluidas las personas que se trasladan al país “con fines de ocio, vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa” (ibíd.). A efectos de determinar si se trata de un emigrante por largo o breve plazo, se tendrá en cuenta la duración de su estancia en el país de destino. Una persona que ha permanecido fuera del país durante un periodo de tres a doce meses se considerará un emigrante por breve plazo, mientras que una persona que ha permanecido fuera del país durante un periodo superior a doce meses se considerará un emigrante por largo plazo. La definición de “emigrante” puede variar de un país a otro.

Los Estados tienen una práctica común a la hora de controlar a las personas que desean entrar en un país en los pasos fronterizos. Esta consiste en realizar el control en dos etapas, a saber: la inspección primaria y la inspección secundaria. La gran mayoría de las personas que solicitan su admisión se someten a un breve control en los puntos de inspección primaria antes de ser admitidas. Todo solicitante respecto del cual el oficial de migración tenga dudas, o que esté registrado en el sistema de listas de vigilancia del Estado, es remitido a una inspección secundaria, en la que es sometido a una entrevista o una investigación adicional.

La integración no implica necesariamente la residencia permanente. Sin embargo, sí conlleva la consideración de los derechos y las obligaciones de los migrantes y las sociedades de los países de tránsito y de destino; del acceso a diferentes tipos de servicios y al mercado laboral; y del reconocimiento y el respeto del conjunto esencial de valores que estrecha los lazos entre los migrantes y las comunidades receptoras en aras de un propósito común. No obstante, en el contexto de los refugiados, la integración local como solución duradera implicaría la residencia permanente, ya que se refiere al asentamiento permanente de los refugiados en un país de primer asilo, y la eventual concesión de la nacionalidad de dicho país (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Glosario de Términos de Referencia [2006]).

En el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada el 20 de noviembre de 1989 y en vigor desde el 2 de septiembre de 1990) se establece lo siguiente: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Para determinar el interés superior del niño es imperativo que se tenga en consideración su bienestar, el cual “depende de múltiples circunstancias personales, tales como la edad y el grado de madurez, la presencia o ausencia de los padres, el entorno del niño y sus experiencias” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño [2008], pág. 14).

Entre las normas de ius cogens derivadas de instrumentos de derechos humanos que son pertinentes en el ámbito de la migración cabe citar la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en particular la prohibición de devolver a una persona a un país en el que correría el riesgo de ser sometida a actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y, según algunos autores y órganos judiciales, el principio de no discriminación (véase, por ejemplo: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, Serie A, Nº 18 [17 de septiembre de 2003]). Véase también la nota sobre el caso elaborada por S. H. Cleveland en (2005) American Journal of International Law, vol. 99, pág. 460.

El concepto se utiliza en un sentido amplio para designar no solo la adquisición automática de la nacionalidad por nacimiento, sino también la adquisición no automática de la nacionalidad por nacimiento y con posterioridad al nacimiento.

El principio de ius soli puede abarcar la adquisición de la nacionalidad tanto automática como no automática. Muy pocos países han adoptado como criterio exclusivo el principio de ius soli. Por lo general, la adquisición de la nacionalidad por nacimiento en el territorio del Estado va ligada al cumplimiento de otros requisitos, como el relativo al periodo de residencia del niño en el país después del nacimiento o de sus progenitores antes de este.

Aunque en principio está vinculada al territorio, la jurisdicción de un Estado no está ligada exclusivamente a él y puede extenderse más allá del territorio del Estado en algunas circunstancias excepcionales. Los Estados han ejercido su jurisdicción extraterritorialmente por diferentes motivos, por ejemplo, en el contexto del enjuiciamiento de un delito, la nacionalidad del autor del delito o la nacionalidad de las víctimas, con independencia del territorio en que se haya cometido este. Los Estados también pueden ejercer la protección diplomática en beneficio de sus nacionales en el extranjero para reparar una vulneración de sus derechos, una vez que la persona en cuestión haya agotado los recursos internos. En el contexto del derecho de los derechos humanos, se ha reconocido el alcance extraterritorial de la jurisdicción del Estado, por ejemplo, en los casos en que el Estado ejerce un control efectivo sobre una zona situada fuera de su territorio o sobre personas que se encuentran en el territorio de otro Estado (véase, por ejemplo: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Al-Skeini and Others v. the United Kingdom, sentencia, demanda Nº 55721/07 [7 de julio de 2011], párrs. 130 a 142; y Öcalan v. Turkey, sentencia, demanda Nº 46221/99 [12 de mayo de 2005], párr. 91).

Los mecanismos de justicia de transición pueden ser “judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos” (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, informe del Secretario General [23 de agosto de 2004], documento S/2004/616 de las Naciones Unidas, párr. 8). Esos mecanismos también pueden emplearse para hacer frente a los desplazamientos. En efecto, algunos estudios de investigación señalan que dichos mecanismos y las intervenciones de convivencia comunitaria pueden fomentar la reconciliación y ejercer un efecto positivo de calado en la accesibilidad y calidad de las soluciones duraderas a los desplazamientos. Sin embargo, también entrañan una serie de riesgos que, en la práctica, pueden socavar la concreción de soluciones eficaces a los desplazamientos (M. Bradley, Displacement, Transitional Justice and Reconciliation: Assumptions, Challenges and Lessons, Forced Migration Policy Briefing 9 [24 de abril de 2012], Centro de Estudios sobre Refugiados, Universidad de Oxford, pág. 2).

La sigla “LGBTI” se emplea a veces para designar a personas de sexo, orientación sexual e identidad de género diversos. Debido a su orientación sexual y/o identidad de género percibida, las personas LGBTI pueden enfrentarse a diversas discriminaciones y violaciones de los derechos humanos en su país de origen o, por su condición de migrantes, en los países de tránsito o de destino. La orientación sexual y la identidad de género también se reconocen como motivos de persecución (a saber, “pertenencia a un determinado grupo social”) a efectos del reconocimiento de la condición de refugiado (véase, por ejemplo, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Directrices sobre Protección Internacional Nº 9: Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de género en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967 [23 de octubre de 2012], documento HCR/ IP/12/09 del ACNUR).

En el marco de las normas de derechos humanos, el derecho a circular libremente no entraña el derecho a entrar y permanecer en un país distinto del propio, a excepción de los casos en los que el país tiene la obligación de admitir a la persona en virtud del derecho internacional (por ejemplo, en aplicación del principio de no devolución).

El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976) establece este derecho de la siguiente manera: “1) [t]oda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia; 2) [t]oda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio; 3) [l]os derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando estas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el […] Pacto; 4) [n]adie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”.

Tal y como señala el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su observación general Nº 27, “[e]n la redacción del párrafo 4 del artículo 12 no se hace diferencia entre nacionales y extranjeros (ʻnadieʼ). Así pues, los titulares de ese derecho solo pueden determinarse interpretando las palabras ʻsu propio paísʼ. El alcance de la expresión ʻsu propio paísʼ es más amplio que el de ʻpaís de su nacionalidadʼ. No se limita a la nacionalidad en el sentido formal, es decir, a la nacionalidad recibida por nacimiento o naturalización; comprende, cuando menos, a la persona que, debido a vínculos especiales o a pretensiones en relación con un país determinado, no puede ser considerada como un simple extranjero. […] El texto del párrafo 4 del artículo 12 permite una interpretación más amplia que podría abarcar otras categorías de residentes a largo plazo, en particular, pero no exclusivamente, los apátridas privados arbitrariamente del derecho a adquirir la nacionalidad del país de residencia. Como es posible que otros factores, en ciertas circunstancias, puedan traducirse en el establecimiento de vínculos estrechos y duraderos entre una persona y un país, los Estados Partes deben incluir en sus informes datos sobre el derecho de los residentes permanentes a regresar a su país de residencia” (Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, observación general Nº 27 relativa a la libertad de circulación (artículo 12) [1º de noviembre de 1999], documento CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 de las Naciones Unidas, párr. 20). La libertad de circulación es también un derecho fundamental de los nacionales de los Estados Partes en un régimen regional de libre circulación (por ejemplo, la Unión Europea, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, el Mercado Común del Sur [Mercosur] y la Comunidad del Caribe).

Los límites territoriales marcan los confines de la jurisdicción territorial de cada Estado. Son tridimensionales por naturaleza, ya que comprenden el espacio aéreo y el subsuelo del Estado, la tierra firme dentro de los límites territoriales y el entorno marítimo de las aguas interiores y el mar territorial del Estado (J. Law [ed.], A Dictionary of Law [8a edición, Oxford University Press, 2015]).

Los viajes temporales al exterior con fines de ocio, vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa no cambian el país de residencia habitual de una persona (ibíd.).

Los viajes temporales al exterior con fines de ocio, vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa no cambian el país de residencia habitual de una persona (ibíd.).

En el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (aprobada el 10 de diciembre de 1982 y en vigor desde el 16 de noviembre de 1994) se establece que “[la] soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a [la] Convención y otras normas de derecho internacional”. Además, en el artículo 3 de ese mismo instrumento se dispone que “[t]odo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con [la] Convención”.

Por último, en el artículo 17 de la Convención se establece que los buques que naveguen por el mar territorial gozan del derecho de paso inofensivo; no obstante, ese derecho pierde efecto desde el momento en que el paso se considere “no inofensivo”. En el contexto de la migración irregular, el embarco o desembarco de personas en contravención de las leyes y reglamentos del Estado ribereño en materia de inmigración se consideran como actividades no inofensivas. Así pues, el Estado ribereño puede impedir el paso de un buque si existen sospechas de que transporta a migrantes irregulares.

Este término también se utiliza para hacer referencia a los pescadores (Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares [aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003], art. 2, párr. 2 c)).

En el caso de las decisiones sobre la reagrupación familiar y el acceso al permiso de residencia y a la nacionalidad, debe determinarse la autenticidad del matrimonio. En muchos Estados, se parte de la presunción de que una pareja tiene la intención de crear una unidad familiar duradera y que el matrimonio se contrae de buena fe, a menos que haya pruebas de lo contrario.

También conocido como “matrimonio ficticio” o “matrimonio fraudulento”.

Por ejemplo, en virtud del artículo 16, apartado 2 b), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo de la Unión Europea sobre el derecho a la reagrupación familiar (22 de septiembre de 2003), DO L 251/12, un Estado miembro podrá denegar una solicitud de reagrupación familiar si se demuestra que el matrimonio “se formaliz[ó] únicamente para que la persona interesada pudiera entrar o residir en un Estado miembro”.

La práctica del matrimonio forzado contraviene lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada el 10 de diciembre de 1948), que establece lo siguiente: “Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio”. Este derecho también queda consagrado en el artículo 2 de la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud (aprobada el 7 de septiembre de 1956 y en vigor desde el 30 de abril de 1957); y el artículo 1 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios (aprobada el 7 de noviembre de 1962 y en vigor desde el 9 de diciembre de 1964). En el artículo 2 de la Convención, con el objeto de eliminar el matrimonio infantil, se obliga a los Estados a adoptar las medidas legislativas necesarias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio. Con arreglo al derecho penal internacional, el matrimonio forzado también ha sido considerado como un crimen de lesa humanidad (Tribunal Especial para Sierra Leona, Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu [sentencia]), causa Nº SCSL-2004-16-A, 22 de febrero de 2008, pág. 202). El matrimonio forzado se considera una forma de violencia de género.

Los mecanismos de consulta interestatales sobre migración comprenden los procesos mundiales sobre migración, los foros interregionales sobre migración (que cubren dos o más regiones) y los procesos consultivos regionales sobre migración (que abarcan una sola región).

Las medidas no privativas de libertad pueden conllevar una restricción de movimiento. Del carácter excepcional de la detención de migrantes se deriva la obligación de los Estados de garantizar la disponibilidad de medidas no privativas de libertad (véase, por ejemplo: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Vélez Loor vs. Panamá, Serie C, Nº 218 [10 de diciembre de 2010], párr. 171). A título de ejemplo, cabe señalar medidas tales como los modelos comunitarios o adaptados según el caso; las opciones de fianza, caución y garante; los centros en régimen semiabierto; y la obligación de apersonarse.

En el contexto de la migración, los menores separados de ambos progenitores u otros cuidadores suelen denominarse “migrantes menores no acompañados”.

El término “migración circular” se aplica en múltiples contextos. Se ha empleado para designar los movimientos migratorios que se producen espontáneamente (por ejemplo, en las regiones fronterizas, en el marco de los procesos de integración regional –como la Unión Europea– o entre dos o más países, cuando la persona tiene derecho a residir en más de un país). La migración circular ha sido promovida por los Estados y los agentes para el desarrollo, a través de programas y mecanismos específicamente diseñados para ayudar a las personas a emigrar, generalmente con carácter temporal, para conseguir un empleo y retornar al país de origen. No obstante, conviene ser especialmente precavidos a la hora de diseñar programas de migración circular, ya que esta forma de migración no es necesariamente idónea para los sectores del mercado laboral que se enfrentan a carencias estructurales de largo plazo. En efecto, en dichos sectores, las formas más permanentes de entrada e integración a largo plazo pueden responder mejor a las necesidades, tanto de los empleadores como de los trabajadores migrantes.

La migración circular también puede ser una estrategia para hacer frente al cambio climático y la degradación del medio ambiente. Por lo tanto, los mecanismos de migración circular pueden ser un medio eficaz para complementar los ingresos locales y fomentar la resiliencia de las comunidades afectadas por el cambio climático.

A efectos estadísticos, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) define a los migrantes que retornan como “personas que regresan a su país de ciudadanía después de haber sido migrantes internacionales (por largo o breve plazo) en otros país y que tienen intención de permanecer en su propio país al menos durante un año” (DAES, Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales, Revisión 1 [1999], pág. 93).

La migración facilitada puede, por ejemplo, consistir en un proceso simplificado de solicitud de visados, una migración laboral asistida por el Gobierno o programas de orientación previos a la partida.

Aunque no es un concepto jurídico internacional, este término se ha utilizado para describir los movimientos de refugiados, desplazados (incluidos los desplazados por desastres o por proyectos de desarrollo) y, en algunos casos, las víctimas de la trata. En el plano internacional, el uso de este término es objeto de debate debido al reconocimiento generalizado de que existe un espectro continuo de agentes, y no así una dicotomía “voluntario/forzoso”, y de que su empleo podría socavar el régimen jurídico de protección internacional existente.

Las migraciones internas pueden ser de carácter temporal o permanente e incluyen a las personas que se han visto desplazadas de su lugar de residencia habitual, como los desplazados internos, y las personas que deciden trasladarse a un nuevo lugar, por ejemplo en el caso de la migración de zonas rurales a zonas urbanas. El término comprende asimismo a los nacionales y los no nacionales que se trasladan dentro de un país, siempre y cuando se trasladen fuera de su lugar de residencia habitual.

De manera similar a la definición de “migrante internacional”, y a efectos estadísticos, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) define “migrante internacional” como “toda persona que cambia de país de residencia habitual” (Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales, Revisión 1 [1999], párr. 32). Esta definición excluye los movimientos “con fines de ocio, vacaciones, visitas a amigos y familiares, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa” (ibíd).

Si bien no existe una definición universalmente aceptada de “migración irregular”, este término se emplea generalmente para designar a todas las personas que se trasladan al margen de las vías de migración regular. El hecho de que dichas personas migren de forma irregular no exime a los Estados de la obligación de proteger sus derechos. Las categorías de migrantes que podrían no tener otra alternativa que recurrir a las vías de migración irregular comprenden asimismo a los refugiados, las víctimas de la trata o los menores no acompañados. La decisión de dichas personas de recurrir a vías de migración irregular tampoco significa que los Estados estén exentos de la obligación de brindar alguna forma de amparo en el marco del derecho internacional, incluida la protección internacional para los solicitantes de asilo que huyen de la persecución, los conflictos o la violencia generalizada. Además, los refugiados están protegidos en virtud del derecho internacional contra cualquier sanción relacionada con su entrada o estancia no autorizada en un país, siempre y cuando estos procedan de un lugar en el que corrían peligro (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados [aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954], art. 31, párr. 1).

En consonancia con la definición de “migrante”, la migración laboral abarca tanto a los migrantes que se trasladan dentro de un país como a aquellos que se desplazan a través de las fronteras internacionales. Esta definición amplia se justifica por el elevado número de personas que se trasladan dentro del mismo país con fines laborales y que, a veces, tropiezan con los mismos obstáculos o retos que enfrentan los migrantes internacionales, como la discriminación y las dificultades de integración. Si bien dichos retos suelen ser más importantes para los migrantes que se desplazan a través de las fronteras, los migrantes internos también pueden verse expuestos a situaciones similares.

La migración en este contexto se puede vincular con una mayor vulnerabilidad de las personas afectadas, especialmente en casos de migración forzosa. Sin embargo, la migración también puede ser una respuesta positiva a los factores de tensión ambiental, al contribuir a la adaptación a los cambios en el medio ambiente y al fortalecimiento de la resiliencia de las personas y las comunidades afectadas.

Esta definición de trabajo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cumple una finalidad analítica y de sensibilización, pero no tiene ningún valor jurídico específico.

La migración por motivos climáticos es una subcategoría de la migración por motivos ambientales; corresponde a una categoría particular de migración por motivos ambientales, en cuyo marco el factor que genera el cambio en el medio ambiente es el cambio climático. La migración en este contexto se puede vincular con una mayor vulnerabilidad de las personas afectadas, especialmente en casos de migración forzosa. Sin embargo, la migración también puede ser una forma de adaptación a los factores de tensión ambiental, al contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de las personas y las comunidades afectadas.

La migración por motivos económicos difiere de la migración laboral en que no tiene necesariamente por objeto buscar o conseguir empleo, sino que también puede incluir actividades económicas como la inversión.

En el contexto de los movimientos de refugiados y de solicitantes de asilo, el término “migración secundaria” se utiliza para designar los movimientos de quienes solicitan o reciben asilo en un país distinto del país al que llegaron en primer lugar (véase, por ejemplo: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], S. H. Legomsky, Secondary Refugee Movements and the Return of Asylum Seekers to Third Countries: The Meaning of Effective Protection, Legal and Protection Policy Research Series, 2003).

Este término forma parte del título del Pacto Mundial para la Migración (Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular [aprobado el 19 de diciembre de 2018], documento A/RES/73/195 de las Naciones Unidas [11 de enero de 2019], anexo). Pueden observarse algunas variaciones en otros documentos. Por ejemplo, la meta 10.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se formula como sigue: “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” (Asamblea General de las Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [21 de octubre de 2015], documento A/RES/70/1 de las Naciones Unidas). En el título del Marco de Gobernanza sobre la Migración de la OIM también se hace referencia a los elementos esenciales para facilitar la migración “de manera ordenada, segura, regular y responsable”, y uno de los objetivos de dicho Marco consiste en “cerciorarse de que la migración se efectú[e] de manera segura, ordenada y digna” (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], Marco de Gobernanza sobre la Migración [2015], documento C/106/40, Objetivo 3).

En el plano internacional, no existe una definición universalmente aceptada de “migrante”. La presente definición ha sido elaborada por la OIM para sus propios fines y no presupone ni establece la existencia de una nueva categoría jurídica.

Por lo general, la definición del término “migrante” se basa en dos enfoques, a saber: el enfoque “inclusivista”, aplicado por la OIM y otros organismos, en cuyo marco el vocablo “migrante” se considera un término genérico que aglutina todas las formas de movimiento; y el enfoque “residualista”, que excluye del término “migrante” a aquellas personas que huyen de las guerras o de la persecución (J. Carling, What is the meaning of migrant?, disponible en www.meaningofmigrants.org [última consulta: 8 de mayo de 2019]).

A efectos de la recopilación de datos sobre migración, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) define “migrante internacional” como “toda persona que cambia de país de residencia habitual” (Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales, Revisión 1 [1999], párr. 32). Esta definición del DAES excluye los viajes al exterior “con fines de ocio, vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa” (ibíd.). El DAES también ha elaborado definiciones específicas para los migrantes por largo y breve plazo (véanse las entradas correspondientes).

Aunque los migrantes en situación regular suelen estar documentados, pueden darse situaciones en las que la condición de migrante regular no equivalga a la de migrante documentado. Por ejemplo, en el marco de los regímenes regionales de libre circulación, los migrantes, que están autorizados para desplazarse dentro de la región, pueden no llevar consigo la documentación necesaria para demostrar que son nacionales de uno de los Estados miembros de la comunidad regional, lo que, desde ese punto de vista, los convierte en personas indocumentadas.

Es importante señalar que, incluso cuando se encuentran en situación irregular, los migrantes siguen teniendo derecho a que se respeten, protejan y hagan efectivos sus derechos humanos (véase, por ejemplo: Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, observación general Nº 2 sobre los derechos de los trabajadores migratorios en situación irregular y de sus familiares [28 de agosto de 2013], documento CMW/C/GC/2 de las Naciones Unidas). Además, los refugiados deberán tener acceso a protección internacional y estar protegidos contra cualquier sanción relacionada con su entrada o estancia no autorizada en un país, siempre y cuando estos procedan de un lugar en el que corrían peligro (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados [aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954], art. 31, párr. 1).

Existen dos tipos de situación en las que cabe hablar de migrantes indocumentados. En el primer tipo de situación, los migrantes cuentan con los documentos necesarios para demostrar su identidad, pero carecen de documentos que demuestren su derecho a entrar y permanecer en el país, o llevan documentos fraudulentos o caducados. En este caso es aplicable el término “migrante en situación irregular” (Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares [aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003], art. 5 b)). En el segundo tipo de situación, los migrantes no poseen documento alguno que sirva como prueba de su identidad o demuestre su derecho a entrar y permanecer en el país.

Los migrantes indocumentados suelen tener más dificultades para acceder a determinados servicios, obtener permisos de residencia o de trabajo, o retornar a sus países de origen. A largo plazo, esos migrantes pueden incluso correr el riesgo de convertirse en apátridas si no están en condiciones de obtener pruebas de su nacionalidad.

A efectos estadísticos, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) define “migrante internacional” como “toda persona que cambia de país de residencia habitual” (Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales, Revisión 1 [1999], párr. 32). Esta definición del DAES excluye los viajes al exterior “con fines de ocio, vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa” (ibíd.).

La OIM emplea el término “entrada irregular” en lugar del término “entrada ilegal”, tal como figura en el artículo 3 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobado el 15 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 28 de enero de 2004). De conformidad con el artículo 5 de ese mismo Protocolo, los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal por el hecho de haber sido objeto de tráfico.

A los efectos de las estadísticas de las migraciones internacionales, se considera que el país de residencia habitual de los migrantes por breve plazo es el país de destino durante el periodo que permanecen en él (DAES, Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales, Revisión 1 [1999]).

A diferencia de la definición de “migrante” de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la definición de “migrante por largo plazo” utilizada por las Naciones Unidas con fines estadísticos solo abarca a los migrantes internacionales.

A escala internacional, no se ha acuñado formalmente ningún término para describir a las personas o grupos de personas que se trasladan por razones relacionadas con el medio ambiente. Esta definición de “migrante por motivos ambientales” no tiene por objeto establecer una nueva categoría jurídica; se trata más bien de una definición de trabajo que describe las diversas situaciones en las que las personas se trasladan en el contexto de distintos factores ambientales.

No se recomienda el uso de este término por varias razones. En primer lugar, la clasificación de los migrantes basada en un único motivo de migración es cuestionable habida cuenta de los factores complejos, y a menudo superpuestos, que propician la migración. En segundo lugar, el término “migrante por motivos económicos” se suele yuxtaponer al término “refugiado” para recalcar que los refugiados tienen derecho a una protección específica en virtud del derecho de los refugiados, mientras que los Estados no tienen obligación alguna respecto de quienes emigran al extranjero en busca de mejores oportunidades económicas. Esta yuxtaposición contraviene claramente las normas del derecho internacional e invalida la universalidad de los derechos humanos.

Por estas razones, el término debe utilizarse con cautela, en particular al describir los flujos migratorios mixtos. El término “trabajador [migrante]”, definido en el artículo 2, párrafo 1, de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003) es más neutro, por lo que debe preferirse su uso. Por otra parte, el término “migrante por motivos económicos” solo debería utilizarse para referirse a algunas categorías muy específicas de migrantes que no quedan abarcadas en la definición de “trabajador [migrante]” establecida en dicha Convención, como los inversionistas.

En ausencia de una definición internacionalmente consensuada para “migrantes desamparados”, algunos autores consideran que el término puede aplicarse a todos los migrantes, independientemente de su condición y de la duración y los motivos de su estancia en el extranjero, con el único punto en común de que no están en condiciones de salir de la situación en que se encuentran. Desde esta perspectiva amplia, los migrantes pueden quedar varados durante cualquier etapa del proceso migratorio y el término puede emplearse para designar situaciones en las que se encuentran no solo los migrantes irregulares, sino también los migrantes regulares (V. Chetail y M. A. Braeunlich, Stranded Migrants: Giving Structure to a Multifaceted Notion, Global Migration Research Papers (Nº 5/2013), págs. 11 y 14).

El término también se utiliza actualmente para designar a los migrantes que se encuentran varados en el mar (por ejemplo, porque ningún Estado les permite desembarcar en sus costas) o que son expulsados y abandonados en tierra de nadie.

En su informe al Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) subraya que “las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan los migrantes pueden surgir de diversos factores que pueden converger o coexistir simultáneamente, influirse y exacerbarse entre ellos y también evolucionar y variar con el tiempo, a medida que cambian las circunstancias” (informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], Principios y orientaciones prácticas sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad [3 de enero de 2018], documento A/HRC/37/34 de las Naciones Unidas, párr. 12). Asimismo, añade que “[l]os factores que generan vulnerabilidad pueden motivar, en primer lugar, que un migrante abandone su país de origen, pueden producirse durante el tránsito o en el país de destino, con independencia de que el desplazamiento inicial haya sido escogido libremente, o pueden estar relacionados con la identidad o las circunstancias de la persona migrante. Por lo tanto, la vulnerabilidad en este contexto debe entenderse como una realidad a la vez situacional y personal” (ibíd., párr. 13). Por último, también recuerda que “los migrantes no son intrínsecamente vulnerables ni carecen de [resiliencia] y capacidad de actuación. Por el contrario, la vulnerabilidad ante las violaciones de sus derechos humanos es el resultado de múltiples formas de discriminación interrelacionadas, de la desigualdad y de dinámicas estructurales y sociales que imponen límites y desequilibrios en los niveles de poder y de disfrute de los derechos” (ibíd.).

Aunque no existe una definición universalmente aceptada de “minoría” en el derecho internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) subraya que “la existencia de una minoría es una cuestión de hecho y que toda definición ha de incluir tanto factores objetivos (como la existencia de una etnia, de un [idioma] o de una religión compartidos) como factores subjetivos (en particular, que las personas de que se trate han de identificarse a sí mismas como miembros de una minoría)” (ACNUDH, Derechos de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su aplicación [2010], pág. 3). Además, según el ACNUDH, “[a]lgunas [minorías] tienen un fuerte sentimiento de identidad colectiva y una historia; otras conservan solamente una noción fragmentaria de su patrimonio cultural común” (ibíd.). Como pone de relieve el ACNUDH, “el requisito de que la minoría se encuentre en una posición no dominante continúa siendo importante. En la mayoría de los casos, un grupo minoritario constituirá una minoría numérica, pero en otros una mayoría numérica puede encontrarse en una posición similar a la de una minoría o en una posición no dominante [...]. En algunas situaciones, un grupo que constituye una mayoría en el Estado en su conjunto puede encontrarse en una posición no dominante dentro de una región dada del Estado de que se trate” (ibíd., págs. 3 y 4).

La Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas se aplica exclusivamente a quienes pertenecen a las minorías mencionadas en su título (Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas [18 de diciembre de 1992], documento A/RES/47/135 de las Naciones Unidas). Sin embargo, el ACNUDH reconoce la importancia de tener en cuenta que las minorías pueden ser objeto de discriminación por otros motivos tales como su género, su discapacidad o su orientación sexual. Además, el criterio de la nacionalidad ha sido cuestionado con frecuencia (ACNUDH, Derechos de las minorías, pág. 3). Por ello, en la definición se ha omitido la referencia a la necesidad de que los miembros del grupo sean nacionales del Estado de que se trate.

La adopción de modalidades alternativas de cuidado es una obligación de los Estados que dimana de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989): “Cuando la propia familia del niño no puede, ni siquiera con un apoyo apropiado, proveer al debido cuidado del niño, o cuando lo abandona o renuncia a su guarda, el Estado es responsable de proteger los derechos del niño y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado, con las entidades públicas locales competentes o las organizaciones debidamente habilitadas de la sociedad civil, o a través de ellas” (Asamblea General de las Naciones Unidas, Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños [24 de febrero de 2010], documento A/RES/64/142 de las Naciones Unidas, párr. 5). Si bien las modalidades alternativas de cuidado pueden ser necesarias para cualquier menor, independientemente de su situación migratoria, son tanto más importantes para los migrantes menores no acompañados o separados, quienes gozarán del mismo nivel de protección y cuidado que los menores nacionales del Estado en cuestión (ibíd., párrs. 9 b) y 140 a 152).

Los motivos de inadmisibilidad suelen estar concebidos para impedir la entrada de extranjeros indeseables, como las personas sin documentos de viaje válidos, las personas con condenas penales, las personas consideradas como un peligro para la salud o la seguridad públicas, o las personas que han sido previamente expulsadas. Incluso si existe uno de estos motivos, los Estados tienen la obligación de evaluar la situación individual de la persona que solicita la admisión en el Estado y de verificar si tiene derecho a protección internacional como refugiado o por otros motivos. Además, los motivos de inadmisibilidad no deben aplicarse de manera discriminatoria.

La definición de “refugiado” que figura en el artículo 1ª, párrafo 2, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954) se refiere a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Estos motivos deben vincularse al acto de persecución, pero también pueden establecerse por la incapacidad o falta de voluntad del país de origen para brindar protección (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Directrices sobre Protección Internacional Nº 12 [2 de diciembre de 2016], documento HCR/GIP/16/12 del ACNUR, párr. 32). Si bien estos motivos pueden solaparse en un caso particular, la persecución debe ser al menos uno de ellos a efectos de la determinación oficial de la condición de refugiado (véase: ACNUR, Manual y Directrices sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados [reedición, diciembre de 2011], párrs. 66 y 67). Habida cuenta de que el solicitante de la condición de refugiado puede “igno[rar] los motivos de la persecución de que teme ser víctima [...], [i]ncumbe al examinador, al investigar los hechos, averiguar el motivo o los motivos de la persecución temida y decidir si se reúnen los requisitos exigidos a este respecto por la definición de la Convención de 195” (ibíd.). A este respecto, la intención o el motivo del perseguidor no es necesario ni decisivo (ACNUR, Directrices sobre Protección Internacional Nº 12, párr. 32).

El término “movilidad humana” designa una gama más amplia de movimientos de personas que el término “migración”. También abarca a los turistas que, por lo general, no se consideran migrantes.

Como ejemplo de la aparición de este término, las organizaciones internacionales que forman parte del Grupo Consultivo sobre el Cambio Climático y la Movilidad Humana creado en el contexto de las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han comenzado a utilizar el término “movilidad humana” para abarcar toda la variedad de tipos de movimientos que pueden tener lugar en el contexto del cambio climático (Grupo Consultivo sobre el Cambio Climático y la Movilidad Humana, Human Mobility in the Context of Climate Change UNFCCC - Paris COP21 [2015]).

El término “movilidad laboral” tiene el mismo significado que “migración laboral”, pero en la actualidad se utiliza con mayor frecuencia para reflejar el carácter dinámico y multidireccional de la migración moderna e indicar que las personas que se desplazan por motivos de trabajo pueden hacerlo más de una vez, pueden desplazarse a través de distintos países de destino, su empleo en el extranjero no tiene por qué dar lugar necesariamente a su establecimiento en otro país y pueden mantener su lugar de residencia principal en su país de origen.

Como resultado de las políticas basadas en el multiculturalismo, algunos miembros de una comunidad se siguen distinguiendo por sus diferencias lingüísticas, culturales y sociales, sin que se entienda que ello representa una amenaza para la identidad nacional. Sin embargo, al igual que el enfoque “asimilacionista”, el multiculturalismo también presupone que la cultura mayoritaria permanece en gran medida intacta e interactúa poco con la diversidad que la rodea. Se ha criticado el énfasis en el respeto y la tolerancia de la diferencia sin ir más allá por favorecer una dinámica de aislamiento que no fomenta la cohesión. Los críticos acusan a los defensores del multiculturalismo de centrarse en mostrar marcadores superficiales pero agradables de la diversidad, como la comida, la vestimenta o la música, y de evitar abordar prácticas culturales que son contrarias a los valores liberales, como los matrimonios arreglados [sic]. Entendido de esta manera, el multiculturalismo tampoco tiene debidamente en cuenta las realidades actuales de la migración. La existencia de sociedades cada vez más plurales requiere una comprensión más profunda de la dinámica de la diversidad. Además, las negociaciones sobre las tensiones derivadas de las divergencias culturales deben poder trascender la noción de tolerancia.

Los términos “nacional” y “ciudadano” se suelen utilizar indistintamente para designar a una persona que tiene la nacionalidad o la ciudadanía de un Estado determinado. En su histórica causa Nottebohm, la Corte Internacional de Justicia definió la nacionalidad como el “vínculo jurídico que tiene como base un hecho social de apego, una solidaridad efectiva de existencia de intereses y sentimientos unidos a una reciprocidad de derechos y deberes recíprocos” (Corte Internacional de Justicia, Nottebohm [Liechtenstein c. Guatemala] [1955] ICJ Reports 23). Sin embargo, se ha argumentado que no es necesario tener un vínculo real con el país que reconoce a una persona como su nacional para que la nacionalidad sea efectiva y que la “teoría del vínculo auténtico” solo se aplica en caso de doble o múltiple nacionalidad a los efectos de la protección diplomática (R. D. Sloane, “Breaking the Genuine Link: The Contemporary International Legal Regulation of Nationality” [2009], Harvard International Law Journal, vol. 50, N° 1).

En los casos de evacuación humanitaria, este término se emplea para designar a los extranjeros que son evacuados del país al que han huido y del que tampoco son nacionales. El término se utiliza asimismo en el contexto de las organizaciones regionales. Por ejemplo, en la Unión Europea, toda persona que no sea ciudadana de la Unión en el sentido del artículo 20, párrafo 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se denomina “nacional de un tercer país” (Unión Europea, Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [2016], DO C 202/47).

En el Convenio concerniente a determinadas cuestiones relativas a conflictos de leyes de nacionalidad de la Sociedad de las Naciones se establece lo siguiente: “Incumbirá a cada Estado determinar con arreglo a su propio ordenamiento quiénes serán nacionales suyos. Los demás Estados solo reconocerán esa legislación en la medida en que sea compatible con los convenios internacionales, la costumbre internacional y los principios del derecho generalmente reconocidos en materia de nacionalidad” (Convenio concerniente a determinadas cuestiones relativas a conflictos de leyes de nacionalidad [aprobado el 12 de abril de 1930 y en vigor desde el 1º de julio de 1937], art. 1).

El vínculo de nacionalidad confiere derechos e impone obligaciones tanto al Estado como al individuo. Así pues, el Estado tiene derecho a proteger a sus nacionales en el extranjero (en particular mediante la protección diplomática y consular), así como la obligación de aceptar a sus nacionales en su territorio, y debe respetar la prohibición de expulsarlos. Por su parte, los nacionales de un Estado gozan de los correspondientes derechos a regresar a su país de nacionalidad y a no ser expulsados de él, entre otros, y deben cumplir una serie de obligaciones, como por ejemplo realizar el servicio militar o votar en las elecciones.

Si bien en el ámbito del derecho internacional el término que se emplea con mayor frecuencia es el de “nacionalidad”, a nivel nacional se utilizan tanto el término “nacionalidad” como el término “ciudadanía”, a veces con significados diferentes. Algunos Estados distinguen entre diversas formas de nacionalidad y ciudadanía. Por ejemplo, en el Reino Unido existen seis tipos de nacionalidad o ciudadanía (Gobierno del Reino Unido, Types of British Nationality, www.gov.uk/types-of-british-nationality [última consulta: 5 de febrero de 2018]). A diferencia de los “ciudadanos británicos”, los “nacionales británicos (de ultramar)”, esto es, de la RAE de Hong Kong (China) están sujetos a controles de inmigración y no gozan automáticamente del derecho a vivir o trabajar en el Reino Unido, y ello a pesar de ser titulares de un pasaporte británico. En algunos Estados la nacionalidad va ligada al origen étnico y la ciudadanía no necesariamente confiere la nacionalidad. Por ejemplo, en la Federación de Rusia, la “nacionalidad” denota el origen étnico N 149 Glosario de la OIM sobre Migración de una persona, mientras que “ciudadanía” es el término jurídico utilizado para designar el vínculo entre el Estado y las personas pertenecientes a su población permanente. El término “ciudadanía” es también el más utilizado en muchos Estados de Europa Oriental (Consejo de Europa, European Convention on Nationality and Explanatory Report [Council of Europe Publishing, 1998], pág. 3). En la Unión Europea (UE), tal como se establece en el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada [2012], DO C 326/13), todas las personas que tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la UE son ciudadanos de la Unión.

Por otra parte, la nacionalidad es asimismo uno de los motivos de persecución enumerados en la definición de “refugiado”. A este respecto, el término “nacionalidad” debe interpretarse de manera amplia en el sentido de que no solo abarca la “ciudadanía”, sino que designa también la “pertenencia a un grupo étnico o lingüístico” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Manual y Directrices sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado [2011], documento HCR/1P/4/Spa/Rev.3 del ACNUR, párr. 74).

Algunos autores sostienen que los términos “nacionalidad” y “ciudadanía” destacan dos aspectos diferentes del mismo concepto (P. Weiss, Nationality and Statelessness in International Law [Springer, 1979], págs. 4 y 5). La “nacionalidad” pone de relieve el aspecto internacional, que guarda relación con el ejercicio de la competencia personal del Estado sobre el individuo y con el derecho del Estado a activar la protección diplomática frente a otros Estados (A. Boll, Multiple Nationality in International Law [Brill/ Nijhoff, 2007], pág. 60). Por otra parte, el término “ciudadanía” destaca el aspecto municipal y el conjunto de derechos y deberes que tiene una persona por ser miembro de pleno derecho de un Estado (ibíd.).

Si bien se considera en gran medida que la naturalización es competencia de los Estados, algunos instrumentos internacionales también contienen disposiciones al respecto. En virtud del artículo 34 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954) y del artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (aprobada el 28 de septiembre de 1954 y en vigor desde el 6 de junio de 1960), los Estados tienen la obligación de facilitar la naturalización a los refugiados y los apátridas, respectivamente, en particular acelerando los trámites de naturalización y reduciendo los derechos y gastos de tales trámites. El acceso a la naturalización no debe ser de carácter discriminatorio (Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, asunto Q. c. Dinamarca [1º de abril de 2015], documento CCPR/C/113/D/2001/2010 de las Naciones Unidas).

Por lo que respecta al tiempo que debe transcurrir para que una persona pueda ser naturalizada, en virtud del artículo 6, párrafo 3, del Convenio Europeo sobre la Nacionalidad (aprobado el 6 de noviembre de 1997 y en vigor desde el 1º de marzo de 2000), los Estados deben fijar el periodo de residencia legal y habitual que debe transcurrir antes de la presentación de una solicitud de naturalización. Dicho periodo no puede ser superior a diez años.

Como principio de derecho internacional, los Estados ejercen la soberanía sobre su territorio; en consecuencia, cada Estado determina quién puede o no puede entrar en él. Sin embargo, el derecho de un Estado a controlar la admisión en su territorio está limitado por las normas de derecho internacional, que reconocen el derecho a buscar asilo y disfrutar de él (Declaración Universal de Derechos Humanos [aprobada el 10 de diciembre de 1948], art. 14); el principio de no devolución (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados [aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954], art. 33; y Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [aprobada el 10 de diciembre de 1984 y en vigor desde el 26 de junio de 1987], art. 3); el derecho de los nacionales a regresar a su propio país (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976], art. 12, párr. 4); el principio del interés superior del niño (Convención sobre los Derechos del Niño [aprobada el 20 de noviembre de 1989 y en vigor desde el 2 de septiembre de 1990], art. 3, párr. 1); y el derecho a la unidad familiar (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 10, párr. 1; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 23, párr. 1).

El principio de no devolución es un principio fundamental del derecho internacional. Se estableció inicialmente en el marco del derecho internacional de los refugiados, a saber, en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954), que dispone lo siguiente: “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”. El principio se amplió posteriormente en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (aprobada el 10 de diciembre de 1984 y en vigor desde el 26 de junio de 1987), en el que se establece que ningún Estado “procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”. En ese mismo artículo se establece asimismo que “a los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos”. El principio de no devolución también está consagrado en el artículo 16 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (aprobada el 20 de diciembre de 2006 y en vigor desde el 23 de diciembre de 2010). Según las interpretaciones posteriores de otros órganos de derechos humanos respecto de la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, dicha prohibición entraña la obligación para los Estados partes en los tratados pertinentes (en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976]) de no devolver a una persona a un país en el que exista un riesgo real de que se vea sometida a los actos de maltrato prohibidos. En la presente definición se ha introducido la noción de “daños irreparables” a fin de reflejar la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, observación general Nº 31 relativa a la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto [26 de mayo de 2004], documento CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 de las Naciones Unidas, párr. 12).

Los órganos de derechos humanos también han aclarado que los Estados deben evitar todo riesgo de “devolución indirecta” cuando el riesgo real de maltrato no subsista en el primer país al que la persona es devuelta, pero sí en cualquier otro país al que podría ser devuelta posteriormente desde ese primer país (ibíd.).

El principio de no discriminación, ampliamente aceptado en el derecho internacional consuetudinario, se establece en los artículos 13, párrafo 1 b); 55, párrafo c); y 76, párrafo c), de la Carta de las Naciones Unidas (aprobada el 26 de junio de 1945 y en vigor desde el 24 de octubre de 1945). En la Carta se prohíbe toda distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Este principio también está consagrado en la mayor parte de los tratados de derechos humanos como el reverso del principio de igualdad. En el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada el 10 de diciembre de 1948) se establece que “[t]odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, mientras que en su artículo 2 se reconoce que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en [la] Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición […]”. Los motivos de discriminación varían de un tratado a otro. En los instrumentos de derechos humanos de más reciente aprobación (incluida la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares [aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003], art. 7) también se menciona, entre tales motivos, la nacionalidad, que en sí constituye un concepto más específico y guarda mayor relación con la migración que el término genérico “origen nacional”, empleado en otros tratados de derechos humanos (véase, por ejemplo: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976], art. 2, párr. 1).

En el contexto humanitario, la no discriminación se plasma en el principio subyacente de imparcialidad, uno de los cuatro principios humanitarios. La asistencia debe prestarse en función de las necesidades y en proporción a las mismas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aclara que el hecho de sostener opiniones políticas diferentes de las de los poderes públicos no justifica en sí mismo la solicitud de la condición de refugiado, y el solicitante debe demostrar que alberga temores de ser perseguido por sostener tales opiniones […]” (ACNUR, Manual y Directrices sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado [2011], documento HCR/1P/4/Spa/Rev.3 del ACNUR, párr. 80). Además, puede que no siempre sea posible establecer una relación de causalidad entre la opinión expresada y las consecuencias que sufre o teme el solicitante. En efecto, son raros los casos en que tales consecuencias se basen expresamente en la opinión manifestada. Muy a menudo, esas consecuencias se presentan en forma de sanciones por presuntos actos delictivos contra el poder establecido. En tales circunstancias, “será necesario determinar las opiniones políticas del solicitante, que son la causa fundamental de su comportamiento, y si han dado lugar o pueden dar lugar a la persecución de que, según sus alegaciones, teme ser víctima” (ibíd., párr. 81).

En el derecho interno de la mayoría de los Estados, la expulsión adopta la forma de un acto administrativo o judicial del Estado, por cuanto constituye una decisión de las autoridades administrativas o judiciales. Se trata de un acto formal que puede ser recurrido ante los órganos jurisdiccionales del Estado expulsor (Comisión de Derecho Internacional, proyecto de artículos sobre la expulsión de extranjeros, con comentarios [2014], documento A/69/10 de las Naciones Unidas). Sin embargo, en algunos casos, la expulsión se produce incluso en ausencia de un acto jurídico formal contra el que cabe presentar un recurso.

El derecho de los derechos humanos establece garantías procesales para asegurar que la expulsión de los extranjeros no sea arbitraria. En el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976) se dispone que “[e]l extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte [...] solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y [...] se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión [...]”. En el artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003) se amplía el alcance de aplicación del derecho de todos los trabajadores migrantes, incluidos aquellos que se encuentren en situación irregular, y se establecen algunas garantías específicas en relación con la expulsión que se aplican a todos los trabajadores migrantes y a sus familiares, incluidos los indocumentados o los que se encuentren en situación irregular (a saber, la adopción de la decisión correspondiente por las autoridades competentes, las obligaciones relativas a la comunicación de la decisión de expulsión, el derecho a recurrir la decisión, el derecho a reclamar una indemnización en caso de revocación de la decisión ya ejecutada, el derecho a disponer de tiempo para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y el derecho a que no se le exijan los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión, salvo los gastos de viaje).

Los Estados utilizan el término “país de origen seguro” para acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo. Se trata de un concepto que plantea la presunción, difícil de rebatir, de que una solicitud de protección internacional presentada por un nacional de uno de esos países carece de fundamento.

Con miras a garantizar la estricta conformidad con la letra y el espíritu de la Convención de 1951, al aplicar el concepto de tercer país seguro, los Estados deben garantizar que toda solicitud se examine en detalle en cuanto al fondo, de conformidad con determinadas garantías procesales; que todo solicitante tenga una oportunidad efectiva para rebatir la presunción de seguridad del país de origen en sus circunstancias personales; que la carga de la prueba que pesa sobre él no se incremente; y que el solicitante tenga derecho a un recurso efectivo contra toda decisión negativa (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Mejorando los procedimientos de asilo: análisis comparativo y recomendaciones legales y prácticas - Principales Conclusiones y Recomendaciones [marzo de 2010], pág. 71).

Los pasaportes son una prueba de la nacionalidad internacionalmente aceptada, aunque solo constituye una prueba prima facie. La expedición de un pasaporte facilita el ejercicio del derecho humano a salir de cualquier país y a regresar al propio. Los Estados que no expidan pasaportes a sus nacionales podrían contravenir lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976), en el que se dispone lo siguiente: “Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio” (Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, observación general Nº 27 relativa a la libertad de circulación (artículo 12) [1º de noviembre de 1999], documento CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 de las Naciones Unidas). Además, en virtud del artículo 12, párrafo 3, del mismo Pacto, la libertad de circulación solo puede ser objeto de restricciones cuando estas se hallen previstas en la ley; sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros; y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el Pacto.

Algunos países exigen el patrocinio o la presentación de justificantes de ingresos como condición para la entrada de determinadas categorías de migrantes o visitantes. Asimismo, en algunos Estados se aplican sistemas de patrocinio para gestionar la migración temporal y laboral. En el marco de esos sistemas, los trabajadores extranjeros deben contar con el patrocinio de un nacional o una empresa del país para poder obtener un visado de trabajo o un permiso de residencia. En este contexto, el derecho de una persona a trabajar y permanecer en el país depende del empleador o patrocinador, y puede acrecentar el riesgo de ser objeto de trata y explotación.

En algunos sistemas de inmigración, los permisos de trabajo pueden adoptar inicialmente la forma de visados, lo que permite al titular trabajar temporalmente. Posteriormente, estos permisos se renuevan, normalmente antes de su fecha de vencimiento, en forma de permiso de trabajo. En algunos casos, un permiso de residencia permite a la persona interesada trabajar sin que se requiera una autorización de trabajo por separado.

En el contexto de los refugiados, no existe una definición universalmente aceptada de “persecución”. La ausencia de definición de este término en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954) es deliberada. La primera parte de la definición anterior se desprende del artículo 33 de la Convención, mientras que la segunda se basa en la jurisprudencia de los Estados, que generalmente reconocen que las violaciones de los derechos humanos constituyen persecución cuando alcanzan un cierto grado de gravedad. Según la definición de “refugiado” que figura en la Convención, la persecución debe obedecer a uno de los cinco motivos siguientes: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, u opinión política (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Manual y Directrices sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado [2011], documento HCR/1P/4/Spa/Rev.3 del ACNUR, párr. 51.)

El concepto de “poblaciones atrapadas” se aplica en particular a los hogares más pobres que no tienen los recursos para desplazarse y cuyos medios de subsistencia se ven afectados por el cambio del medio ambiente (OIM, Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático: Datos Empíricos para la Formulación de Políticas (MECLEP) – Glosario [2014], pág. 15).

En las Directrices revisadas sobre la prevención de los casos de polizonaje y la asignación de responsabilidades para tratar de resolver con éxito los casos de polizonaje (documento MSC 88/26/ Add/1 de la OMI) se imparte orientación sobre las medidas que cabe adoptar en los casos de polizonaje, y sobre las responsabilidades que incumben a los Estados en esta esfera. Algunos de los principios básicos establecidos en las Directrices responden a la aplicación de las normas de derechos humanos a los polizones. En el marco del Principio 1, por ejemplo, se afirma que “[l]os casos de polizonaje deberían abordarse de acuerdo con principios humanitarios”. Por otra parte, en el Principio 7 se reconoce el derecho de los polizones a recibir protección internacional y, en el Principio 9, se establece su derecho a regresar. Ese derecho también queda consagrado en el Principio 10, que dispone lo siguiente: “Cuando no se pueda determinar la nacionalidad, ciudadanía o permiso de residencia, el Estado rector del puerto de embarco inicial de un polizón debería aceptar el regreso del mismo para examinar su situación a la espera de una decisión definitiva sobre el caso” (ibíd., párr. 3).

En el contexto de la migración, las solicitudes de la condición de inmigrante pueden ser objeto de un examen preliminar a fin de determinar si existen indicios razonables (prima facie) para creer que se reúnen todos los requisitos básicos (a menudo como condición para recibir asistencia financiera o un permiso de trabajo).

Por lo general, el principio de personalidad pasiva se considera el más débil de todos los vínculos jurisdiccionales con el Estado enjuiciador, en particular en los casos en que el Estado territorial está dispuesto a enjuiciar al acusado y no se justifica la intervención del Estado del que la víctima es nacional. Sin embargo, actualmente los Estados invocan cada vez más este principio en el contexto del terrorismo (I. Bantekas, “Criminal Jurisdiction of States under International Law”, en Wolfrum (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law [Oxford University Press, 2014]).

Los programas de estabilización son de carácter local y se basan en los principios de desarrollo. Se implementan en el marco de situaciones de crisis y contextos frágiles, y tienen por objeto mitigar o prevenir los factores que propician los desplazamientos y la migración irregular como consecuencia de la fragilidad de los Estados, los conflictos y la violencia. Los proyectos de estabilización comunitaria abarcan múltiples sectores con miras a alcanzar objetivos de estabilidad más amplios, y hacen hincapié en la flexibilidad y la capacidad de adaptación ante las necesidades en constante evolución, prestando particular atención a los servicios esenciales, la infraestructura comunitaria, la gobernanza local, la recuperación económica, la participación, la cohesión social y la consolidación de la paz.

En los últimos años, los programas de orientación previa a la partida se han ampliado, al centrarse ya no solo en la orientación cultural, sino también en la enseñanza de idiomas, la formación previa al empleo, la capacitación en materia de competencias interculturales, el asesoramiento y otras actividades. Los cursos suelen estar adaptados a poblaciones y grupos demográficos específicos.

La protección de los migrantes se entiende como “la obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos de las personas y, por ende, los Estados tienen la obligación primordial de proporcionar protección a todas las personas que se hallan en su territorio bajo su jurisdicción, sea cual fuere su nacionalidad, situación de apatridia o de migración, y ello sin discriminación alguna, a fin de preservar, en particular, su seguridad, integridad física y dignidad. La protección consiste en garantizar los derechos” (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], Política de la OIM en materia de protección [7 de septiembre de 2015], documento C/106/INF/9, párr. 12. Véase asimismo: Comité Permanente entre Organismos, Directrices operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres naturales [mayo de 2011], pág. 6).

Esta definición amplia, elaborada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) comprende cuatro elementos, a saber: 1) las transferencias sociales; 2) los programas para garantizar el acceso a los servicios; 3) los servicios de asistencia social y de atención de la salud; y 4) las reformas legislativas y de políticas para eliminar las desigualdades en el acceso a los servicios, los medios de subsistencia y las oportunidades económicas (UNICEF, Social Protection Strategic Framework, Integrated Social Protection Systems: Enhancing Equity for Children [2012], págs. 2 y 6). La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que, si bien el significado atribuido a este término varía entre instituciones, utiliza el término “protección social” como una expresión alternativa para “seguridad social” (OIT, Informe Mundial sobre la Protección Social 2014/15 (2017), pág. 162).

En el contexto de la migración en concreto, la OIT observa que, si bien “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social” (Declaración Universal de Derechos Humanos [aprobada el 10 de diciembre de 1948], art. 22), en la realidad, los migrantes se enfrentan a enormes desafíos para ejercer su derecho a la seguridad social en comparación con los nacionales que han trabajado todas sus vidas en un solo país. Están expuestos a tener un acceso restringido o inexistente a la cobertura de la seguridad social en su país de acogida a raíz de su condición o nacionalidad, o por haber trabajado y residido en el país durante un periodo considerado insuficiente a tal efecto. Asimismo, su acceso puede verse aún más limitado si no son conscientes ni están informados acerca de sus derechos y obligaciones. Al mismo tiempo, pueden perder el derecho a sus prestaciones sociales en su país de origen por estar temporalmente ausentes (OIT, Labour Migration Highlights No. 4: Social Protection for Migrant Workers [2015], pág. 1). Existen varios convenios y recomendaciones de la OIT que contienen disposiciones sobre el derecho de los trabajadores migrantes y de sus familiares a la seguridad social, en particular las normas actualizadas sobre la seguridad social (por ejemplo, el Convenio relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social (Nº 102) [aprobado el 28 de junio de 1952 y en vigor desde el 27 de abril de 1955] o la Recomendación relativa a los Pisos Nacionales de Protección Social (Nº 202) [30 de mayo de 2012]) y las normas sobre migración laboral (por ejemplo, el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (Revisado) (Nº 97) [aprobado el 1º de julio de 1949 y en vigor desde el 22 de enero de 1952]; el Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes (Nº 143) [aprobado el 24 de junio de 1975 y en vigor desde el 9 de diciembre de 1978]; y el Marco Multilateral de la OIT para las Migraciones Laborales [19 de abril de 2006]).

El derecho de los trabajadores migrantes a la seguridad social también está consagrado en el artículo 27 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003), aunque con sujeción a algunas condiciones (véase: Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, observación general Nº 2 sobre los derechos de los trabajadores migratorios en situación irregular y de sus familiares [18 de agosto de 2013], documento CMW/C/GC/2 de las Naciones Unidas, párrs. 67 a 71). Lo mismo ocurre en el caso de los refugiados, cuyo derecho a la seguridad social se enuncia en el artículo 24 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954)

El racismo da lugar a desigualdades y a la discriminación racial, que son contrarias a los principios fundamentales del derecho internacional (Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia [aprobada el 5 de junio de 2013 y en vigor desde el 11 de noviembre de 2017]).

Por lo general, los instrumentos de ratificación se hacen efectivos al efectuarse su canje entre los Estados contratantes; su depósito en poder del depositario; o su notificación a los Estados contratantes o al depositario del tratado (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados [aprobada el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980], art. 16). En el contexto nacional, la ratificación es el proceso mediante el cual un Estado se pone en condiciones de indicar su aceptación de las obligaciones contenidas en un tratado, lo que, sobre la base de algunas constituciones, puede implicar todos los procedimientos aplicables antes de que el Gobierno pueda aceptar un tratado como vinculante (J. Grant y J. Barker [eds.], Parry and Grant Encyclopedic Dictionary of International Law [3a edición, Oxford University Press, 2009]).

Por lo general, se concede asilo u otra forma de derecho de residencia a largo plazo a los refugiados reubicados y, en muchos casos, se les ofrece asimismo la posibilidad de naturalizarse.

En el marco del derecho internacional de los refugiados, el reconocimiento de la condición de refugiado es de carácter declarativo y no constitutivo. “De acuerdo con la Convención de 1951, una persona es un refugiado tan pronto como reúne los requisitos enunciados en la definición, lo que necesariamente ocurre antes de que se determine formalmente su condición de refugiado. Así pues, el reconocimiento de la condición de refugiado de una persona no tiene carácter constitutivo, sino declarativo. No adquiere la condición de refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se le reconoce tal condición por el hecho de ser refugiado” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Manual y Directrices sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado, documento HCR/1P/4/Spa/Rev.3 del ACNUR, párr. 28). La segunda parte de esta definición también abarca a los apátridas que se encuentran fuera de su país de residencia habitual.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954) se ha visto complementada por otros instrumentos aprobados a nivel regional. Dichos instrumentos se basan en la definición de “refugiado” que figura en la Convención, y hacen referencia a una serie de circunstancias objetivas que pueden obligar a una persona a abandonar su país. Por ejemplo, en el artículo 1, párrafo 2, de la Convención de la Organización de la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África (aprobada el 10 de septiembre de 1969 y en vigor desde el 20 de junio de 1974), la definición de “refugiado” incluye a toda persona que se vea obligada a abandonar su país debido a una agresión externa, ocupación, dominación extranjera o acontecimiento que perturbe gravemente el orden público en parte o en la totalidad de su país de origen o de nacionalidad. De manera análoga, en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (aprobada el 22 de noviembre de 1984) se establece que el término “refugiado” comprende asimismo “a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

“Aunque la condición de refugiado debe normalmente determinarse según cada caso particular, se han dado asimismo situaciones en las que grupos enteros han sido desplazados en circunstancias que indicaban que los miembros de ese grupo podían ser considerados individualmente como refugiados. En situaciones de ese género suele ser extremadamente urgente prestar asistencia y, por razones meramente de orden práctico, puede resultar imposible proceder individualmente a la determinación de la condición de refugiado de cada miembro del grupo. Por eso se ha recurrido a la denominada ‘determinación colectiva’ de la condición de refugiado, en virtud de la cual se admite, salvo prueba en contrario, que cada miembro del grupo es prima facie un refugiado” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Manual y Directrices sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado [2011], documento HCR/1P/4/Spa/Rev.3 del ACNUR, párr. 44).

Una persona puede convertirse en refugiado sur place como resultado de sus propias acciones, por ejemplo, frecuentando refugiados ya reconocidos o expresando sus opiniones políticas en su país de residencia. Sin embargo, será preciso establecer, mediante una rigurosa indagación de las circunstancias, si tales acciones son suficientes para justificar fundados temores de persecución. En particular, habría que tener en cuenta si tales acciones han podido llegar al conocimiento de las autoridades del país de origen de la persona, así como la manera en que aquellas puedan ser consideradas por esas autoridades (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Manual y Directrices sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado [2011], documento HCR/1P/4/Spa/Rev.3 del ACNUR, párr. 96).

Las prácticas más comunes comprenden la concesión de amnistía (también denominada “legalización”) a los extranjeros que han residido de forma irregular en el país por un periodo de tiempo determinado y que no sean considerados inadmisibles por otras razones. A este respecto, en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular se pide a los Estados que “[aprovechen] las prácticas existentes para facilitar el acceso de los migrantes irregulares a una evaluación individual que permita regularizar su situación, caso por caso y con criterios claros y transparentes, especialmente cuando se trate de niños, jóvenes y familias, como opción para reducir la vulnerabilidad […]” (Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular [aprobado el 19 de diciembre de 2018], documento A/RES/73/195 de las Naciones Unidas [11 de enero de 2019], anexo, objetivo 7, párr. 23 i)).

La asistencia para la reinserción puede comprender “el pago de subsidios con carácter transitorio, alimentos, ropa, vivienda, servicios médicos, educación a corto plazo, capacitación, empleo y herramientas” (Asamblea General de las Naciones Unidas, Aspectos administrativos y presupuestarios de la financiación de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, nota del Secretario General [2005], documento A/C.5/59/31 de las Naciones Unidas, pág. 1). La reintegración debe entenderse como un proceso de desarrollo social y económico continuo y a largo plazo, mientras que la reinserción constituye una asistencia material o financiera a corto plazo con objeto de satisfacer las necesidades inmediatas, por lo general al comienzo del proceso de reintegración (ibíd.).

Los diversos componentes de la reintegración pueden describirse como sigue:

La reintegración social implica el acceso de los migrantes que retornan a las infraestructuras y los servicios públicos de su propio país de origen en ámbitos como la salud, la educación, la vivienda, la justicia y la protección social.

La reintegración psicosocial se basa en la reinserción de los migrantes que retornan en sus redes de apoyo personales (amigos, familiares y vecinos) y en las estructuras de la sociedad civil (asociaciones, grupos de autoayuda y otras organizaciones). Ello también comprende el proceso de interiorizar nuevamente los valores, las costumbres, el estilo de vida, el idioma, los principios morales, la ideología y las tradiciones de la sociedad del país de origen.

La reintegración económica es el proceso por el que los migrantes que retornan se reincorporan en la vida económica de su país de origen y son capaces de ganarse la vida por sí solos.

Este concepto engloba tanto la creación de una red personal (amigos, familiares, vecinos) como el desarrollo de estructuras de la sociedad civil (asociaciones, grupos de autoayuda y otras organizaciones).

Al lograr una reintegración sostenible, las personas que retornan pueden hacer de la decisión de volver a migrar una elección, y no una necesidad (OIM, Hacia un enfoque integrado de la reintegración en el contexto del retorno [2017], pág. 4.). En el contexto de los desplazamientos internos y el retorno de excombatientes, la reintegración puede requerir la aplicación de enfoques específicos. Estos enfoques se mencionan en las entradas correspondientes a “soluciones duraderas” y “reintegración de excombatientes”.

La renuncia voluntaria a la nacionalidad debe acompañarse de un acto oficial de aceptación por parte del Estado concernido. El derecho internacional prohíbe que los Estados priven a cualquier persona de su derecho a cambiar de nacionalidad (artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos [aprobada el 10 de diciembre de 1948] y artículo 20, párrafo 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [aprobada el 22 de noviembre de 1969 y en vigor desde el 18 de julio de 1978]) y restringe la posibilidad de renunciar a la nacionalidad en los casos en que ello dé lugar a una situación de apatridia (artículo 7, párrafo 1, de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia [aprobada el 30 de agosto de 1961 y en vigor desde el 13 de diciembre de 1975] y artículo 8, párrafo 1, del Convenio Europeo sobre la Nacionalidad [aprobado el 6 de noviembre de 1997 y en vigor desde el 1º de marzo de 2000]).

La reparación puede comprender la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (Asamblea General de las Naciones Unidas, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones [21 de marzo de 2006], documento A/RES/60/147 de las Naciones Unidas, párr. 18). “La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido” (ibíd., párr. 15).

El derecho a la repatriación está consagrado en varios instrumentos jurídicos, como los Convenios de Ginebra (a saber, el Convenio de Ginebra relativo al Trato debido a los Prisioneros de Guerra [aprobado el 12 de agosto de 1949 y en vigor desde el 21 de octubre de 1950]; el Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra [aprobado el 12 de agosto de 1949 y en vigor desde el 21 de octubre de 1950]); y el Reglamento relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre [aprobado el 18 de octubre de 1907 y en vigor desde el 26 de enero de 1910]), así como en el derecho internacional consuetudinario. En los artículos 35 y 36 del Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Cuarto Convenio de Ginebra), el derecho y el método de repatriación se establecen específicamente con respecto a los extranjeros (que no toman parte en el conflicto).

En el marco del derecho internacional humanitario, la repatriación también entraña la obligación para la Potencia detenedora de poner en libertad a las personas que reúnen los requisitos a tal efecto (soldados y civiles), así como el deber del país de origen de recibir a sus propios nacionales al finalizar las hostilidades. El término “repatriación” se utiliza habitualmente en el contexto del derecho internacional humanitario. Esta es la razón por la que la definición se centra principalmente en las categorías que guardan relación con esta rama del derecho internacional. No obstante, el derecho de las personas a regresar a su propio país también se enuncia de forma más general en el derecho de los derechos humanos, en particular en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976).

Por lo que respecta al derecho de los refugiados, en el artículo 5 de la de la Convención de la Organización de la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África (aprobada el 10 de septiembre de 1969 y en vigor desde el 20 de junio de 1974) se dispone que la repatriación siempre debe ser voluntaria, por lo que ningún refugiado debe ser repatriado contra su voluntad. También se impone al país de asilo la obligación de tomar las disposiciones necesarias para el retorno seguro de los refugiados que solicitan su repatriación, y se establece que el país de origen tiene el deber de facilitar su reasentamiento, concederles los plenos derechos y privilegios de que gozan los nacionales del país, y someterlos a las mismas obligaciones.

Este término también se emplea frecuentemente para hacer referencia a la repatriación de enviados diplomáticos y funcionarios internacionales en tiempos de crisis internacional, así como de nacionales que quedan atrapados en una situación de crisis o desastre en el extranjero (véase: Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis, Directrices para la Protección de los Migrantes en Países Afectados por Conflictos o Desastres Naturales [2016]).

A diferencia del concepto de “residencia”, el término “domicilio” entraña generalmente la intención de la persona de establecer su hogar en el lugar en cuestión. Por consiguiente, una persona puede tener más de una residencia a la vez, pero un solo domicilio. No obstante, en ocasiones estos dos términos se utilizan como como sinónimos (A. Garner [ed.], Black’s Law Dictionary [10a edición, Westlaw, 2014]).

La condiciones de los residentes permanentes varían de un país a otro.

La restricción de libertad no es sinónimo de privación de libertad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que la diferencia entre la privación y la restricción de libertad es meramente de grado o intensidad, y no de naturaleza o sustancia (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guzzardi v. Italy, demanda Nº 7367/76 [6 de noviembre de 1980], párr. 92). En consecuencia, para determinar si alguien se ha visto ˋprivado de su libertadˊ, es preciso tener en cuenta que el punto de partida es su situación concreta, y que hay toda una serie de criterios por considerar, como el tipo, la duración, los efectos y la forma de aplicación de la medida en cuestión (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Amuur v. France, demanda Nº 19776/92 [25 de junio de 1996], párr. 42). Por ejemplo, se pueden imponer restricciones de circulación a un migrante dentro de la zona internacional de un aeropuerto; sin embargo, si se prolonga, tal restricción puede llegar a constituir una privación de libertad (ibíd., párr. 43).

La reubicación también figura entre las garantías contempladas en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en relación con los desplazamientos que se producen en situaciones distintas de los estados de excepción debidos a conflictos armados y catástrofes (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adición al informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos [11 de febrero de 1998], documento E/CN.4/1998/53/Add.2 de las Naciones Unidas, Principio 7, párr. 3 b)). En los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos también se dispone lo siguiente: “Las autoridades competentes tratarán de hacer intervenir a las personas afectadas, en particular las mujeres, en la planificación y gestión de su reasentamiento [reubicación]” (ibíd., Principio 7, párr. 3 d)).

En el contexto de la Unión Europea (UE), este término remite al traslado a) de refugiados o beneficiarios de protección subsidiaria, en el sentido de la Directiva 2011/95/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, desde un Estado miembro de la UE que les concedió protección subsidiaria hacia otro Estado miembro de la UE en el que recibirán una protección similar, y b) de personas que han solicitado protección internacional, desde el Estado miembro de la UE encargado de examinar su solicitud hacia otro Estado miembro de la UE donde dicha solicitud de protección internacional también será examinada.

Si bien en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos se utiliza el término “reasentamiento” (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adición al informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos [11 de febrero de 1998], documento E/CN.4/1998/53/Add.2 de las Naciones Unidas, sección V), el término “reubicación” se suele utilizar más a menudo para hacer referencia a una de las tres soluciones duraderas a los desplazamientos internos.

Este término se utiliza generalmente para designar las reubicaciones que se llevan a cabo dentro de las fronteras nacionales y bajo la autoridad de un Estado, y remite a un largo proceso que dura hasta que las personas reubicadas se integran en todos los aspectos de la vida del nuevo entorno y dejan de tener necesidades o presentar vulnerabilidades derivadas de la reubicación planificada (The Brookings Institution, Instituto de Estudios sobre la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Guidance on Protecting People From Disasters and Environmental Change Through Planned Relocation [Brookings, 2015], pág. 6).

La reubicación planificada debe tener por objetivo proteger a las personas de los riesgos y los efectos relacionados con los desastres naturales y la degradación ambiental, incluidas las consecuencias del cambio climático, y solo debe llevarse a cabo a nivel individual, familiar o comunitario como medida de último recurso (ibíd., pág. 5).

También se pueden dar situaciones excepcionales en las que se trasladan grupos de personas a otro Estado. Este suele ser el caso de los Estados insulares en vías de desaparición.

Los criterios para determinar si existe el riesgo de que una persona se fugue deben definirse por ley y no deben fundarse en motivos arbitrarios o discriminatorios. Tales criterios deben ser suficientemente específicos y claros, y deben evaluarse en cada caso particular. Asimismo, la persona concernida debe tener acceso a la justicia para impugnar cualquier restricción de su libertad que se fundamente en el riesgo de fuga (véase, entre otras fuentes: Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, asunto C. c. Australia [13 de noviembre de 2002], documento CCPR/C/76/D/900/1999 de las Naciones Unidas, párrs. 8.2 y 8.3).

La obligación de rescatar a las personas en situación de peligro en el mar se establece claramente tanto en los tratados internacionales como en el derecho internacional consuetudinario. Por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se establece lo siguiente: “Todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros: a) [p]reste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar; b) [s]e dirija a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro, en cuanto sepa que necesitan socorro y siempre que tenga una posibilidad razonable de hacerlo […]” (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar [aprobada el 10 de diciembre de 1982], art. 98, párr. 1). Los Estados ribereños deben fomentar la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz y cooperar para ello con los Estados vecinos (ibíd., art. 98, párr. 2).

En el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos también se dispone que las Partes en el Convenio deberán asegurarse de que se preste asistencia a cualquier persona en situación de peligro en el mar, independientemente de la nacionalidad o la situación de esa persona, o de las circunstancias en las que es hallada (Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos [aprobado el 27 de abril de 1979 y en vigor desde el 22 de junio de 1985], anexo 2.1.10).

La prohibición de someter a una persona a servidumbre se establece en diversos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, en concreto en el artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada el 10 de diciembre de 1948); el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976); el artículo 11 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003); y el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada el 13 de diciembre de 2006 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008). En los trabajos preparatorios del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la esclavitud y la servidumbre, se aclaró que, si bien la definición de ”esclavitud” estaba estrictamente delimitada, el término “servidumbre” podía considerarse aplicable a todas las formas concebibles de sometimiento y degradación de personas.

En la definición de “trata de personas” que figura en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, la servidumbre se menciona como una de las posibles formas de explotación (Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional [aprobado el 15 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 25 de diciembre de 2003], art. 3 a)).

En el contexto de la migración, la prerrogativa de un Estado para determinar la admisión y exclusión de extranjeros de su territorio, que se basa en su soberanía, está sujeta a las limitaciones impuestas por las obligaciones jurídicas internacionales dimanantes del derecho consuetudinario y de los tratados, como el principio de no devolución, los derechos humanos y algunas disposiciones establecidas en acuerdos bilaterales o regionales (por ejemplo, los acuerdos de libre circulación).

Las tarjetas de registro se expiden generalmente a personas con un lugar de residencia habitual determinado, independientemente de la nacionalidad de esas personas o de su situación de residencia oficial. Son ejemplos de tarjetas de registro las tarjetas de seguridad social, las tarjetas de estudiante, las tarjetas de jubilados, las tarjetas de registro tributario, etc. Estas tarjetas son utilizadas por determinadas autoridades locales para garantizar el acceso a servicios para todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, incluidos los migrantes irregulares. En el Pacto Mundial para la Migración se invita a los Estados a “[a] provechar las prácticas locales que facilitan la participación en a vida comunitaria, como la interacción con las autoridades y el acceso a los servicios pertinentes, expidiendo a todas las personas que vivan en un municipio, incluidos los migrantes, tarjetas de registro con datos personales básicos, aunque esas tarjetas no den derecho a obtener la ciudadanía ni la residencia” (Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular [aprobado el 19 de diciembre de 2018], documento A/RES/73/195 de las Naciones Unidas [11 de enero de 2019], anexo, objetivo 4, párr. 20 g)).

A fin de asegurarse de que la aplicación del concepto de “tercer país seguro” se ajuste a la letra y el espíritu de la Convención de 1951, los Estados deben tener en cuenta que el asilo no debe negarse únicamente en razón de que este podría solicitarse en otro Estado (Comité Ejecutivo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], conclusión Nº 15 (Refugiados sin país de asilo) [16 de octubre de 1979], párr. h) iv)). Además, para que la decisión de trasladar a un solicitante de asilo a un tercer país considerado seguro sea compatible con el derecho internacional de los refugiados y las normas de derechos humanos, es preciso que se cumplan varias salvaguardias. La aplicación del concepto de “tercer país seguro” hace necesario evaluar, antes del traslado, si el Estado en cuestión (re)admitirá a la persona interesada; si dará acceso a esa persona a un procedimiento imparcial y eficiente para determinar sus necesidades de protección internacional; si permitirá que esa persona permanezca en su territorio en espera de que se determine su condición; y si le reservará un trato acorde con la Convención de 1951 y las normas internacionales de derechos humanos, en particular la protección contra la devolución (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], Legal Considerations on the Return of Asylum seekers and Refugees from Greece to Turkey as Part of the EU-Turkey Cooperation in Tackling the Migration Crisis under the Safe Third Country and First Country of Asylum Concept [23 de marzo de 2016], pág. 2). Cuando una persona tiene derecho a protección internacional, también es preciso concederle un derecho de estancia legal y ofrecerle una solución duradera oportuna (ibíd.). Asimismo, cuando un Estado considera la posibilidad de aplicar el concepto de “tercer país seguro”, los solicitantes de asilo deben tener la posibilidad, en el marco del procedimiento, de ser oídos y de refutar cualquier presunción según la cual recibirían la protección y el trato pertinentes en otro Estado, sobre la base de sus circunstancias particulares (ibíd.).

De conformidad con el artículo 38, párrafo 1, de la Directiva 2013/32/EU del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (26 de junio de 2013 - DO L 180/60), los Estados miembros de la UE solo podrán aplicar el concepto de “tercer país seguro” cuando las autoridades competentes tengan la certeza de que el solicitante de protección internacional recibirá en el tercer país un trato conforme a los siguientes principios: “a) su vida o su libertad no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política; b) no hay riesgo de daños graves tal como se definen en la Directiva 2011/95/UE; c) se respeta el principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra; d) se respeta la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho de no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido en el Derecho internacional; e) existe la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra”.

Existen numerosas disposiciones internacionales por las que se prohíbe la tortura. Ejemplo de ello son el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada el 10 de diciembre de 1948); el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976); el artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (aprobada el 10 de diciembre de 1984 y en vigor desde el 26 de junio de 1987); el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (aprobado el 4 de noviembre de 1950 y en vigor desde el 3 de septiembre de 1953); el artículo 5, párrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada el 22 de noviembre de 1969 y en vigor desde el 18 de julio de 1978); el artículo 5 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (aprobada el 27 de junio de 1981 y en vigor desde el 21 de octubre de 1986); el artículo 8 de la Carta Árabe de Derechos Humanos (aprobada el 22 de mayo de 2004 y en vigor desde el 15 de marzo de 2008); y el principio 14 de la Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (aprobada el 18 de noviembre de 2012).

La prohibición de la tortura se considera generalmente como una norma imperativa del derecho internacional. También constituye la base del principio de no devolución, según el cual ninguna persona podrá ser devuelta a un Estado “cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura” (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [aprobada el 10 de diciembre de 1984 y en vigor desde el 26 de junio de 1987], art. 3).

A diferencia de la definición formulada en la Convención contra la Tortura, el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas no es una condición requerida para que se aplique la disposición pertinente del Convenio Europeo de Derechos Humanos (a saber, el artículo 3).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha aclarado que para que el artículo 3 del Convenio sea aplicable, es preciso alcanzar un grado mínimo de gravedad del trato. La evaluación de ese grado mínimo se hace en función de las particularidades de cada caso, teniendo en cuenta la duración del trato, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ireland v. the United Kingdom, demanda Nº 5310/71 [18 de enero de 1978], párr. 162). La distinción entre la tortura y los tratos inhumanos se basa tanto en la gravedad del sufrimiento (ibíd., párr. 167) como en la existencia de un propósito específico para el cual se inflige el sufrimiento (tal como se establece en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura). Sin embargo, la determinación del tipo de actos que equivalen a tortura puede evolucionar con el tiempo. En consecuencia, los actos tipificados anteriormente como “tratos inhumanos y degradantes” y no como “tortura” podrían tipificarse de manera distinta en el futuro (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Selmouni v. France, demanda Nº 25803/94 [28 de julio de 1999], párr. 102). Los criterios para que un acto se asimile a la tortura evolucionan en paralelo a las normas cada vez más estrictas de protección de los derechos humanos, que exigen mayor firmeza en la evaluación de las violaciones de los valores fundamentales de las sociedades democráticas (ibíd.).

Esta definición es indicativa de la estrecha relación entre el transnacionalismo y la globalización, que a su vez remite esencialmente a la rápida expansión de las transacciones y redes transfronterizas en todas las esferas de la vida. Al mismo tiempo, este concepto sugiere que los límites entre Estados naciones son cada vez menos distinguibles (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], Glossary of Migration Related Terms, disponible en www.unesco.org/shs/ migration/glossary (última consulta: 14 de abril de 2018).

En el artículo 3 del Protocolo contra la Trata de Personas también se dispone que “[e]l consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del […] artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado” (Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional [aprobado el 15 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 25 de diciembre de 2003], art. 3 b)).

La trata también puede tener lugar dentro de las fronteras de un Estado.

Según el DAES, “un visitante […] se clasifica como turista si su viaje incluye una pernoctación”, o como “visitante del día (o excursionista) en caso contrario” (DAES, Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo [2008], párr. 2.13).

La urbanización en general se atribuye a tres factores, a saber: el crecimiento demográfico natural, la migración desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas, y la progresiva extensión de los límites urbanos y la creación de nuevos centros urbanos. El término suele remitir a una amplia transición del medio rural al medio urbano, que entraña cambios en la población, el uso de la tierra, la actividad económica y la cultura (OIM, Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2015, págs. 17 y 222).

Los términos “víctima” y “superviviente” se utilizan generalmente de forma intercambiable. El término “víctima” se emplea a menudo en los ámbitos jurídico y médico, mientras que el término “superviviente” se considera preferible en las esferas de la psicología y la asistencia social, pues comprende la noción de resiliencia (Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], Gestión de programas contra la violencia de género en situaciones de emergencia - Guía complementaria de aprendizaje virtual [2012], pág. 8).

Los requisitos en materia de visados para viajar fuera de un país dependerán de los acuerdos concluidos entre el país del que el interesado sea nacional y los países de tránsito y de destino. Los tipos de visado expedidos varían de un Estado a otro, y pueden recibir diferentes denominaciones, pero generalmente comprenden el visado de estudiante, el visado de turista, el visado de trabajo, el visado de matrimonio, el visado de visitante, el visado de viaje de negocios y el visado médico.

A efectos estadísticos, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) define el término “visitante” de la siguiente manera: “Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado” (DAES, Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo [2008], párr. 2.9).

Desde un punto de vista conceptual, la vulnerabilidad entraña la exposición a algún tipo de daño. Existen distintas formas de daño, por lo que este término se emplea de diferentes maneras en diversos ámbitos (por ejemplo, vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria; vulnerabilidad a los peligros; vulnerabilidad a los daños, la violencia y los abusos; y vulnerabilidad a las violaciones de derechos).

La vulnerabilidad es el resultado de la confluencia y coexistencia de una serie de factores personales, sociales, situacionales y estructurales. Por ejemplo, en las comunidades afectadas por crisis o desastres, las personas o grupos de personas pueden presentar diversos grados de vulnerabilidad, en función de su exposición a determinados peligros o al riesgo de negligencia, discriminación, abuso y explotación. El nivel de exposición depende de la interacción de distintos factores: las características sociodemográficas de los migrantes, las poblaciones desplazadas y las comunidades afectadas, sus capacidades (incluidos los conocimientos, las redes, el acceso a los recursos, el acceso a la información, las alertas tempranas, etc.), su ubicación (campamentos, asentamientos espontáneos, centros de tránsito en la frontera, etc.), y los factores generados por las situaciones de crisis que les afectan (tales como la separación, la pérdida y la falta de recursos y oportunidades, la discriminación en el acceso a medios de asistencia, etc.) (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], Nota de orientación sobre la incorporación de una perspectiva de protección en las respuestas de la OIM a las situaciones de crisis [2016], instrucción IN/232, párr. 11).

En la Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia se reconoce que “la xenofobia contra los no nacionales, en particular los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, constituye una de las principales fuentes del racismo contemporáneo, y que las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los miembros de esos grupos se producen ampliamente en el contexto de prácticas discriminatorias, xenófobas y racistas” (Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia [Declaración de Durban, 2016], párr. 16).